POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO
El teflón se ha perdido y el decline de Uribe es más que evidente, su legado se cuenta desde cuando fue jefe de la Aeronáutica Civil (1980-1982) con las múltiples licencias entregadas a Pablo Escobar, como senador (1986-1994) impulsador de las reformas neoliberales, la Gobernación de Antioquia (1995-1998) con el auge de los grupos paramilitares, su inter-relación con el ejército y el narcotráfico, para pasar a exportar su proyecto a nivel nacional durante la Presidencia (2002-2010) e intentar “refundar la patria” de terratenientes, contados industriales y mafiosos, desde sus dos periodos. El proyecto uribista al quedar inconcluso requería de más periodos, su tercero (el actual con Duque) se ha empecinado en terminar la labor de cooptar todo el Estado con sus ramas legislativa, ejecutiva y judicial (Fiscalía), las instituciones de control Procuraduría, Contraloría, Comisión de Acusaciones; El Consejo Nacional Electoral, La Registraduría, El Banco de la República, ideologizar las la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional), etc., para conseguir la impunidad total y asegurar el desarrollo de sus intereses particulares. En esta búsqueda sólo las grandes cortes: La Constitucional y la Corte Suprema de Justicia (en especial ésta última), han resistido, aunque por los duros embates por doblegarlas han quedado lesionadas.
El proyecto uribista intentó articularse a la economía mundial desde el modelo neoliberal permitiendo la primacía de los intereses del gran capital internacional y nacional sobre los de la población general, ello incluyó bajo la excusa de la lucha contra la subversión, en lo rural, la expropiación de las tierras fértiles y de interés minero-energético –en lo que se ha llamado la geografía de la guerra- a las poblaciones campesinas, indígenas y afros que fueron asesinadas y desplazadas a través de la violencia por los grupos paramilitares en asocio con mandos del ejército nacional, se concentró aún más la propiedad de la tierra, se aumentó el latifundio, la ganadería extensiva y los cultivos de coca de alto nivel; y en lo urbano, con las privatizaciones de los servicios sociales antes a cargo del Estado (salud, pensiones, educación, banca pública, acueducto, alcantarillado, telefonía, etc.), las concesiones viales, aeroportuarias y de infraestructura, que se beneficiaran escasos industriales cercanos a sus intereses. Todo un proyecto nacional concentrador de la tierra y la riqueza asociado a la violencia y el narcotráfico, articulado al capital internacional como proveedor de petróleo y minerales; y en lo geopolítico, a los intereses en la región del imperio, otorgándonos el título del Israel latinoamericano.
Como ha sido evidente, el balance para las mayorías ha sido desastroso, comenzando por el incentivo del criterio “amigo-enemigo” y de la doctrina del “enemigo interno” que niega los derechos civiles y políticos de la población con los múltiples asesinatos de líderes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, profesores, abogados y periodistas independientes, etc., las masacres de poblaciones, las ejecuciones extrajudiciales (por lo menos 6.402 “falsos positivos”), las torturas y desapariciones, el destierro. Acompañado del despojo con el cumplimiento del modelo neoliberal: la negación de los derechos económicos, con la desindustrialización, los Tratados de Libre Comercio TLCs y la flexibilización y desregulación laboral sometiendo a los trabajadores a la informalidad y el rebusque; los sociales, con la privatización de la salud, pensiones y educación, haciendo de estas un negocio que perpetúa la inequidad social; los culturales, con la visión patriarcal y colonialista, la aporofobia, frente a indígenas, afros y campesinos; y los de género, con el machismo y la homofobia. Todo ello, catapultado por la cultura traqueta del todo se vale, el fin justifica los medios, acorde a sus entrañas mafiosas; la corrupción a todo nivel, el individualismo y consumismo neoliberal, acompañado por una fuerte campaña de difusión desde los grandes medios radiales, televisivos y escritos –privatizados- que generaron a través de la mentira y la manipulación una matriz de opinión favorable a sus intereses, bajo la premisa de la lucha contra la subversión y el sofisma de la lucha contra el narcotráfico.
Lo que vivimos hoy con el gobierno de Duque (Uribe 3) no es más que la descomposición de esa élite que se ha hecho con el poder del Estado, que actúa descaradamente de frente, violando la Constitución Nacional al tener el cooptados esos organismos de control que le permiten la impunidad, pero que se sienten amenazados por una fuerza popular mayoritaria –El Pacto Histórico- que interrumpiría sus intereses. La reforma de la Ley de garantías, el impulso de proyectos para negar información al presidente entrante, la reforma a los estatutos de la Junta de Ecopetrol, la participación en política del presidente, alcaldes, gobernadores, el fiscal y el general del ejército, el dominio de la junta del Banco de la República, el endeudamiento a cargo del gobierno entrante, etc., no son más que la muestra del desespero en el que se encuentran ante la posible derrota de su proyecto con su candidato Federico Gutiérrez.
Eso es lo que representa ‘Fico’, el continuismo de esos intereses, los del narco estado instituido por el uribismo en Colombia, sus relaciones directas o indirectas con el uribato y con la Oficina de Envigado así lo demuestran, requieren cuatro años más en el poder para asegurar la cooptación completa del Estado y con ella su impunidad total, la tan anhelada por ellos refundación de la patria. Por eso ahora amenazan hasta con ruido de sables.
Son las mayorías, las que, en el libre ejercicio de su derecho al voto, podrán detener ese proyecto del narcoestado uribista para dar el cambio que permita construir la democracia en Colombia. Pero en este caso no es suficiente con el voto a conciencia, sino con la vigilancia de los resultados frente a la posibilidad de fraude y la presión para que se cumpla con la Constitución y se respeten las normas. Es nuestra responsabilidad histórica.
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