POR JOSÉ ARNULFO BAYONA*
El clientelismo que cambia votos por puestos en cargos públicos, el constreñimiento armado del voto o mediante amenaza de despido de los empleos, la venta de curules a candidatos quemados por cuenta de mafias internas de la Registraduría, la suplantación del voto, los muertos que votan, la compra de votos, la alteración de los resultados electorales en los conteos de mesas de votación o en el escrutinio general de las mismas, los millones de dinero saqueados del erario o aportados por los gremios económicos, banqueros, ganaderos, terratenientes, las multinacionales y las mafias del narcotráfico a los/as candidatos/as a cargos públicos de elección popular, son prácticas delincuenciales que están en el ADN de los tradicionales partidos Liberal y Conservador y en el de sus herederos de la U, Cambio Radical, Centro Democrático y sus esquirlas evangélico-cristianas.
La Registraduría Nacional, con sus seccionales departamentales y municipales, ha sido convertida en el botín de los cinco principales partidos de la derecha y la extrema derecha, que integran la coalición del actual gobierno, que negocian sus cuotas de poder basados en la cauda electoral que logran mediante las mil maneras fraudulentas y de clientelismo que históricamente han puesto en práctica para perpetuar su hegemonía. Son vicios que han estado presentes, tanto en el sistema electoral, como en los procesos electorales colombianos desde tiempos inmemoriales y por lo tanto tolerados social y políticamente como parte de las inveteradas y corruptas costumbres políticas colombianas.
Las pasadas elecciones del 13 de marzo no fueron la excepción, pues en esta ocasión también se presentaron todo tipo de irregularidades y delitos cometidos por candidatos y candidatas al Congreso (danza de los famosos mochileros cargados de millones para la compra de votos), por funcionarios de la Registraduría Nacional y sus seccionales regionales, por los jurados al momento de hacer el escrutinio de las mesas de votación, llenar los formularios respectivos y llevarlos a los centros de conteo general de los sufragios (alteración de la cantidad de sufragantes, con números que convierten en decenas, incluso en centenas, los votos por los/as candidatos/as de los partidos de la coalición del gobierno Uribe-Duque, suplantación de votantes, etc.)
También se registró que, en no pocos casos, la policía y los jueces en los puestos de votación ignoraron las denuncias hechas por activistas y testigos de las campañas ajenas a las prácticas corruptas de la compra de votos, la suplantación de electores y el ocultamiento del tarjetón de la consulta para el candidato presidencial del Pacto Histórico. Merece especial mención lo ocurrido con la elección del hijo del paramilitar y victimario Jorge Cuarenta, autor de horrendas masacres en la zona del cesar y en general de la Costa norte de Colombia, que mediante todo tipo de amenazas impidieron que los verdaderos líderes y lideresas de las víctimas de su criminal padre se postularan e hicieran sus campañas. A no dudarlo, el personaje electo no ejercerá su curul legítimamente, ni será vocero de las víctimas sino de sus verdugos.
Pero el escándalo mayor se presentó, cuando los representantes y los testigos electorales del Pacto Histórico (PH), pese a las advertencias previas hechas a la Registraduría por voceros de dicha coalición sobre la confusión que podía generar la ubicación de la casilla del PH en el formulario E14 donde debía consignarse el número total de votos obtenidos por la lista cerrada de esta coalición al senado en cada mesa, descubrieron que en 29.000 mesas, es decir, en la cuarta parte de las 112.000 mesas instaladas, no se había registrado ningún voto por esta lista al Senado, lo cual resultaba a todas luces imposible, porque precisamente esta era la opción que registraba el mayor porcentaje de intención de votos en todas las encuestas.
Los mecanismos propios de vigilancia y registro de la votación y el estado de alerta permanente de los testigos electorales del Pacto Histórico les permitieron exigir oportunamente el reconteo de votos en los escrutinios municipales, con lo cual pudieron rescatar cerca de medio millón de votos, que les significó recuperar tres curules más, que se sumaron a las 16 previamente informadas por la Registraduría Nacional.
