RESUMEN NOTICIOSO /
La jornada electoral del pasado domingo 13 de abril en Ecuador, llena de irregularidades y abusos tanto del presidente-candidato Daniel Noboa Azín como de su aliado el nada transparente Consejo Nacional Electoral (CNE), cooptado por el mandatario a base de cuotas burocráticas, fue la coronación de un modelo autoritario y desconocedor del Estado de Derecho. Este día no solo fueron convocados los ecuatorianos a votar sino que se asistió a una puesta en escena donde las reglas fueron sistemáticamente torcidas para garantizar la victoria de la derecha que es la que ostenta el poder en este pequeño país suramericano.
Se materializó así un grotesco fraude electoral con estado de excepción y represión, mediante. Ese es el cóctel de la deslegitimada derecha en Ecuador
Según el viciado escrutinio presentado por el CNE, Noboa Azín ha sido reelegido presidente con un 56 % de los votos frente al 44 % de Luisa González Alcívar. Pero su victoria no fue electoral: fue institucional, mediática y represiva.
Según esos números y como bien lo señaló el expresidente Rafael Correa, la candidata de la Revolución Ciudadana sacó los mimos votos que en la primera vuelta, no logró crecer electoralmente, pese a que todas las firmas encuestadoras y los resultados a boca de urna la daban como virtual ganadora de la contienda comicial.
Abuso y extralimitación de poder
Noboa, un insulso mandatario, perteneciente a la familia más potentada del Ecuador, cuya gestión gubernamental ha sido un completo fracaso, usó el Estado como herramienta de campaña: decretó estado de excepción en siete provincias, impuso toques de queda, militarizó las calles y sembró miedo justo antes de las elecciones. ¿Su objetivo? Desmovilizar al electorado popular.
Con el fraude perpetrado la juventud es la gran damnificada: desempleo, precariedad, criminalización. En definitiva, en Ecuador ganó la derecha, pero perdió la democracia.
El magnate bananero Daniel Noboa, heredero del imperio bananero más poderoso de Ecuador y rostro de la derecha neoliberal, ha sido reelegido Presidente, según el 95% de las actas escrutadas, la diferencia ronda los 12 puntos. La victoria se presenta como arrolladora, pero lo que hay detrás es una maquinaria estatal desplegada para aplastar a la oposición, coartar derechos y blindar el continuismo de un proyecto político profundamente clasista, elitista y represivo.
Noboa no se limitó a hacer campaña. Utilizó el poder ejecutivo para condicionar el resultado, decretando un estado de excepción en siete de las 24 provincias del país y en Quito, justo antes de las elecciones. El toque de queda nocturno, el despliegue de Fuerzas Armadas y la intimidación en los barrios populares no fueron hechos aislados: hicieron parte de una estrategia premeditada para desmovilizar al electorado progresista. Lo denunció González desde el principio y lo repitió con firmeza tras conocerse los resultados: “El abuso del poder nunca pidió licencia, usó al Consejo Nacional Electoral para atropellar la democracia”.
Resistencia
Luisa González al analizar detalladamente los resultados dijo que los mismos están viciados y desconoció el “triunfo” de Noboa. El conteo, según la candidata de Revolución Ciudadana, está viciado. Y no es un delirio: la desconfianza hacia el CNE ha crecido en los últimos años por su falta de transparencia y su sumisión al poder económico y político. González exige abrir las urnas, pero se enfrenta a un aparato que ya se presenta como ganador sin admitir objeciones.
La incertidumbre gana terreno en Ecuador. Mientras Noboa se proclama vencedor y busca continuar con un proyecto político que ha desmantelado al país, González denuncia un “fraude grotesco” y llama a la resistencia para defender la voluntad popular en las calles. La tensión crece en un país profundamente polarizado, donde las instituciones electorales han perdido credibilidad y el poder se disputa no solo en las urnas, sino también en el terreno social.
La posibilidad de movilizaciones masivas, impugnaciones e incluso una escalada del conflicto no está descartada. En un contexto de militarización, manipulación mediática y digital, y una profunda crisis de confianza, Ecuador se adentra en un nuevo y complejo capítulo de su historia política, uno que pondrá a prueba tanto la resistencia de su frágil y deslegitimado sistema político como la fuerza de su lucha social.
Correísmo perseguido, derecha blindada
Desde su residencia de lujo en Olón, en la provincia de Santa Elena, cercana a Guayaquil, sin ni siquiera atreverse a salir a la calle, Noboa lanzó un discurso carente de entusiasmo y sin pueblo. Gobernará hasta 2029 sin haber recibido el calor popular en la noche de su victoria, y habiendo sembrado dudas legítimas sobre la limpieza del proceso electoral.
La elección no ha sido libre ni justa. Se celebró en un clima de miedo, militarización y persecución ideológica. Noboa supo instrumentalizar el terror cotidiano provocado por el narcotráfico —en parte, consecuencia directa de las políticas neoliberales de desmantelamiento del Estado— y dirigirlo contra el correísmo. La muletilla “Ecuazuela” sirvió para demonizar a su adversaria, aunque la realidad es que Ecuador es hoy el país más violento de América Latina. El Presidente no ha frenado esa violencia: la ha usado para perpetuarse.
