POR OMAR ROMERO DÍAZ /
El primer paso hacia la justicia. Álvaro Uribe Vélez condenado, pero la historia aún no ha terminado.
El fallo de la jueza penal 44 del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, representa un momento inédito en la historia judicial y política de Colombia. Por primera vez, un exmandatario ha sido vencido no por la fuerza de las armas, ni por escándalos mediáticos, sino por las pruebas, el debido proceso y el principio constitucional de que nadie está por encima de la ley.
Este fallo no solo es jurídico; tiene una gran carga simbólica porque soporta la condena histórica, política y judicial que Colombia necesita para avanzar.
Es un primer golpe contra la impunidad, un acto de reivindicación para quienes por años han denunciado las alianzas oscuras entre el poder político, los ejércitos privados y las mafias del país. Pero no debemos equivocarnos: este es apenas el primer paso en el largo y doloroso camino hacia la verdadera justicia.
Porque lo que se condenó en este proceso es una maniobra para torcer la justicia contra el senador Iván Cepeda Castro, un intento criminal por deslegitimar a un testigo clave en un caso que salpica directamente al paramilitarismo. Pero los delitos más graves, los que involucran crímenes de lesa humanidad, aún no han sido juzgados ni mucho menos condenados.
Faltan las investigaciones por las masacres donde el nombre de Uribe Vélez aparece mencionado por víctimas y testigos. Faltan las conexiones con el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyos comandantes han señalado la participación o conocimiento de altos funcionarios del Estado. Faltan los procesos por las miles de ejecuciones extrajudiciales los mal llamados “falsos positivos” cometidas bajo su Gobierno, cuando jóvenes inocentes fueron asesinados para mostrar “resultados”.
Faltan también los responsables empresariales que financiaron esta maquinaria de muerte. Falta el juicio político y social a una clase dirigente que se benefició del terror. Falta que los medios de comunicación, en su mayoría cómplices por omisión, reconozcan su papel en silenciar a las víctimas y amplificar las versiones del poder.
Y en medio de este panorama, hay que decirlo con fuerza: la jueza Sandra Heredia debe ser protegida y respaldada por toda la sociedad colombiana. Ha tenido el valor de emitir un fallo justo, en derecho, frente a un personaje que ha acumulado más poder que cualquier otro en el siglo XXI en Colombia. Y como era de esperarse, los sectores de la ultraderecha que se alimentan de la impunidad han respondido con odio, amenazas y una peligrosa campaña de desprestigio.
A ello se suma la vergonzosa intromisión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien se atrevió a calificar la decisión judicial como obra de “jueces radicales”. Con esas declaraciones, no solo viola la soberanía jurídica de Colombia, sino que demuestra que, para el imperio, los crímenes cometidos por sus aliados estratégicos son permisibles, justificables, incluso aplaudibles, siempre y cuando garanticen sus intereses.
Pero el pueblo colombiano ya no es el mismo. Hoy, más que nunca, se empieza a romper la lógica del miedo y del silencio. La verdad, aunque tarde, está saliendo a la luz. Y aunque el camino que queda es largo, el juicio contra Álvaro Uribe Vélez marca un punto de inflexión: la impunidad, aunque poderosa, no es invencible.
No nos engañemos: no es una victoria definitiva. Pero es una grieta en el muro. Una grieta por donde empieza a entrar la luz de la justicia. Ahora, la responsabilidad es de todas y todos: cuidar a quienes administran justicia, exigir que se investigue la totalidad de los crímenes y garantizar que el peso de la ley no se detenga ante la figura de ningún poderoso.
Porque si algo ha quedado claro con este fallo es que, en Colombia, la justicia puede tardar, pero empieza a llegar. Y cuando llega, el poder tiembla.
