LA ROSA ROJA /
Con el propósito de reivindicar la lucha campesina a partir de la ejecución de una reforma agraria integral con acento democrático, el presidente Gustavo Petro suscribió en la población tolimense de Chicoral, el pasado sábado 22 de febrero, ‘Pacto por la Tierra y la Vida’.
Con este acuerdo con el campesinado y las poblaciones ancestrales como los afro e indígenas, el Gobierno nacional pretende doblar página respecto de ese capítulo funesto de la historia agraria de Colombia que fue el Pacto de Chicoral en virtud del cual las élites del corrupto y decadente bipartidismo del malhadado Frente Nacional junto a los terratenientes frenaron en seco el desarrollo de titulación de tierras, traicionando y pisoteando la lucha campesina.
Bofetada del Gobierno de Pastrana Borrero
Hace más de medio siglo, el 9 de enero de 1972, las élites económicas y las cúpulas de los decadentes partidos políticos tradicionales se reunieron en el municipio tolimense de Chicoral, en un cónclave de tinte oligárquico promovido por el espurio Gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero (1970-74) que llegó al poder mediante fraude electoral, “e iniciaron la masacre contra el movimiento campesino y a favor de la gran propiedad de la tierra, y de las mafias”, como bien lo ha señalado el presidente Gustavo Petro.
Pastrana Borrero se sirvió del Pacto de Chicoral para reorientar la política agraria del antidemocrático experimento conocido como “Frente Nacional” en favor de los terratenientes y la especulación de la propiedad agraria.
Este acuerdo de élites está instalado en la historia del movimiento campesino como el referente de la ofensiva de la oligarquía colombiana para impedir el avance de la reforma agraria, por cuanto en virtud de lo convenido en ese entonces se frenó el proceso de titulación de tierras condenando a las comunidades rurales a la pauperización de sus condiciones de vida. Ello, no solo significó la traición del Estado a la población campesina, sino que profundizó la brecha de desigualdad y perpetuó las injusticias estructurales que siguen afectando al sector rural.
El Pacto de Chicoral instauró también la violencia como herramienta para reprimir las luchas del movimiento campesino. La respuesta del Estado ante la legítima exigencia de acceso a la tierra fueron detenciones masivas y asesinatos selectivos. La represión limitó gravemente las opciones de resistencia para el campesinado, que se vio forzado a defender su vida frente a un Estado que lo consideraba “enemigo”.
Además, como lo ha anotado el presidente Petro, el Gobierno conservador de Pastrana Borrero con esta miope actuación, abrió las compuertas para que un amplio sector campesino optara por la siembra de cultivos sicotrópicos como única alternativa de supervivencia y diera rienda suelta así al narcotráfico en Colombia.
Pero no se puede entender la dimensión que tuvo la firma del Pacto de Chicoral si no se conoce del movimiento campesino previo que se estaba gestando con demandas sobre la propiedad de la tierra, específicamente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que se creó en 1967 durante la administración de Carlos Lleras Restrepo.
La ANUC se articuló alrededor de una propuesta de “reforma agraria integral y democrática” que, como se lee en sus documentos fundacionales, buscaba que “se entregue rápidamente la tierra en forma gratuita a quienes la trabajan o quieran trabajarla; preferencialmente para adelantar programas cooperativos de producción agropecuaria o empresas comunitarias campesinas; que acabe radical y definitivamente con el latifundio; mejore sustancialmente la producción; eleve el nivel de vida campesino; liquide la desocupación, la miseria, la inseguridad, la falta de atención médica y el analfabetismo en el campo”.
El discurso demagógico de Pastrana Borrero
En el siguiente video se puede observar la satisfacción y escuchar la justificación demagógica de Pastrana Borrero por haber concretado el Pacto de Chicoral con el que se paró en seco el proceso de reforma agraria.
Un gran retroceso
En opinión del economista canadiense y ‘colombianólogo’ Albert Berry lo ocurrido con la reforma agraria durante el malhadado acuerdo bipartidista del Frente Nacional constituyó un granos, el Ejército, y en cada ámbito de la vida pública y privada de los ciudadanos israelíes.
En ese país, padres, maestros, líderes religiosos, dirigentes políticos y figuras de la cultura y el espectáculo enseñan a los niños a mirar a la población árabe como subhumana, a sentirse parte de una raza superior y a creer que sus creencias religiosas son base suficiente para legitimar el robo de tierras iniciado en 1948 y que no se ha detenido desde entonces.
Son, también, el resultado de saberse absolutamente impunes, de que ninguno de sus crímenes será juzgado o siquiera señalado ni dentro del país ni en Occidente. Los Juegos Olímpicos celebrados en París exhibieron al mundo la monumental hipocresía del veto a los atletas rusos por la invasión de su país a Ucrania, mientras los israelíes no tuvieron inconveniente para competir en los mismos momentos en que Tel Aviv lanzaba bombas sobre mujeres, niños y hombres inermes.
No sólo no se ha impuesto una sola sanción pese a estar comprobado que la limpieza étnica es una política de Estado, sino que en Occidente se arresta o se veta a quien proteste contra la masacre del pueblo palestino.
Lamentablemente, puede que Smotrich se equivoque y que la comunidad internacional esté dispuesta a mirar hacia otro lado si ejecuta su solución final. Así lo sugiere el hecho de que la Casa Blanca aprobó una nueva venta de armamento a Israel por más de 20 mil millones de dólares menos de una semana después de que el Ministro pronunció sus deseos genocidas.
Pase lo que pase a partir de ahora, el régimen de Netanyahu y las Fuerzas Armadas de Israel son ya los mayores criminales de guerra de este siglo, y Washington, Bruselas (sede de la Unión Europea) y sus aliados jamás podrán sacudirse la ignominia de haber apoyado el descenso a la barbarie.
La Jornada, México.