El relato impuesto por los medios afines al poder económico repite el mantra de la “corrupción correísta” mientras ignora los vínculos del propio Noboa con las élites que saquean el país desde hace décadas. Álvaro Noboa, su padre, sigue siendo el hombre más rico de Ecuador. Y su hijo gobierna como alto directivo de una empresa llamada “Ecuador S.A.”, blindando privilegios y recortando derechos. Es decir, convirtió al país en una “banana republic”.
La juventud, el colectivo más golpeado por la precariedad, el desempleo y la falta de oportunidades, ha sido la diana preferida del populismo punitivo de Noboa. Miles de jóvenes ven cómo se cierran puertas mientras se llenan las cárceles; cómo se recorta en educación mientras se multiplican los operativos policiales. Pero en un país devastado por el miedo y la desesperanza, el discurso de la mano dura sigue calando. Y el correísmo, lastrado por el exilio forzado de su líder, el expresidente Rafael Correa Delgado y su desgaste político, no logra recomponer una mayoría social lo suficientemente cohesionada.
Luisa González tuvo dificultades para seducir al voto indígena, que representó un 5 % en la primera vuelta electoral de febrero. La desmovilización de algunos sectores sociales y la criminalización sistemática de la izquierda han hecho el resto. La derecha sabe jugar sus cartas. La izquierda, entre la resistencia y la fractura, tiene ante sí el reto de reorganizarse sin renunciar a su programa.
Las encuestas la daban como ganadora y en el peor de los casos algunas pronosticaban empate técnico, pero la derecha sabía lo que hacía. La demonización del correísmo, azuzada por los medios, surtió efecto. Como en tantos otros países de América Latina, la estrategia no es nueva: fabricar un enemigo interno, criminalizarlo, asfixiarlo desde las instituciones y presentarse como el mal menor.
Mientras tanto, la realidad es que Ecuador sigue sumido en una crisis estructural que ni Noboa ni su círculo empresarial están dispuestos a enfrentar con justicia social. Su modelo no redistribuye: concentra. No protege: reprime. No construye futuro: lo privatiza.
La jornada estuvo marcada por fuertes tensiones políticas y una vigilancia militar preocupante, elementos que han alertado sobre la salud democrática del país.
Estricto control militar
En medio de un contexto de estado de excepción, el proceso electoral se desarrolló bajo estricto control policial-militar, con el despliegue de cerca de 100 mil elementos en los centros de votación.
Ecuador tiene un padrón electoral de más de 13 millones. El voto es obligatorio para personas entre 18 y 64 años, y opcional para adolescentes de 16 y 17, adultos mayores y personal de seguridad en funciones.
Desde la semana pasada, distintas acusaciones se presentarom en contra del Gobierno de Daniel Noboa. A la cuestionada composición del CNE y las violaciones a la ley —incluyendo la omisión de delegar el poder presidencial y de pedir licencia—, se suman los escándalos que salpican a la fiscal, Diana Salazar, y las nuevas revelaciones sobre el encubrimiento del asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
El sábado 12, apenas horas antes del balotaje, el Gobierno declaró estado de excepción constitucional en Quito, siete provincias y centros penitenciarios del país. La medida, bajo el argumento de combatir la inseguridad, incluyó el cierre de fronteras, la restricción al tránsito, el levantamiento de la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de reuniones. La Asamblea Nacional (órgano legislativo) emitió un comunicado rechazando la medida, al considerar que atentaba contra el normal desarrollo del proceso democrático.
Ese día circuló una imagen en redes sociales que generó preocupación: militares cercando el edificio del CNE. El despliegue fue interpretado como un gesto intimidatorio en vísperas de los comicios.
La historia no ha terminado. Luisa González ha anunciado movilizaciones, exigencia de recuento y resistencia callejera. Pero el panorama es oscuro: cuando la democracia se convierte en espectáculo controlado por las élites, las urnas ya no son garantía de nada.
Reacciones
“Nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. ¿Cómo puede ser posible que 11 encuestadoras se equivocaran?”, cuestionó González en una rueda de prensa ofrecida la noche del domingo 13 de abril.
Al denunciar fraude electoral, pidió reconteo de los votos y exigió que se abran las urnas. «Ecuador está enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia», enfatizó.
Reiteró que existen serias inconsistencias en el conteo y llamó a sus simpatizantes a mantenerse vigilantes. Además, anunció que su equipo legal ya se encuentra preparando las solicitudes formales para impugnar los resultados ante las autoridades electorales.
La tensión postelectoral se suma al clima de profunda polarización política que vive Ecuador, y se espera que en los próximos días haya movilizaciones por parte de sectores afines a la excandidata.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa desde México reaccionó con un mensaje en su cuenta social X en los siguientes términos:
También el partido Revolución Ciudadana expidió la siguiente declaración pública:
