POR OMAR ROMERO DÍAZ /
En Colombia, la corrupción no es solo una serie de actos aislados. Es un entramado, un tejido bien urdido de favores, dinero sucio y pactos de impunidad. Lo que ocurre en Barranquilla con el Clan Char y su círculo de operadores políticos y financieros no es distinto de lo que hemos visto en otros episodios de corrupción en el país. Pero aquí hay un agravante: el poder absoluto. Un poder que se extiende a la política, los medios de comunicación, la banca y hasta el deporte, logrando una red de control que deja a la ciudadanía sin alternativas y a la justicia en un letargo cómplice.
La historia que nos atañe hoy involucra a Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla, y a su operador de confianza Héctor Amaris, apodado ‘El Oso Yogui’. Ambos aparecen en un escándalo de corrupción que, a pesar de estar documentado desde hace años, sigue empantanado en la burocracia judicial, archivado en los cajones de la Fiscalía, a la espera de que la indignación pública pierda fuerza o que el tiempo diluya las pruebas.
El Clan Char y su red de poder
Los Char no son cualquier familia en Colombia. Son dueños de más de 10 empresas en sectores estratégicos: supermercados y farmacias (Olímpica), medios de comunicación (Olímpica Estéreo), el fútbol (Junior de Barranquilla) y la banca (Serfinanza). Controlan una parte significativa de la vida económica y mediática de la costa Caribe, lo que les ha permitido consolidar un poder casi feudal sobre la región.
Este poder, como bien documentó la periodista Laura Ardila en ‘La Costa Nostra’, no se ha construido solo con eficiencia empresarial o liderazgo político, sino con una maquinaria de corrupción y manipulación electoral. El Clan Char administra un feudo, donde los favores políticos se pagan con contratos y donde los enemigos son silenciados o asfixiados económicamente.
Coimas, fraude electoral y lavado de dinero
El caso que nos ocupa es solo una pieza del rompecabezas. En 2017, una denuncia acusó a Alejandro Char de recibir una coima de 2.300 millones de pesos por un contrato para un tanque de agua en Barranquilla. La estructura del soborno era clara:
El empresario Carlos Bengal Pérez debía entregar el 10 % del valor del contrato a funcionarios del distrito.
Héctor Amaris, el ‘Oso Yogui’, actuaba como recaudador de los sobornos.
Jorge Padilla, secretario jurídico de la Alcaldía, también recibía su parte.
Contratos inflados y adiciones presupuestarias permitían seguir desviando dinero público.
Las pruebas están en los chats, en los documentos financieros, en la trazabilidad del dinero. Y, sin embargo, la Fiscalía ha preferido mirar hacia otro lado.
Pero esto no se queda solo en contratos amañados. La red de corrupción del Clan Char ha sido clave en la compra de votos y la manipulación electoral. Aída Merlano, excongresista conservadora condenada por corrupción, lo denunció sin tapujos: la familia Char ha financiado su poder político con dinero ilícito, usando empresas de fachada y operadores como Amaris para lavar los recursos obtenidos de contratos públicos y fraudes electorales.
¿Complicidad o miedo?
El mayor escándalo de todos no es lo que se ha descubierto, sino lo que no se ha hecho con esta información. La denuncia contra Alejandro Char y su red de corrupción lleva archivada desde 2017. Solo en 2020, cuando la periodista María Jimena Duzán sacó el tema a la luz, se reactivó el debate. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? Nada.
La Fiscalía, dirigida por funcionarios con evidentes vínculos políticos, ha dejado este caso en la impunidad. No hay avances significativos, no hay órdenes de captura, no hay sanciones reales. La pregunta es: ¿por qué?
Cualquiera que sea la respuesta, el pueblo colombiano debe exigir justicia.
El silencio es complicidad. Es hora de que la justicia actúe y que el pueblo colombiano no permita que otro escándalo más se pierda en la impunidad. ¡La corrupción no puede seguir siendo el modelo de gobierno en Colombia!