No se trató de un error cometido inadvertidamente por los 116.000 jurados de las 29.000 mesas de votación que supuestamente registraron cero votos por la mencionada lista, como ladinamente pretendió justificarlo en su reciente declaración el Registrador Nacional Alexander Vega, fueron “miles de olvidos” dolosos que no consignaron centenares de miles de votos depositados por la lista cerrada del PH y por la lista de voto preferente de Fuerza ciudadana, desinformación que alteró sensiblemente el escrutinio general. La cifra es realmente escandalosa, no se trató de un minúsculo número de jurados que cometieron el monumental error. Se trata si de un gigantesco intento de fraude que pretendía reducir la pérdida de curules de los partidos de la debilitada coalición uribista en el gobierno.
Anunciados oficialmente los resultados, el Pacto histórico resultó ser el más favorecido con la más alta votación y la mayor de las bancadas en el Senado, seguida por la de los partidos liberal y conservador, al tiempo que arrojó una baja sensible en la votación y la pérdida de muchas curules, tanto del partido de gobierno Centro Democrático, como de sus cómplices más cercanos, los partidos de la U y Cambio Radical, lo cual constituye un duro golpe para la mafiosa coalición gobernante, pero no una derrota contundente, porque a pesar del golpe mantendrán el control mayoritario de ambas cámaras.
Tales resultados no fueron del agrado del presidente Uribe quien, con el pretexto del escándalo de los miles de mesas sometidas, conforme a la ley, al reconteo de votos que arrojó resultados favorables a la oposición liderada por Gustavo Petro y Francia Márquez, declaró que no aceptarían tales resultados y exigió un reconteo general de la votación. A la voz de su presidente eterno, el sumiso subpresidente Duque trinó que “De cara a la comisión de garantías electorales… y con el propósito de dar confianza a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral, es recomendable considerar, por parte de @CNE_Colombia, avanzar con un reconteo general en la elección a Senado”. A renglón seguido, en perfecta sincronía con sus dos superiores, el señor Registrador, en rueda de prensa anunció que solicitaría al CNE el reconteo total de votos del senado. Esta fue una nueva y descarda intervención del señor subpresidente Duque.
La obediencia ciega del encargado de la presidencia y de su subalterno el Registrador a su patrón, los llevó a cometer conscientemente el despropósito de recomendar y anunciar que solicitarían al CNE dicho reconteo. Voces de especialistas, exmagistrados del CNE y de las altas cortes, dirigentes gremiales de la rama judicial, voceros de los partidos y movimientos políticos y candidatos presidenciales en contienda coincidieron en señalar la inconveniencia de tal procedimiento.
El subpresidente Duque y su registrador actuaron de manera sumisa y obsecuente, al proponer un procedimiento que jamás se ha hecho, pusieron en tela de juicio el trabajo de 5000 jueces de la República que hicieron el escrutinio en 2500 zonas y dejaron nuevamente en entredicho la justicia colombiana. No se puede alegar que el escrutinio no tiene validez porque es en esa instancia donde se solicitan reconteos y se resuelven los reclamos que se presenten. La cadena de custodia de las bolsas que contiene los votos terminó el sábado19 de marzo, después de este término los corruptos de la Registraduría podrían estar llenando las bolsas de votos no registrados. “En consecuencia, la solicitud de reconteo carecía de validez jurídica y pudo ser la antesala del desconocimiento del proceso electoral que acabaría con las garantías democráticas y justificaría un golpe de estado civil a la Constitución Nacional”. (Declaración de Asonal Judicial).
Por su parte, el candidato Gustavo Petro cuestionó la decisión del registrador Alexander Vega de pedir un reconteo general de los votos para el Senado y advirtió que en la mayoría de mesas donde finalizaron los escrutinios “los votos están en poder de una mayoría uribista” y ya “no hay cadena de custodia transparente” y, enfatizó que “estamos ante un verdadero golpe de estado impulsado por Uribe”. Por fortuna la fuerte presión de la calificada opinión hizo retroceder, muy a su pesar, al señor Registrador.
