POR ARMANDO PALAU ALDANA
Ante la perversa y previa maniobra de la mayoría simple de los senadores de la Comisión Séptima (alfiles de la recalcitrante derecha y del oculto establishment), que archivaron y hundieron la reforma laboral que salía avante de la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro se jugó una carambola a la banda anunciando la consulta popular y abrió discusión en distintos sectores y actores de la política nacional, como tema de primer orden.
Disertamos entonces, sobre esta convocatoria de una consulta popular para decidir sobre las reformas del marco legal de la salud y el estatuto del trabajo, como mecanismo constitucional de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, que faculta al Presidente de la República, previo concepto favorable del Senado, consultar al constituyente primario sobre estas y otras decisiones de trascendencia nacional.
Celebramos esta convocatoria, porque a través de ella, no obstante los obstáculos institucionales como la previa aprobación en el Senado, cuya superación estará a cargo del habilidoso y marrullero Ministro del Interior, además del reto de lograr una votación de 13 y medio millones de votantes, exigimos al Gobierno nacional que sea serio, incluyendo temas ambientales en la consulta, como la oposición a la Base Militar en Isla Gorgona.
Además, sería razonable incluir en el cuestionario de la consulta, el restablecimiento de la exclusiva soberanía en la toma de las decisiones ambientales, restringido por la Ley 99 de 1993 al determinar que las audiencias públicas sobre licencias no son instancias de deliberación ni de decisión, dejando en manos de una corroída Agencia Nacional de Licencias el deterioro de nuestra madre natura y sus frágiles recursos naturales.
Exigimos que éstas dos preguntas fundamentales sean incluidas en el cuestionario presidencial, pues corresponden a decisiones de trascendencia nacional que debe tomar el pueblo colombiano, ante el menoscabo del Parque Natural Gorgona como riqueza de especial importancia ecológica, cuya biodiversidad e integridad debe proteger y conservar el Estado, para prevenir el deterioro ambiental que está causando.
Dicho megabiodiverso, como otros tantos, son lesionados mediante licencias ambientales en donde la oposición de las comunidades en las audiencias públicas no cuenta, porque así lo confeccionaron desde un Congreso despojado de toda legitimidad, que mediante la expedición de más leyes usurpa la soberanía popular y niega el acceso a la administración de justicia en grave crisis institucional y la precariedad de sus sentencias.
Si la consulta popular logra despabilarse con una fuerte opinión ciudadana, cualesquiera que sean los guarismos, será un ejercicio popular que permitirá saber del rumbo de nuestra matria, porque medirá de alguna forma las expectativas de la población colombiana, manipulada en jornadas electorales en las que, con el dinero de las grandes corporaciones bancarias, empresariales y aparatos electorales acceden y roban al erario.
Es una oportunidad en esta quimera de luchar por el bienestar general, corroído por malandros politiqueros de todos los bandos, a quienes les cantó Santos Discépolo Cambalache (1934): “¡Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor!… / ¡Ignorante, sabio o chorro, / generoso o estafador! / ¡Todo es igual! / ¡Nada es mejor! / ¡Lo mismo un burro / que un gran profesor! / No hay aplazaos / ni escalafón, / los inmorales / nos han igualao. / Si uno vive en la impostura / y otro roba en su ambición, / ¡da lo mismo que sea cura, / colchonero, rey de bastos, / caradura o polizón!…”.
