POR OMAR ROMERO DÍAZ /
En un país donde el 1 % más rico concentraba en 2018 el 81% de la tierra agraria, el otro 99 % sobrevivía con apenas el 19% restante. Esa desigualdad, sostenida por décadas de violencia, desplazamiento y abandono estatal, no fue un accidente: fue política de Estado de gobiernos anteriores caso Agro Ingreso Seguro para los ricos.
Durante años, el campo colombiano fue tratado como una zona de sacrificio: sin vías, sin salud, sin educación, sin garantías. La oligarquía concentró tierras a sangre y fuego mientras el campesinado fue reducido al olvido. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, eso está cambiando. Y está cambiando en serio.
Una reforma agraria en marcha
En solo tres años, el Gobierno del Cambio ha entregado 562.000 hectáreas de tierra fértil al campesinado colombiano. Esto no es una cifra menor: representa 43 veces más de lo que hizo el gobierno anterior. Además, ha titulado más de 1.5 millones de hectáreas a campesinos y pueblos étnicos, una extensión que equivale a nueve veces el área de la ciudad de Bogotá.
Pero no se trata solo de repartir tierra: también se trata de hacer posible la vida en el campo. Gracias al programa Campesina del SENA, miles de familias campesinas hoy acceden a formación técnica, financiación para emprendimientos, asesorías productivas y, por fin, certificación oficial de sus saberes y oficios tradicionales.
Estas acciones no son asistencialismo: son reparación histórica. Como resultado, 524.000 personas han salido de la pobreza rural en un solo año. Sí, medio millón de vidas transformadas en silencio, mientras los titulares hablan de otra cosa.
No es caridad: es justicia estructural
La tierra ha sido el centro de la guerra en Colombia. No por su valor sentimental, sino por su valor económico y político. Las oligarquías han hecho del acaparamiento de tierras una estrategia de poder: mientras más tierra, más control. Por eso, toda política que busque democratizar su acceso choca frontalmente con los intereses más poderosos del país.
Lo que está haciendo el Gobierno del Cambio que lidera el presidente Gustavo Petro no es una concesión, es una decisión política de fondo: construir paz con justicia social, desde la raíz. Significa entender que el campesino no es un problema a resolver, sino una solución a fortalecer. Significa pasar de un modelo de exclusión rural a uno de soberanía alimentaria y dignidad campesina.
¿Por qué este cambio no es noticia?
La prensa tradicional guarda silencio. ¿Por qué? Porque estos avances desarman el relato dominante de que “todo sigue igual” o de que “no se gobierna”. Lo que no quieren contar es que hoy se está reparando lo que por décadas se destruyó. Lo que no quieren reconocer es que el campo ya no está solo.
Mientras algunos insisten en pintar de caos el presente, la realidad muestra que sí es posible transformar las estructuras de desigualdad. Pero hay algo que no podemos olvidar: este proceso apenas comienza. Lo que se ha logrado puede revertirse si no se defiende, si no se acompaña, si no se vota de manera coherente con este proyecto de país.
Defender el campo es defender el futuro
A propósito del Día Nacional del Campesinado, el pasado 2 de junio, este artículo no busca romantizar el campo ni victimizar al campesino. Busca recordar que, sin el campo, la ciudad no come. Que, si el campesinado no produce, la economía se desploma. Y que dignificar al campesino es una condición para construir una Colombia viable.
Por eso, el llamado es claro:
Sí al campesino.
Sí a la reforma agraria.
Sí al Gobierno del Cambio.
Porque cuando la tierra cambia de manos, también cambia la historia.
