POR OCTAVIO QUINTERO
¡Aleluya! La nueva Comisión de Disciplina Judicial (CDJ) estrenó sus facultades destituyendo e inhabilitando por 10 años a un juez de Caquetá por conceder arbitrariamente casa por cárcel a un narcotraficante. En cierto sentido, la CDJ abrió un postigo por donde alumbrar la terrible pandemia de impunidad que carcome a Colombia.
Se ha hecho común cerrar procesos judiciales contra mengano o zutano por “vencimiento de términos”. Y va uno a ver, y se trata de reconocidos personajes de la política; o grandes criminales económicos, corruptos u homicidas reincidentes. Detrás de estas libertades andan prestigiosos abogados, devenidos en rábulas, especialistas en la letra menuda del debido proceso.
Así como les pareció sospechosa la decisión del juez de Caquetá, también son sospechosas estas libertades que se van acentuando en el procedimiento judicial. Revisarlas, sería lo indicado. A lo mejor, se nos prende el bombillo y vemos que en el ámbito de la impunidad confluyen delitos que comprometen no solo a abogados, sino también a médicos laxos y jueces venales.
Antes de que el debido proceso se nos convierta, y no está lejos, en un indebido proceso, depurarlo de estas lacras debiera de ser prioritario cometido de la CDJ. Dejar entrar la luz de la prueba razonada al proceso judicial es, paradójicamente, volver a vendar a Temis.
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