POR ARIELA RUIZ CARO /
La 55 Asamblea General de la OEA, realizada en St. John´s, Antigua y Barbuda del 25 al 27 de junio, ha pasado desapercibida en la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, hubo hechos importantes como la presencia de un nuevo secretario general, Albert Ramdin, diplomático originario de Surinam, socialdemócrata y el exsecretario general adjunto durante el mandato del chileno, José Miguel Insulza, en reemplazo de José Luis Almagro, el uruguayo funcional a Washington durante los diez años de su mandato. Ello tiene lugar en un contexto en el que el Gobierno estadounidense amenaza con abandonar la organización si esta no sirve a sus intereses.
El triunfo de Ramdin en las elecciones realizadas en marzo de este año se sustentó en el voto favorable de los 14 países miembros de la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) más los de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana. Cuando llegó a los 22 respaldos en su favor, su ascenso se tornó irreversible. Necesitaba una mayoría de 18 votos. Así el representante de Surinam le quitó el triunfo al candidato de Paraguay, el ultraconservador Rubén Ramírez Lezcano, cuya candidatura tuvo que ser retirada. Su postura pro trumpista le jugó en contra, pues ni siquiera el gobierno estadounidense se compró la campaña por esa candidatura.
La suerte estaba echada con la posición cohesionada del CARICOM que había determinado el fiel de la balanza, en un escenario en que el Gobierno estadounidense ha cerrado los programas de USAID, importantes para los países del Caribe.
Tras la designación de Ramdin, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado en el que le pide al nuevo Secretario General “impulsar acciones más contundentes contra los regímenes represivos y abogar por procesos electorales transparentes, libres de fraude e interferencia externa”.
En clara referencia a China el comunicado señala que la OEA debe combatir “las influencias malignas extracontinentales de regímenes malignos extracontinentales” y apuntó con su retórica gastada, contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua señalando que “han despojado a sus pueblos de sus derechos fundamentales, encarcelado a opositores políticos y conspirado con adversarios extranjeros para socavar la paz y la estabilidad regionales”.
La Asamblea General concluyó sin una declaración final consensuada por todos los países, aunque sí con un conjunto de resoluciones que saludan aniversarios patrios, la semana de la lengua española, entre otras. Además de una que merece resaltar, sobre acciones a tomar con relación a la tragedia humanitaria que vive Haití, problema que concitó la preocupación común de todos los gobiernos.
¿Sirve la OEA a los intereses de Estados Unidos?
Durante su intervención en la Asamblea General el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, informó que el Gobierno de Donald Trump está evaluando su permanencia en la institución. Si bien dijo que la región tiene una prioridad especial para su Gobierno, dijo que es preciso preguntarse si esta organización sigue siendo relevante hoy en día y si está logrando “sus nobles y elevados” objetivos.
Landau citó algunos casos relevantes en los que la OEA no cumplió con sus objetivos y señaló en primer lugar el caso de Venezuela y luego el de Haití, pero a diferencia de este último, el caso venezolano no fue abordado por la mayoría de los gobiernos.
“La oposición no solo ganó de forma abrumadora, sino que contaba con las pruebas para demostrarlo: las actas. El régimen ni siquiera se molestó en cuestionar seriamente la validez de las actas ni el fraude electoral. En respuesta a ese descarado fraude electoral, ¿Qué ha hecho esta organización? Hasta donde sabemos, nada sustancial”. En efecto, y probablemente por la también descarada intromisión e intentos de desestabilización de Estados Unidos desde el inicio del Gobierno de Hugo Chávez, sus propuestas no han tenido respaldo de la mayoría de los gobiernos del hemisferio.
