POR IGNACIO MARTÍNEZ /
No es el título de la película homónima. Es la verdad de lo que están perpetrando voceros multicolores en contra del referéndum, previsto para el 27 de marzo, con el propósito de lograr la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de espíritu neoliberal.
En efecto, el diputado de ultraderecha Iván Posada (Partido Independiente; independiente de qué) ha dicho que “es un referéndum contra el Gobierno”. También lo han dicho ministros del Gobierno del ultraconservador mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou. Posadas agregó que los 135 artículos que pretendemos derogar “son una excusa para generar un ámbito de confrontación”.
Difícilmente esta consulta popular sea contra el Gobierno en su conjunto, pretender derogar 135 artículos de un total de 476 que contiene la Ley de Urgente Consideración. Centrar el eje de la polémica con esa falacia de que quienes promueven el referendo es en contra del Gobierno, es una actitud antidemocrática y es sacarle el cuerpo a analizar en serio los 135 artículos y demostrar en qué sirven, según Posadas, y en qué perjudican al país y al pueblo.
Hablar de “confrontación” también supone hacer énfasis en enfrentamiento, en choque y no querer participar en debates donde prime la razón, los argumentos, las exposiciones claras y convincentes hacia la defensa de los 135 artículos por el lado oficialista, o su derogación.
Diferentes voceros del gobierno dicen que este referéndum cuestiona el “derecho a gobernar”. ¡Qué concepto totalitario! El referéndum, junto con el voto y el plebiscito, constituyen expresiones de la más genuina democracia directa. El gobierno debe remitirse a la voluntad del pueblo. La gestación de la ley fue antidemocrática. No reposó en la información de su contenido, en la explicación de sus alcances y en un análisis parlamentario extenso y profundo. Por el contrario, salió a los ponchazos y arriesgo a decir que muchos de los votantes, militantes y dirigentes de la misma coalición de gobierno no tuvieron ni la menor idea de qué se trataba.
Todo un plan de gobierno neoliberal
Es que, en realidad, la LUC es un plan de gobierno que no tiene nada que ver con el origen de la coalición multicolor que tuvo como propósito principal para su conformación, sacar al Frente Amplio del gobierno y punto. Los 476 artículos vinieron después y no estuvieron ni en la creación de esa alianza ni en la campaña electoral.
¿Cuál es la realidad hoy? La LUC en general y estos 135 artículos en especial quieren modificar derechos conquistados y mejoras adquiridas, lo que implica un retroceso en la vida del país. Se trata de privatizar la vida de los uruguayos: es una ley que disminuye las garantías individuales, atenta contra la libertad responsable de cada ciudadano, reducen los gastos sociales al servicio de los más desposeídos. Al mismo tiempo propicia las privatizaciones de las empresas públicas y alientan reformas absolutamente negativas en la educación pública. No más en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) sus directivas quieren abrir cursos solo si hay demanda, pero la pregunta es ¿cómo puede haber demanda si los cursos están cerrados, no existen y no se pueden elegir? El Estado debe ofrecerlos, alentarlos, informarlos, para que los jóvenes o quien sea, se inscriban.
Al mismo tiempo la realidad es que subieron los combustibles, aunque para el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Ignacio Paganini, debieron subir el doble. El salario cayó 1,56. Las jubilaciones aumentaron por debajo de la inflación, es decir, perdieron poder de compras. La famosa seguridad, que dicen que está mejor según sus cifras y porcentajes, sigue sin resolver la cinta sinfín de los delitos y la delincuencia, remitiéndose a hinchar las cárceles, pero no abordando las causas que la originan y las soluciones sociales de fondo que terminen con la aparición de nuevos delincuentes. Tal vez las cifras indiquen una determinada temperatura delictuosa, pero la crónica policial diaria, indica una sensación térmica que para nada nos convence de que estamos mejor. La LUC, en este sentido, no ha significado ningún avance destacable.
Por ello, la consigna de los uruguayos que defienden la vida y quieren un Estado que les garantice sus derechos fundamentales es: ¡El 27 de marzo voto SÍ, voto rosado!
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