POR RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL*
La celebración de los treinta años de la Constitución se parece a una mortuoria sin pompas fúnebres. Está lejos de la algarabía de los que pregonan sus realizaciones, sus milagros, en discursos mistificadores sobre su significado.
En tres décadas, la Carta Política ha sido violada tantas veces, prostituida como esclava de los poderes fácticos, legales e ilegales. La criatura que nació y recibió el beneplácito de la opinión pública, deseosa de un nuevo rumbo internacional, social y de paz, muy pronto se encontró con el bautismo del neoliberalismo por el propio gobierno que la sancionó. Se aplicó la apertura económica que favoreció al capital extranjero rentista, flexibilizando la actividad bancaria, financiera y territorial, lo que devino en una orgia de acumulación en los potentados y en un acelerador de las desigualdades, que continuaron todos los gobiernos, a contravía de los derechos socioeconómicos de las mayorías. El modelo neoliberal se acompañó de una consolidación del narcotráfico, como epicentro mundial, mientras la corrupción controla buena parte del Estado y la sociedad.
Se logró el reconocimiento pleno del derecho internacional de los derechos humanos, incluso, durante la vigencia de los estados de excepción y de guerra, algo extraordinario en un país provinciano. En simultáneo, el mismo gobierno intensificó la guerra contra las guerrillas y la droga, lo que continuaron todos los gobiernos, con resultados de horror, muerte y miseria. La más grave crisis humanitaria del continente, junto a Haití. Desconociendo el derecho a la paz consignado con todas las letras en la Constitución, hasta el acuerdo de paz de Santos y Las Farc, para, a renglón seguido, desnaturalizarlo, volviéndolo pacificación de los vencedores, por parte del gobierno Uribe-Duque, lo cual aviva las guerrillas.
El país logró liberar a la Constitución del Concordato. No obstante, la preponderancia de la Iglesia se mantiene, con especial favoritismo del Estado, aunque crece la audiencia de una cultura política entre los indígenas y negros, de manera especial, entre las mujeres, que han sido, durante estos treinta años, sometidas a la violación de su cuerpo y de su alma, de sus derechos y dignidades.
Los gobiernos mantuvieron una política internacional de subordinación voluntaria a los Estados Unidos, dejando de lado la aplicación de la respice fratelli (artículo 9°), la cual obliga a privilegiar las relaciones con el vecindario, lo que llevó a la vergüenza de andar participando en conspiraciones contra Venezuela y Cuba. A lo que se suma la Operación Haití, que compromete a las Fuerzas Armadas en este nuevo renglón de exportación. Tales actuaciones colocan a Colombia en el descrédito de la opinión mundial, asombrada por estos desaguisados. El indicador más denigrante es la autorización de tropas de un ejército extranjero en el país.
El logro del derecho a la vida de la natura y lo humano es lo que prioriza la Carta Política y enfrenta al Estado violador. Una constitución ambiental se proclamó para vejarla. Los jóvenes buscaron durante este tiempo ejercer los derechos políticos, solo para encontrarse con “el uso excesivo de la fuerza”, la estigmatización y la muerte. La apoteosis de esta violación a la preciosa carta es el genocidio que se está cometiendo contra la protesta durante este gobierno que así celebra el cumpleaños. El informe de la CIDH ha confirmado la violación de los derechos humanos por el Estado, el cual responde robóticamente: “Somos inocentes”. ¡Así proceden los violadores!
Lo que sí reconcilia al Estado con la Constitución es la Fiscalía, instituto liberticida, y el Banco de la República, un cuerpo antisocial. Sobre todo, el presidencialismo, con su cortejo de poderes que son utilizados en forma licenciosa, verdadero orangután con sacoleva, como dijo Darío Echandía. Es esta troika institucional la que ejerce la violación permanente a la Carta Política.
La Constitución nació violada por el Estado, que erigió su omnipotencia contra ella. Nuestro criterio es que el Estado colombiano es inconstitucional, más allá de “los estados de cosas inconstitucionales”, como de manera pía lo declara la Corte. El Estado está desnudo en su crueldad. La Constitución no es culpable; sí lo son los partidos y las élites dominantes que gobiernan a Colombia para defender los intereses creados por los poderosos.
*Profesor emérito, Universidad Nacional; profesor titular Universidad Libre.
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