POR OCTAVIO QUINTERO
Obligados a escoger entre dos únicas opciones malas, decantarse por la que genere el daño menor, deviene en ser el mayor bien posible.
Recientemente, el cuestionado exministro uribista Fernando Londoño Hoyos, pidió desde su programa radial la renuncia del presidente Iván Duque. A solo 14 meses de terminar su mandato, provocar un despelote político-institucional del tal magnitud, no solo es irracional, sino sospechoso. La ultraderecha, y Londoño Hoyos es aquí su intelectual más preclaro, nunca da puntada sin dedal.
No tengo bola de cristal para anticipar con certeza de arúspice cuál será el fin de la explosión social que registra Colombia, provocada por la inoportuna propuesta de una reforma tributaria hincada en una declinante clase media y pauperizada población de menores recursos en medio de una pandemia. Pero el sentido común barrunta sobre lógicas dilatorias que muestran la falta de voluntad política del Gobierno-Duque para superar la crisis:
- En medio del incendio social, el Presidente pide a la contraparte (Comité del Paro Nacional) el fin de los bloqueos para sentarse a negociar, –y “negociar” es un término que acepta después de casi dos años de aferrarse a un simple “diálogo” sin compromiso.
- Darle tratamiento de guerra a una desesperada protesta de la gente que no busca su derrocamiento, sino su reivindicación social.
- Despojar a los mandatarios locales de toda autonomía de arreglo social, como en el caso de Buenaventura que, además, desautoriza al mismísimo Alto Comisionado de Paz.
- Otro baldado de gasolina al incendio está a punto de aprobar el Congreso dándole funciones de juez a la Procuraduría con el fin de que pueda destituir funcionarios de elección popular contraviniendo el Pacto de San José (art. 23) que invocó la CIDH al proteger a Gustavo Petro contra la destitución del entonces procurador Alejandro Ordóñez en 2013.
… Sobre estos y otros muchos actos de provocación a las enardecidas masas, ¿qué puede pensar uno?:
Que, si no hay voluntad política de superar la crisis, es porque hay intereses políticos de fondo en dilatarla. Aunque sea un acto de acrobacia mortal, queda de bulto que para los ultras-, siempre el fin justifica los medios.
El mismo sentido común nos lleva a pensar que si el Paro Nacional tuviera olfato político, bien le vendría ahora el pragmatismo en las negociaciones, mientras se consumen escasos 12 meses y se llega a la próxima elección presidencial. Y si verdaderamente la gente quiere un cambio social de fondo, dirimir las diferencias con el contrario en las urnas, es el camino más corto para salir de la crisis.
Pero (siempre hay un pero) este estallido social no parece tener un hilo político, no al menos en su dirigencia, sino económico: “es la economía estúpido”, le dirían a Duque desde Estados Unidos. Pero (otro más), la economía de bolsillo, no la de Wall Street.
Conclusiones
- Si la alteración del orden público es un propósito de autogolpe de Estado (ya insinuado en el decreto 575 de asistencia militar en 7 territorios departamentales y 13 ciudades), no habrá consenso a la vista.
- Si se busca la reivindicación social como salida de la crisis, hay tantos caminos como propuestas en ese sentido han hecho las organizaciones involucradas en el Paro, y hasta los mismos gremios económicos adictos al Gobierno, encabezados por la ANDI.
Fin de folio: Si la mayoría pierde sus derechos, la minoría solo puede mantener los suyos a través del abuso.
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