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La abogada y politóloga ultraconservadora colombiana Juanita María Goebertus Estrada, actualmente congresista por el eufemísticamente denominado ‘centrista’ (para disimular su tinte de derecha y defensor del statu quo) Partido Verde, fue designada como responsable de la llamada “División para las Américas”, del aparato de injerencia del Departamento de Estado que se muestra con el ropaje de “organización no gubernamental” Human Rights Watch (HRW), financiada por el cuestionado especulador financiero George Soros, así como por la National Endowment for Democracy (NED), una entidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que, a su vez, constituye el brazo operativo de los Departamentos de Estado y Defensa de EE.UU.
Goebertus, quien se ha destacado en el Congreso de Colombia por defender la criminal política denominada de “Seguridad Democrática” del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, responsable de haber ideado los mal llamados “falsos positivos”, crímenes de lesa humanidad, reemplaza al abogado chileno José Miguel Vivanco, caracterizado por denostar a los gobiernos progresistas de América Latina y defender a los personeros de la ultraderecha en la región que buscan desestabilizar procesos democráticos liderados por sectores de izquierda.
La nueva empleada de Soros y de la CIA que inicia funciones el próximo mes de agosto es reconocida en Colombia por alabar dicha política sistemática y criminal del Estado durante los ocho años de gestión de Uribe Vélez, así como adversar y estigmatizar al sector progresista que lidera el aspirante presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego.
¿Qué es Human Rights Watch?
Bajo el manto de una organización no gubernamental, HRW trabaja para la National Endowment for Democracy (NED), una entidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La NED es la agencia gubernamental que utiliza la CIA para financiar organizaciones de derecha y medios de prensa a lo largo y ancho de América Latina, sobre todo tiene puesta su atención en patrocinar acciones de sabotaje y desestabilización contra gobiernos que Washington considera “indeseables” como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, para lo cual invierte anualmente un millonario presupuesto en dólares.
Uno de sus aparatos propagandísticos que asume hipócritamente el rol de defensa de los derechos humanos es HRW que además recibe también millonarios aportes de la Open Society Foundations del especulador financiero George Soros, aliado de la CIA y del denominado “Estado profundo” (el verdadero poder) estadounidense.
El rol asignado por la CIA y el Departamento de Estado a HRW es la de difundir informes sobre países en desarrollo o emergentes, que anticipan las campañas y frecuentes medidas coercitivas adoptadas oficialmente por EE.UU. Su programa para desacreditar a los gobiernos progresistas sigue un hilo conductor.
De ahí que un perfil como Goebertus, de talante ultraconservador en lo político y neoliberal en lo económico, defensora de la gestión corrupta de un Ministro de Hacienda, comprometido en un deplorable escándalo de aprovechamiento personal en la promoción de bonos para supuestamente desarrollar infraestructura hídrica en varios municipios de Colombia, calce perfectamente para reemplazar a Vivanco en la División de las Américas de este aparato de manipulación de la CIA y desestabilizador de los procesos democráticos en el hemisferio.
Goebertus viene de ser parte de la campaña frustrada del exaspirante presidencial Alejandro Gaviria Uribe, un neoliberal corresponsable de la crítica situación de la salud en Colombia por su deplorable gestión en el Ministerio del ramo durante el gobierno del también ultraconservador exmandatario Juan Manuel Santos. Como se sabe, en este país su decadente clase dominante convirtió en negocio este derecho fundamental desde la década de los años 90 del siglo pasado.
Obviamente que alguien como Juanita Goebertus que estigmatiza a los sectores progresistas como el caso del sector político que lidera en Colombia el aspirante presidencial Gustavo Petro y alabe la criminal política de la mal llamada “Seguridad Democrática” de un cuestionado expresidente como Álvaro Uribe Vélez, acusado de la comisión de delitos de lesa humanidad, no tiene credibilidad para dirigir nada serio respecto de temas relacionados con derechos humanos, pero cumple a satisfacción con los requerimientos de HRW, aparato al servicio de los intereses deleznables y homicidas como la CIA y los Departamentos de Estado y Defensa de EE.UU.
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