POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Con el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sobre la conformación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, se produjo el retiro obligado de 52 generales, 24 de la Policía, que conformaban la cúpula de la fuerza pública que, si bien se reciclaba cada cierto tiempo, ha sido formada en la doctrina de la “Seguridad Nacional y la guerra contra el enemigo interno” impuesta por los Estados Unidos, ejecutora de la “política de seguridad democrática” durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y prolongada por los cuatro años del débil, fraudulento y corrupto gobierno del subpresidente Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, amen de ser utilizada para hacer trizas la paz y recrudecer el negocio la guerra.
Ha sido la barrida más numerosa de la historia, pero necesaria para echar a andar la política de paz total anunciada por el Presidente, que implica el cumplimiento irrestricto del Acuerdo de Paz con las Farc, reiniciación de diálogos con el ELN, reincorporación de las disidencias al proceso de paz, desarrollo de una política de sometimiento de las bandas neo-paramilitares y de narcotráfico a cambio de beneficios jurídicos, aplicación “a rajatabla” de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, lucha contra la corrupción política, administrativa y en el seno de las Fuerzas Armadas, poner fin a la brutalidad policial y a la violencia contra la protesta social, no más desaparecidos, ni desplazamiento forzado, ni asesinatos de defensores de los derechos humanos, de líderes y lideresas sociales, ambientalistas, fin del exterminio de las comunidades indígenas y sus autoridades ancestrales, terminar con las fumigaciones de cultivos ilícitos, separar la Policía de las Fuerzas Militares, prohibir los bombardeos a supuestos campamentos ocupados por niños y niñas supuestamente guerrilleros, ordenados por el exministro de Defensa, Diego Molano, etc.
Políticas y acciones, cuya realización sería imposible si el generalato que estuvo al servicio del aparato criminal organizado desde el gobierno de Uribe, ampliamente documentado y denunciado en la serie Matarife, producida por el abogado penalista y periodista investigador Daniel Mendoza, continuara al frente de las Fuerzas Armadas y policiales, en el gobierno del Presidente que precisamente fue elegido por las mayorías ciudadanas, para poner fin a las violencias y sus prácticas guerreristas y criminales y cumplir el mandato popular de construir una paz democrática y duradera.
Durante los gobiernos mafiosos del uribato, se criminalizó la protesta social, se persiguió la oposición, se judicializaron las movilizaciones y las luchas de la clase trabajadora, campesinas, indígenas, estudiantiles y de los sectores populares, se militarizó la vida nacional; en general, se les dio tratamiento de “enemigo interno” o de vándalos y se le otorgó patente de corso a la fuerza pública, en especial al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para desatar la brutal represión en la que asesinaron centenares de jóvenes, mutilaron los ojos de otros tantos y llevaron a prisión a cientos y miles de jóvenes que se tomaron las calles para reclamar oportunidades de educación, empleo y vida digna; crímenes, aunque repudiados por las mayorías ciudadanas, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales, quedaron en la absoluta impunidad.
El desorbitado poder y el protagonismo sin control de la fuerza armada estatal, la llevó a cometer todo tipo de violaciones y desafueros. El país y la comunidad internacional han sido testigos de que la fuerza pública fue utilizada para crear, equipar y entrenar las autodefensas campesinas orientadas por el señor de las sombras, que sirvieron de base para la creación, fortalecimiento y expansión de las bandas paramilitares, que sembraron de muerte y masacres el territorio nacional, que cobraron la vida de centenares de miles de seres humanos inocentes. Genocidios y crímenes atroces, cometidos en connivencia y alianza con los batallones de la fuerza armada que operaba en distintas regiones, comandada por los generales y altos oficiales, tanto retirados, como en servicio a la llegada del nuevo gobierno.
