POR HORACIO DUQUE
En La Habana, la capital de Cuba, se realizó una primera reunión entre funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y los delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que representan a esta organización en sus diálogos y negociaciones con el Estado colombiano.
Las relaciones de esta guerrilla revolucionaria con el Estado colombiano fueron interrumpidas desde el 2019 por el gobierno uribista de Iván Duque, que aprovechó este impasse para desatar una campaña sucia contra el gobierno de Cuba, desconociendo los protocolos internacionales acogidos para dar garantías a las delegaciones guerrilleras en las mesas de conversaciones.
Durante cuatro años el regimen neonazi de Duque, de la mano de la ultraderecha gringa, desplegó una estrategia para destruir al ELN calificándolo de grupo terrorista y mafioso para deslegitimarlo ante el pueblo colombiano y la opinión internacional, como parte, además, de su orientación contrainsurgente que derivó en la destrucción de los Acuerdos de Paz con las Farc, en el exterminio de los líderes sociales, el asesinato de excombatientes de esta organización guerrillera y la ejecución sistemática de masacres contra la población campesina e indígena.
Con el triunfo presidencial de Gustavo Petro en representación del Pacto Histórico, la paz ha recuperado su hilo para alcanzar la condición de una prioridad en la agenda pública. Para tal efecto se ha anunciado una nueva política que se ha denominado “Paz total”.
La misma despega con este primer encuentro formal en Cuba en que la delegación oficial ha constatado que el ELN comparte la voluntad de paz del Gobierno colombiano, el cual ha mostrado disponibilidad para escuchar las voces de múltiples sectores de la sociedad que desde los territorios y diversas instancias están clamando por una solución dialogada al conflicto armado.
El ELN ha dicho que dará los pasos necesarios para retomar la Mesa de diálogos con hechos que pongan en evidencia a la sociedad y al resto del planeta que la voluntad de paz es cierta.
El gobierno del presidente Petro ha hecho un reconocimiento explícito de la legitimidad de los delegados del ELN que se encuentran desde hace varios años en Cuba y para el efecto se van a adoptar en los próximos días todas las medidas políticas y jurídicas que hacen parte del derecho interno y del Derecho Internacional Humanitario para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las conversaciones con esta organización insurgente, incluido el reconocimiento de los protocolos que fueron burlados por Ivan Duque y su Ministro de Defensa.
Se trata de un paso contundente tanto del gobierno como del ELN que augura un futuro promisorio a esta nueva hoja de ruta de la reconciliación y la superación de la guerra en Colombia.
La negociación del ELN permite proyectar un nuevo escenario para la movilización social, pues con la recuperación de los Acuerdos de Paz con las Farc (2016) y la implementación de sus componentes agrario y de ampliación de la democracia, se crean las condiciones para que la protesta y el movimiento social eleven su capacidad de lucha y se constituyan en el sujeto político protagónico de la nueva época de cambios y transformaciones que está viviendo la nación colombiana con el triunfo presidencial de Gustavo Petro.
Lo deseable es que el Gobierno nacional avance en sus relaciones con los otros grupos guerrilleros representados por las Farc-EP (Iván Lozada), la Nueva Marquetalia y el EPL. Ellos han manifestado su disposición al diálogo e incluso han expresado coincidencias con aspectos centrales del Programa del Pacto Histórico que en meses será el Plan Nacional de Desarrollo para hacer de Colombia una potencia de la vida.
Marchan bien las acciones del nuevo Gobierno en materia de paz y lo que debe ocurrir es un apoyo multitudinario desde la sociedad civil para evitar y bloquear el sabotaje de los grupos de ultraderecha que están reorganizando sus fanaticadas regresivas para que la violencia se mantenga en los territorios.
Nota. Increíble que una señora, María Fernanda Rangel, de las entrañas de la corruptela política colombiana, que no vio como alta funcionaria de la Contraloría General de la Republica el descarado robo de los dineros de la Paz, pueda llegar a ser la nueva Contralora como candidata del actual titular de esa entidad y de las más caracterizadas mafias de rateros identificados como los principales despojadores de los dineros públicos. Esperemos que eso no ocurra y que en el Congreso de la Republica se imponga la actitud responsable con el país, hastiado de tanto hampón con credenciales políticas y legislativas.
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