Recordemos el frustrado golpe que derrocó a Hugo Chávez en 2002 y puso en la Presidencia al tristemente-célebre Pedro Carmona (‘Pedro el breve’) por apenas tres días, con el apoyo de la actual lideresa María Corina Machado; el intento de golpe en 2020 con participación de exmarines y disidentes venezolanos entrenados en Colombia (operación Gedeón); las sanciones económicas; la incautación de más de 31 toneladas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra; las sanciones a la Corporación Petrolera CITGO, la filial petrolera de PdVSA que opera en Estados Unidos; la imposición de una presidencia paralela en 2019 encabezada por el cómico Juan Guaidó, con representaciones diplomáticas en más de 50 países y algunos organismos financieros multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como los llamados a las Fuerzas Armadas de Venezuela para desconocer al Gobierno de Nicolás Maduro desde el hoy extinto Grupo de Lima –creado en 2017 a instancias de Estados Unidos, precisamente porque en el marco de la OEA no se lograba consenso para respaldar las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos en Venezuela–.
Como si Estados Unidos estuviera exento de toda responsabilidad en la crisis venezolana, Landau dijo en su intervención que “el régimen de Chávez/Maduro ha llevado a Venezuela de ser una de las naciones más prósperas de nuestro hemisferio a una de las más desdichadas, sometiendo a su pueblo a la pobreza extrema y la represión política, y dejando a millones sin otra opción que huir. Muchas, si no la mayoría, de las naciones representadas en esta mesa albergan a cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de refugiados venezolanos. (…) Si esta organización no está dispuesta o no puede responder o remediar esta situación, donde un régimen ignora abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, entonces debemos preguntarnos cuál es el propósito de la organización”.
Antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho que Venezuela, Cuba y Nicaragua son enemigos de la humanidad.
Estas expresiones son contrarias a la posición del nuevo Secretario General de la OEA, quien dijo, cuando fue electo en mayo de este año, que buscaría el diálogo con Venezuela y Cuba, al tiempo que intentaría convencer al Gobierno de Donald Trump de que esta organización de por sí deslegitimada por ser manipulada precisamente por Washington, es importante para sus intereses en la región.
En su intervención, Albert Randim dijo que la OEA debería convertirse en un espacio de confianza en el que los países puedan participar no para ser juzgados o sancionados, sino para mantener un diálogo franco y abierto, con el propósito de encontrar soluciones y fortalecer la unidad de la comunidad.
Por ello anunció que durante su gestión se fortalecerán el rol de la mediación y el diálogo en la organización con el fin de crear espacios donde puedan ser escuchadas perspectivas distintas y lograr soluciones pacíficas. Además, señaló que una participación significativa implica “profundizar nuestras relaciones con organizaciones e individuos que reflejan la rica diversidad de nuestro hemisferio, incluyendo a los pueblos indígenas, afrodescendientes, las comunidades LGBTI+, los jóvenes y los migrantes, para garantizar que sus voces no solo se escuchen, sino que también influyan significativamente en nuestra agenda hemisférica”.
La evaluación de la OEA bajo la administración Trump
El subsecretario de Estado Landau recordó que en los primeros días de su mandato el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que ordena al secretario de Estado Marco Rubio que, en un plazo de seis meses, revise todas las organizaciones internacionales de las que Estados Unidos es miembro para determinar si dicha membresía beneficia a Estados Unidos y si las mismas pueden reformarse.
Al concluir dicha revisión, Marco Rubio debe informar sus conclusiones al Presidente y recomendar si Estados Unidos debe retirarse de alguna de esas organizaciones. “Dicha revisión continúa en curso, y la OEA es, obviamente, una de las organizaciones que estamos revisando”, señaló el vocero del Departamento de Estado.
Esta suerte de evaluación contable para determinar decisiones geopolíticas ya está ocurriendo con el retiro de Estados Unidos de la Organización de Derechos Humanos de la ONU; de la Organización Mundial de la Salud –acompañada por el presidente Milei de Argentina–, y recientemente con el cierre definitivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Si bien USAID es una agencia que ha financiado golpes militares y desestabilizado gobiernos en el mundo, no puede negarse que también tiene un papel importante en la ayuda al desarrollo en muchos países. Según un estudio publicado en la revista especializada The Lancet las reducciones en el presupuesto de la USAID podrían ocasionar aproximadamente 14 millones de muertes adicionales para el año 2030, siendo un tercio de niños.