Lo que Uribe y sus epígonos pretendieron fue minimizar el fuerte revés recibido en las urnas que le causó disminución sensible en su bancada de Senado y las de sus aliados de Cambio Radical y del partido de la U. En la Cámara de Representantes sufrió una drástica caída por la pérdida, hasta hoy, de 17 curules, también la sufrieron dos de sus aliados más cercanos. Se trata de una treta para enlodar con el engaño de un supuesto fraude cometido por la oposición, para tapar su derrota política, lenta pero inexorable, junto con la de sus cómplices y aliados en el poder.
El Registrador debe renunciar
Lo que sí está demostrado es que la Registraduría es una entidad absolutamente corrupta y en manos de un aparato criminal encabezado por Alexander Vega Rocha, al servicio de las mafias gobernantes. El país debe saber que la Registraduría está en manos de un delincuente politiquero, cuyos delitos han quedado en la impunidad, este registrador forma parte de un clan familiar que ha ejercido la política a base de clientelismo y corrupción originalmente en el departamento del Vaupés. Su padre Campo Elías Vega Goyeneche fue condenado a 22 meses de prisión y 54 salarios mínimos legales mensuales, por corrupción al elector y compra de votos, la fiscalía 171 seccional de Bogotá lo vinculó a una investigación por estafa agravada, el Consejo de Estado profirió resolución de acusación por este delito, decisión ejecutoriada el 28 de febrero de 2001. Su tío Heraclio Vega Goyeneche, fue gobernador en 1993 de Vaupés y por su actuación en el cargo fue condenado en última instancia por la Corte Suprema de Justicia por mal manejo del dinero público (Diana Salinas. Cuestión pública).
Andrés Felipe Guerra, nieto del poderoso cacique liberal de Antioquia, Bernardo Guerra Serna, fue aspirante al Senado en 2010, pero no logró los votos suficientes para obtener la curul. Denunció que un lobbista de nombre Alexander Vega lo invitó a entrevistarse con él en Bogotá, para ofrecerle “arreglar el problema y recuperar la curul”. Para ello le exigió entre 1200 y 1300 millones de pesos. Según Andrés Felipe, Alexander Vega iba de parte de Marco Tulio Hincapié, en ese entonces, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien en entrevista con el afectado le confirmó que había que hacer lo que pedía Alexander Vega para ganar la curul. Increíblemente este delito de extorsión y fraude electoral no fue investigado por la Fiscalía, y el denunciante Guerra fue amenazado con demandas penales por el cuestionado magistrado Hincapié y todo quedó en la absoluta impunidad.
Alexander Vega laboró con el magistrado Rodrigo Escobar Gil condenado en 2018 por el escándalo de Fidupetrol. Luego fue nombrado como magistrado del CNE a nombre del partido de la U, pese a que el Consejo disciplinario y el veedor del partido rechazaron su candidatura por no llenar los requisitos y por haber sido sancionado disciplinariamente con cuatro meses de suspensión del cargo de personero de Chía por la Procuraduría, sanción que le fue levantada por el corrupto procurador Ordoñez, a petición de los corruptos miembros del clan de los Ñoños,Mussa, Besaile y Bernardo Miguel Ñoño Elías, hoy en la cárcel. (Andrés Valencia)
En 2016 fue elegido presidente del CNE y entró a las ligas mayores de la corrupción política, de la mano del corrupto y poderoso clan Gnecco dueño del poder en el departamento del Cesar. En octubre de 2019, a los 40 años fue nombrado registrador nacional, pese a tener una hoja de vida de un párrafo, llena de obscuras actuaciones. Como se puede apreciar este es un excelente currículum de corrupción sistemática y continuada para ser un arrogante y selecto integrante del narco gobierno de Uribe – Duque en su calidad de “Honorable” Registrador Nacional del estado civil encargado de administrar y de garantizar la transparencia de los procesos electorales. Como reconocimiento a su fraudulenta gestión el subpresidente lo consagró y premió como el mejor servidor público del país (Andrés Valencia)
A esta hora el corrupto Alexander Vega Rocha debería estar en la cárcel y no al frente de la Registraduría Nacional. El pueblo colombiano debe exigir su renuncia.
Nota: Saludo con optimismo democrático y de lucha la sabia decisión del Pacto Histórico de designar a la compañera Francia Márquez Mina como fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro. Es un grandísimo aporte para el triunfo en la primera vuelta de mayo.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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