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La Procuraduría General de la Nación, bajo el liderazgo de Gregorio Eljach, revocó la sanción disciplinaria impuesta al defensor de derechos humanos y exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. Esta decisión no solo borra una mancha de persecución política, sino que también expone los abusos cometidos por la administración anterior bajo responsabilidad de la cuestionada uribista Margarita Cabello.
El auto emitido por Eljach señala que no se encontró evidencia suficiente de que Pérez hubiera actuado por fuera de sus funciones. La medida contra Pérez se había originado a raíz de una investigación disciplinaria en la que se cuestionó su actuación frente al proceso de selección de directivos y agentes interventores de varias Cajas de Compensación Familiar.
La decisión la tomó el jefe del Ministerio Público a través de un auto de revocatoria directa.
Durante años, Pérez Casas denunció las mafias que operan dentro de las Cajas de Compensación Familiar y fue castigado por ello. Hoy, el fallo que lo rehabilita también lanza una advertencia: el poder no puede seguir siendo un arma para silenciar la verdad.
En el siguiente video se analizan a fondo los hechos, las implicaciones legales y políticas, y plantea una pregunta incómoda: ¿quién responde por el uso arbitrario del poder disciplinario en Colombia?