La degradación de los altos mandos militares y policiales, la oficialidad, la soldadesca y la Policía, llegó a niveles exorbitantes; generales y otros comandantes de batallones, han sido delatados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por sus subalternos, como ordenadores de operaciones conjuntas con paramilitares para cometer masacres y asesinar inocentes, mal llamados “falsos positivos”, para informar “exitosos resultados” en supuesta operaciones contraguerrilla. Por su parte, jefes paramilitares y del Clan del Golfo, han revelado que generales y otros altos oficiales figuraban en sus nóminas y recibían jugosas recompensas, quienes ordenaban transportar en aviones y vehículos de la fuerza pública numerosos grupos de paramilitares a distintas regiones del país para sembrarlos como frentes de las AUC, generales y altos oficiales que fueron extraditados y procesados por la justicia norteamericana por sus vínculos con el narcotráfico (recuérdense los generales que fueron jefes de seguridad del entonces presidente Uribe, extraditados y condenados en Estados Unidos por narcotráfico), generales vinculados con paramilitares y narcotraficantes que financiaron las campañas de Uribe y Duque (El Ñeñe, Marquitos Figueroa…), generales corruptos enjuiciados por enriquecimiento ilícito y defraudación al erario, acosadores sexuales y violadores de sus subalternos.
Nadie que tenga cierto grado de sensatez, podría argumentar que los generales removidos, en alto grado de descomposición y altos niveles de corrupción y criminalidad que, al igual que su jefe supremo, gozan de impunidad, que fueron ascendidos según el número de muertos reportados por sus respectivos batallones o como cuotas de políticos corruptos de los partidos de la coalición de gobierno, podrían continuar al frente de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para ejecutar la nueva política planteada por el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que requiere de una fuerza pública, que deberá ser educada para la democracia, en salvar vidas, con cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, “en correspondencia con las urgencias de superar la tragedia humanitaria, el cumplimiento de los derechos humano, la vida y las libertades, en primer lugar, así como el restablecimiento del proceso de paz” (Ricardo Sánchez Ángel. Un Pasquín ·109. Junio/julio 2022).
Es necesario hacer la transición a una fuerza armada comprometida con la democracia, la paz, los derechos humanos y el respeto por la vida, que no sea utilizada para servir y proteger los intereses de las minorías privilegiadas, que actúen conforme a los principios consagrados en la Constitución y la ley, que no sea manipulada para perseguir a los contradictores del gobierno y que no dispare las armas del Estado para reprimir la protesta social, que no sea cómplice del crimen y la violación a la ley, que defienda la soberanía nacional y cuide la vida como el bien supremo de la humanidad. Es urgente y necesaria la desmilitarización de la Policía Nacional y su formación como cuerpo civil dedicado a cuidar la vida de todo el pueblo colombiano.
Se requiere también, revisar la “cooperación militar” que, basada en la doctrina de la Seguridad Nacional, recibe Colombia de los Estados Unidos. Se supone que para construir la paz y fortalecer la democracia no es necesaria la presencia de asesores militares , ni de comandos armados especiales en el territorio nacional, ni la continuación de las bases militares norteamericanas instaladas en el país, ni la utilización del territorio de nuestras fronteras para operaciones injerencistas contra pueblos hermanos, ni la compra de armamentos y flotillas de aviones de combate y demás recursos utilizados para estimular la guerra interna y acentuar nuestra dependencia de aquel país imperial. Bienvenida será la necesaria cooperación de Estados Unidos, en el campo de la economía, la investigación científica, la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la industria, la agricultura, el trabajo productivo y el progreso de nuestro pueblo.
El uribato ha montado en cólera, tanto por el nombramiento del jurista Iván Velásquez como ministro de Defensa, como por el llamado a retiro de los generales que por más de dos décadas estuvieron a su servicio y fueron sus cómplices. Por tal motivo, ha desatado furiosa campaña para desacreditar estos indispensables cambios realizados por el nuevo gobierno. Tal es el sentido de los pronunciamientos del expresidente Uribe, la senadora María Fernanda Cabal y el cuestionado general (r) Zapateiro, que llaman a “cruzadas” y “resistencias contra la supuesta tiranía de la paz total” y hasta rebeliones incitadoras al ruido de sables o a aventuras golpistas. El pueblo colombiano debe estar alerta ante a estos riesgos latentes, acompañar y apoyar al presidente Gustavo Petro y su Ministro de Defensa en el propósito de esta transición pacífica y democrática de las Fuerzas Militares.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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