Con una connotación amenazante, Chistopher Landau dijo que no estaba seguro de poder predecir el resultado de dicha revisión y que “el secretario Rubio y yo debemos poder decirle a nuestro Presidente y a nuestro pueblo que nuestra sustancial inversión en esta organización beneficia a nuestro país. No estoy seguro de estar en condiciones de hacerlo ahora mismo, y les pido de buena fe que me ayuden a defenderlo”.
Aprovechó entonces para hacer una descarada e infame nominación –y conseguir– el voto para la abogada mercenaria de EE.UU. y disidente cubana Rosa María Payá, según su cínica interpretación, por “su claridad moral, su convicción basada en principios y su experiencia vivida” para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Landau culminó su intervención exhortando a los miembros de la organización a apoyar a los pueblos de Venezuela y Haití no solo con palabras, sino con hechos, así como a rechazar a los regímenes autoritarios y antidemocráticos. Pero no tuvo éxito. Su mirada es distinta a la de la mayoría de los gobiernos y, en particular, a la del entrante Secretario General de la OEA.
La sombra de China y de los conflictos geopolíticos
En vísperas de la Asamblea General, una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que dicha institución es uno de los pocos espacios multilaterales en los que el Partido Comunista Chino carece de voto o de influencia financiera significativa.
“Estamos firmes en impedir que China abuse de su condición de observador permanente para tratar de socavar nuestro objetivo de mayor democracia y progreso económico en nuestro hemisferio”, advirtió. Y agregó que “es importante reconocer los riesgos asociados a las entidades alineadas con el Partido Comunista Chino, incluidas las preocupaciones sobre el robo de propiedad intelectual y la coacción económica”, algo que suena desopilante en muchos países que tienen al país asiático como su principal socio comercial y/o fuente de inversión extranjera.
Asimismo, la funcionaria pidió que los países miembros de la organización tomaran una posición con relación a los ataques de Israel y Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán, toda vez que era un importante ámbito para hacerlo. Salvo Argentina y Paraguay, que han respaldado dichas acciones, la mayoría de los países miembros han invocado a desescalar el conflicto. Brasil, Chile y Colombia han condenado los ataques de Israel y Estados Unidos a dichas instalaciones por contravenir el derecho internacional.
La respuesta del Secretario General de la OEA durante la Asamblea General fue clara y contraria a la invocación del Gobierno estadounidense, pues exigió la desescalada de las recientes acciones militares en Oriente Medio y de los conflictos en curso ya que las partes deben recurrir a medios diplomáticos y pacíficos para resolverlos.
Tampoco se emitió una resolución que expresara el apoyo a las invocaciones del mandatario ucraniano Volodimir Zelenski –quien participó por videoconferencia en dicha Asamblea General– para mantener la presión sobre Rusia en todos los frentes posibles. Cuando Ramdin fue nombrado había dicho que “la OEA no debía ser parte de ningún conflicto geopolítico”.
Toda vez que las agencias estadounidenses habían cancelado, a mayo de este año, 22 programas de la OEA –que incluyen una combinación de actividades de asistencia para el desarrollo y la seguridad, entre ellas la programación regional antidrogas y una iniciativa de intercambio de información antiterrorista lanzada con el apoyo de los Estados Unidos durante la primera administración Trump– Ramdin destacó enfáticamente la importancia de las contribuciones financieras de los Estados miembros y, sobre todo, de las de los observadores permanentes (China, varios europeos, entre otros).
Indicó que, en 2024, además de las contribuciones regulares de los Estados miembros, estos aportaron 51 millones de dólares en aportes voluntarios (básicamente de Estados Unidos) mientras que los observadores permanentes y otros socios internacionales aportaron 25,2 millones de dólares. Al respecto, informó que tenía la intención “ampliar, profundizar e intensificar esta alianza, para lo cual convocaremos una sesión especial antes de fin de año”.
En un contexto en el que la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños no aprueba muchas de las iniciativas de Washington en la OEA, el prepotente e injerencista Gobierno estadounidense tendría que retirarse de la organización. Pero ello significaría dejarle el camino diplomático abierto a China en su principal área de influencia y nuevamente dispararse a los pies.
