POR OCTAVIO QUINTERO /
El debate de los pasaportes es la mera fachada del sistema electoral colombiano controlado por manos privadas, nacionales y extranjeras, cuyos hilos maneja la misma élite política y económica que manipula todo el establishment, contra el que se debate el presidente Gustavo Petro, como el Quijote frente a los molinos de viento. La transparencia electoral que propende va tomando ribetes mediáticos del bizantino debate a la salud, blindado por las EPS (mutatis mutandis, EPS por TG&S).
Lo que ha empezado a destaparse en la subcontratación entre Idemia y Thomas Greg & Son (TG&S), en la producción de cédulas, es una red internacional que controla procesos clave para el Estado. Lo que emerge de la desconfianza manifiesta del presidente Petro sobre la transparencia del sistema electoral vigente es una arquitectura de tercerización donde TG&S, empresa con profundas raíces en el establishment colombiano, lidera consorcios que incluyen empresas del mismo grupo económico, lo que le permite absorber funciones que podrían haber sido ejecutadas directamente por Idemia. Es decir, la empresa francesa, experta en biometría e identidad digital, no subcontrata a TG&S por necesidad técnica, sino motivada en que la operación recaiga en TG&S. Esto no solo perpetúa la privatización del derecho fundamental al habeas data, sino que diluye la responsabilidad del Estado en los procesos electorales y de documentación, afectando directamente la soberanía digital, la transparencia electoral y el control ciudadano.
Nota: el derecho fundamental al habeas data, protegido constitucional y jurisprudencialmente (art 15 CP y varias sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado), se puede definir básicamente como la garantía que tiene toda persona a conocer el manejo de sus datos personales que se encuentren codificados en archivos y bancos de datos públicos o privados, y el primer responsable de que esto se cumpla es el Estado.
En la práctica, TG&S ha conformado en Colombia un monopolio funcional, que, a pesar de los intentos de este Gobierno del Cambio por desmantelar su hegemonía, sigue siendo el único oferente en contratos multimillonarios blindados por cláusulas de confidencialidad.
Parece inconstitucional el blindaje que argumenta TG&S para no permitir auditorías externas sobre su software, frente a la reciente sentencia de la Corte Constitucional en donde ha señalado que la protección de datos personales debe prevalecer sobre normas internas y prácticas institucionales (T-125/2025).
Recordemos que por eso se cayó la confidencialidad impuesta por los laboratorios farmacéuticos en los contratos del suministro de vacunas contra la Covid-19, ante demandas interpuestas por Transparencia por Colombia y Dejusticia. Raro, parece, que no se haya demandado también la confidencialidad que impera en los multimillonarios contratos entre la Registraduría y TG&S y sus uniones temporales.
La delegación de funciones críticas a contratistas privados, (mismo caso en la salud), implica, ni más ni menos, la renuncia del Estado de garantizar a la ciudadanía sus derechos fundamentales, en este caso, sobre datos biométricos y credenciales de identidad de los conciudadanos, gestionados por entidades extranjeras o corporativas, que puntualmente se explica así:
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TG&S participa en múltiples etapas del proceso electoral colombiano, desde la producción de tarjetones hasta la impresión de actas y documentos de identidad. Esta concentración opera como un monopolio funcional, donde cualquier auditoría o fiscalización se enfrenta al doble blindaje de lo técnico y lo político. Al mantener el control físico de los documentos y participar en la logística electoral, TG&S tiene una ventaja estructural que podría comprometer la neutralidad operativa.
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Idemia, contratista de vieja data de la Registraduría, opera bajo un modelo de outsourcing donde el Estado no conserva pleno control sobre la cadena de producción y almacenamiento de datos de sus conciudadanos. Esto configura un modelo de dependencia tecnológica, donde los algoritmos de autenticación, la infraestructura de encriptación y el hardware no son diseñados ni auditados por el Estado.
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Así aparece el Estado, más como garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como cliente de empresas privadas, lo que debilita, en este caso, su rol constitucional frente al derecho y autenticidad del sufragio universal.
Esta tercerización promueve una cultura de responsabilidad difusa, donde ningún actor tiene control completo, pero todos operan bajo contratos millonarios y baja supervisión pública.
