POR FERNANDA ESPINOSA MORENO /
Cincuenta años atrás, el 9 de enero de 1972, en Colombia se firmó el Pacto de Chicoral, un acuerdo que buscó frenar la creciente demanda de tierras del movimiento campesino. El acuerdo consistió en favorecer a los grandes latifundios y la producción a gran escala y debilitó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) disminuyendo los apoyos a pequeños propietarios. Desde entonces, la política rural del país se transformó y a partir de allí, la concentración de la propiedad de la tierra ha sido una constante histórica.
Misael Pastrana Borrero, presidente entonces, se sirvió del Pacto de Chicoral para reorientar la política agraria del Frente Nacional, ya que el acuerdo fue suscrito por representantes del sector agropecuario y terratenientes con dirigentes políticos de los partidos Liberal y Conservador. La comisión que firmó el Pacto estuvo integrada por los senadores Alberto Mendoza Hoyos, Víctor Mosquera Chaux, Mariano Ospina Hernández, Indalecio Liévano Aguirre, Hernando Durán Dussán, Alvaro Uribe Rueda; el representante a la Cámara Cornelio Reyes; Rafael Azuero Manchola y Mario Laserna, delegados del Directorio Nacional Conservador; y Enrique Liévano, de la Dirección Liberal. Algunos de los apellidos destacados de las familias terratenientes del país.
Pero no se puede entender la dimensión que tuvo la firma del Pacto de Chicoral si no se conoce del movimiento campesino previo que se estaba gestando con demandas sobre la propiedad de la tierra, específicamente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que se creó en 1967 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. La ANUC se articuló alrededor de una propuesta de “reforma agraria integral y democrática” que, como se lee en sus documentos fundacionales, era una “reforma agraria integral y democrática que entregue rápidamente la tierra en forma gratuita a quienes la trabajan o quieran trabajarla; preferencialmente para adelantar programas cooperativos de producción agropecuaria o empresas comunitarias campesinas; que acabe radical y definitivamente con el latifundio; mejore sustancialmente la producción; eleve el nivel de vida campesino; liquide la desocupación, la miseria, la inseguridad, la falta de atención médica y el analfabetismo en el campo”.
La propuesta de reforma agraria de la ANUC tenía énfasis en la modernización y capitalización tecnológica y la incorporación de nuevas tierras productivas. De todas las demandas sociales que crecían en el campesinado, surgió la Ley de Reforma Agraria —Ley 135 de 1961—, que incluyó la creación del Incora, y fue impulsada con el visto bueno de Estados Unidos en medio de la Alianza para el Progreso. Sin embargo, la reforma agraria encontró rechazo en las élites locales terratenientes que se oponían a la redistribución de la tierra y el Pacto de Chicoral fue una reacción de contra reforma. La ley 4 de 1973 y la ley 6 de 1975 legislaron el Pacto y dejaron sin dientes la Ley de Reforma Agraria de 1961. La creación de estas leyes implicó varios debates en el Congreso donde también hubo sectores opositores, particularmente la Alianza Nacional Popular (Anapo), pero con la Ley 4 de 1973 —hija directa del Pacto de Chicoral—, la redistribución de tierras a través de expropiaciones se hicieron imposibles y se frenó la actividad del Incora.
Durante todo el siglo XX el país ha sido escenario de intensas luchas agrarias que incluso en pleno siglo XXI continúan. Es evidente que una parte importante del conflicto armado ha tenido como motor la disputa por la propiedad de la tierra. Uno de los mayores tipos de victimización es el desplazamiento forzado producto del despojo de tierras y la violencia. Y el problema continúa: según la ONU, el desplazamiento forzado en Colombia aumentó un 200% el último año, al menos 72.300 personas fueron desplazadas por la violencia en 2021.
Desde el Pacto de Chicoral la concentración de la propiedad de la tierra ha aumentado, la ausencia de una reforma agraria acentuó la tendencia al gran latifundio. El índice de distribución de la propiedad rural (Gini) en el país es de 0,89, evidencia de una alta inequidad. Adicionalmente, Colombia no ha modernizado el uso de los recursos rurales ni tecnificado el campo y sigue con escasa presencia del Estado en algunas regiones rurales del país.
Durante las negociaciones en La Habana se discutió el problema de la desigualdad en la propiedad de las tierras. El Gobierno y las Farc incluyeron en el acuerdo el “Punto 1. Reforma Rural Integral: hacia un nuevo campo colombiano”, el cual despertó expectativa, pero su implementación sigue en la cuerda floja. Se avanzó en algunos de sus instrumentos como el fondo de tierras y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero otros parecen estancados, como los procesos de formalización de tierras o el sistema catastral multipropósito. El Informe del instituto Krok de los cinco años de implementación del acuerdo señaló que en el punto 1 el 14% de las disposiciones se encuentra sin iniciar y el 69% en estado mínimo de implementación, e indicó que “las disposiciones que no han iniciado se relacionan con aspectos de gran envergadura y carácter transformacional del Acuerdo, como lo es la democratización del acceso a la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral. Todas ellas, apuestas que requieren de esfuerzos constantes y extendidos en el tiempo para lograr que en los 15 años de implementación se produzcan cambios sustantivos en las causas estructurales de la violencia”.
Sobre lo ocurrido con la Reforma Agraria durante el Frente Nacional, el economista Albert Berry señaló: “El hecho de no poder implementarla satisfactoriamente fue, sin duda, el error más grande y dañino para el futuro de la sociedad colombiana. Tal reforma hubiera sido, casi con certeza, el único remedio al conjunto de problemas que sufría el país durante el siglo XX, y que aún sigue sufriendo”. Las violencias en Colombia también se relacionan con dinámicas que se presentan sobre la tenencia de la tierra: despojo, apropiación de recursos y control sobre territorios en favor de proyectos e inversiones de aliados o de los propios actores armados. Por eso es importante recordar y conocer los orígenes, 50 años después, el balance de lo sucedido tras la firma del Pacto de Chicoral nos sigue convocando en el presente.
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