POR OMAR ROMERO DÍAZ /
El pasado jueves 1° de mayo de 2025, Colombia no solo conmemoró el Día Internacional del Trabajo. Colombia se alzó. Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y decenas de municipios y veredas, en lo que fue, sin lugar a dudas, la movilización social más grande de nuestra historia reciente. Un pueblo multicolor —obreros, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, campesinos, artistas y trabajadores informales se echó al hombro la bandera de la dignidad y le habló al poder: “si ustedes no legislan para nosotros, lo haremos nosotros”.
El detonante inmediato fue la reforma laboral archivada por la Comisión Séptima del Senado, pero lo que realmente explotó fue el cansancio histórico. El pueblo, ese que siempre fue retratado como “pasivo”, tomó la palabra. Y en el corazón de la Plaza de Bolívar, con la espada del Libertador presente como símbolo, el presidente Gustavo Petro leyó una por una las preguntas de la Consulta Popular, una herramienta democrática que busca que sea el pueblo quien decida sobre el futuro del trabajo digno, la formalización, la estabilidad, y los derechos sociales negados durante décadas.
Desde una mirada dialéctica, no estamos ante un simple enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Estamos ante una disputa profunda entre dos visiones de país: una que defiende el privilegio, el poder económico concentrado y la tercerización como norma; y otra que, con errores y aciertos, apuesta por la democratización del poder, del salario justo, de la voz popular.
Las marchas de este 1 de Mayo no fueron meros desfiles sindicales: fueron una interpelación colectiva al Congreso y a la oligarquía que se niegan a ceder un milímetro frente a la dignidad de quienes sostienen la nación con su trabajo diario.
La narrativa oficialista puede ser incómoda para algunos, pero es innegable que ha logrado tocar una fibra popular real. Petro, al decir que “el jefe ahora es el pueblo”, no solo hace un gesto simbólico; pone en el centro del debate la legitimidad democrática que se expresa en las calles tanto como en las urnas. Y el mensaje fue contundente: si el Congreso bloquea el cambio, el pueblo se lo cobrará en las elecciones del 2026.
No se trata solo de las 12 preguntas. Se trata de un proceso de politización popular, donde la gente común empieza a apropiarse del lenguaje político, de los mecanismos institucionales, de la posibilidad de decidir sobre sus vidas. Esa es la verdadera amenaza para la oligarquía. Porque cuando el pueblo se organiza y comprende que puede gobernar, ya no hay vuelta atrás.
¿Estamos ante una revolución democrática en ciernes? Tal vez. Lo cierto es que el 1° de Mayo de 2025 marcó un punto de inflexión: el momento en que el pueblo colombiano, históricamente condenado a la soledad política, decidió terminar con esos cien años de abandono y reclamar su lugar en la historia. La democracia no se mendiga; se construye con el paso firme de las mayorías que ya no temen marchar.
