POR HORACIO DUQUE /
En lo que va corrido el 2022 no paran los hechos de violencia en el departamento del Cauca.
Asesinato de líderes indígenas, de integrantes de la Guardia indígena, de activistas agrarios, de integrantes de la neo-insurgencia de las Farc/EP, de reincorporados de la paz, de agentes de la policía, ataques a la infraestructura vial y masacres, son eventos que se encadenan día a día agravando la crisis social y política del departamento.
Lo cierto es que con los Acuerdos de Paz (2016), firmados entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y un sector de las Farc (Timochenko/Lozada/Catatumbo/Pacho Chino), la paz no llegó al territorio y el mismo es escenario de un ‘tercer ciclo’ de la guerra con otras modalidades de acción y otros enfoques logísticos. Por el contrario, con la implementación de los pactos firmados se constituyeron nuevos espacios y factores de corrupción y violencia como ha ocurrido con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (Alto Patia), que los políticos tradicionales se devoran sin control mediante la contratación fraudulenta y podrida de pequeñas obras civiles; también con el fracaso de las estrategias de sustitución voluntaria de los cultivos de usos ilícito; y con el asesinato de los integrantes de las Farc que aceptaron desmovilizarse sin ninguna contraprestación ni garantía por parte del Estado.
Para entender la violencia en curso en el territorio regional es necesario interpretarla en toda su complejidad, utilizando enfoques alternativos a los desgastados diagnósticos que dieron soporte a la Mesa de La Habana organizada por la administración de Juan Manuel Santos.
La violencia de hoy demanda miradas y análisis sustentados en la ciencia política (disputas por el poder e incidencia de la corrupción), en la sociología (nuevas ruralidades, territorios y globalización), en la antropología (tema étnico), en las ciencias ambientales (depredación del medio ambiente por la minería transnacional) y en la epistemología (estructuras comunicacionales y formas del debate público regional).
En todo caso, abordar la violencia caucana como un fenómeno homogéneo es un error. Esta violencia es hetereogenea y diversa en su componente territorial, político y étnico.
Hay violencias diferenciadas territorialmente y doy como ejemplos las siguientes: i) la violencia en el Pacifico (Buenaventura y Naya); ii) la violencia en la cordillera occidental (Argelia, Balboa, Cañón del Micay); ii) la violencia sur oriental (Bolívar, La Sierra, la Vega); iii) La violencia en el nor oriente (Santander, Piendamo, Cajibio, Caloto, Caldono, Suarez, Jamundí).
Hay violencias políticas y electorales asociadas con la corrupción y el saqueo del Estado regional y local (municipios) por parte de los clanes políticos dominantes que tienen secuestrada la infraestructura pública. Las roscas políticas del Cauca se echan anualmente al bolsillo casi 5 billones de pesos en contratación fraudulenta impidiendo la transparencia, el control social, la veeduría comunitaria y la auditoria social.
Hay violencia contra los recursos naturales por parte de los conglomerados minero-energéticos que destruyen ríos, fuentes hídricas y sistemas ecológicos estratégicos.
Hay violencia étnica derivada del enfrentamiento entre sectores indígenas del Cric con la neo-insurgencia de las Farc/EP organizada en el Comando Coordinador de Occidente.
Hay violencia por la ausencia del Estado y la corrupción en los dispositivos armados del Estado que mantienen alianzas con el neoparamilitarismo anidado en los centros urbanos.
Hay violencia ideológica porque el fake news penetró el sistema comunicacional regional degradando la transparencia y la objetividad en el registro y análisis de los acontecimientos centrales de la vida cotidiana local y regional.
Hay que profundizar en el análisis de estos elementos para plantear soluciones realistas al desangre del departamento. Desde el Centro de Pensamiento Cauca en Paz (Piendamó) haremos nuestro aporte con estudios y propuestas puntuales orientadas a la solución colectiva de nuestros problemas.
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