POR VIJAY PRASHAD
En noviembre de 2022, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas se reunirán en la ciudad turística egipcia de Sharm El Sheikh para celebrar la Conferencia anual de la ONU sobre el Cambio Climático. Se trata de la 27ª conferencia de las partes para evaluar la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, comúnmente conocida como COP27. El tratado internacional sobre el medio ambiente se estableció en Río de Janeiro en 1992, con la primera conferencia celebrada en Berlín en 1995; los acuerdos se ampliaron en el Protocolo de Kioto de 2005 y se complementaron con el Acuerdo de París de 2015. No hace falta decir más sobre la catástrofe climática, que amenaza con la extinción masiva de especies. El abandono de los combustibles basados en el carbono se ha visto frenado por tres impedimentos principales:
Las fuerzas de derecha que niegan la existencia del cambio climático.
Los sectores de la industria energética que están interesados en la continuidad de los combustibles basados en el carbono.
La negativa de los países occidentales a admitir que siguen siendo los principales responsables del problema y a comprometerse a pagar su deuda climática financiando la transición energética de los países en desarrollo cuya riqueza siguen extrayendo.
En los debates públicos sobre la catástrofe climática, apenas se hace referencia a la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 y al tratado que señalaba: “la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas”. La frase «responsabilidades comunes pero diferenciadas» es un reconocimiento del hecho de que, aunque el problema del cambio climático es común a todos los países y ninguno es inmune a su impacto nocivo, la responsabilidad de los países no es idéntica. Algunos países —que se han beneficiado del colonialismo y del combustible de carbono durante siglos— tienen una mayor responsabilidad en la transición hacia un sistema energético descarbonizado.
Las investigaciones en esta materia son claras: los países occidentales se han beneficiado desmesuradamente tanto del colonialismo como del combustible de carbono para alcanzar su nivel de desarrollo. Los datos del Proyecto Global del Carbono, que dirigía el ya desaparecido Centro de Análisis de la Información sobre el Dióxido de Carbono del Departamento de Energía de Estados Unidos, muestran que este país ha sido, por lejos, el mayor productor de dióxido de carbono desde 1750. Por sí solo, Estados Unidos ha emitido más CO2 que toda la Unión Europea, el doble que China y ocho veces más que India. Los principales emisores de carbono fueron todas las potencias coloniales (Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia) que, a pesar de contar con aproximadamente una décima parte de la población mundial, han representado en conjunto más de la mitad de las emisiones mundiales acumuladas. Desde el siglo XVIII, estos países no solo han dispensado la mayor parte del carbono en la atmósfera, sino que siguen superando su cuota de presupuesto mundial de carbono.
El capitalismo alimentado por el carbono, enriquecido por las riquezas robadas por el colonialismo, ha permitido a los países de Europa y América del Norte aumentar el bienestar de sus poblaciones y alcanzar un nivel de desarrollo relativamente avanzado. La extrema desigualdad entre el nivel de vida de la persona media en Europa (748 millones de personas) y en India (1.400 millones de personas) es siete veces mayor que hace un siglo. Aunque la dependencia del carbono, sobre todo del carbón, por parte de China, India y otros países en desarrollo ha aumentado a un nivel elevado, sus emisiones per cápita siguen siendo muy inferiores a las de Estados Unidos, cuyas emisiones per cápita son casi el doble que las de China y ocho veces más que las de India. La falta de reconocimiento del imperialismo climático hace que no se dote debidamente de recursos al Fondo Verde para el Clima, creado en 2010 en la COP 16 con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a “superar” el desarrollo social basado en el carbono.
A nivel mundial, los debates sobre cómo abordar la crisis climática suelen girar en torno a diversas formas de un Green New Deal (GND) o Nuevo Acuerdo Verde, como el Acuerdo Verde Europeo, el GND Norteamericano y el GND Global, promovidos por los Estados nacionales, las organizaciones internacionales y distintos sectores de los movimientos ecologistas. Con el fin de comprender mejor y fortalecer este debate, la oficina de Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social reunió a destacados académicos ecosocialistas para reflexionar sobre los diferentes GND y las posibilidades de realizar una verdadera transformación para evitar la catástrofe climática. Ese debate —con José Seoane (Argentina), Thea Riofrancos (Estados Unidos) y Sabrina Fernandes (Brasil)— ya está disponible en el cuaderno 3 (agosto de 2022), La crisis socioambiental en tiempos de pandemia: discutiendo un Green New Deal.
Estos tres académicos sostienen que el capitalismo no puede resolver la crisis climática, ya que el capitalismo es la causa principal de la crisis. Cien de las mayores multinacionales del mundo son responsables del 71% de los gases de efecto invernadero de la industria mundial (principalmente dióxido de carbono y metano). Estas empresas, lideradas por la industria de la energía del carbono, no están preparadas para acelerar la transición energética, a pesar de su capacidad tecnológica para generar dieciocho veces la demanda mundial de electricidad solo con energía eólica. La sostenibilidad, una palabra que se ha vaciado de contenido en gran parte del discurso público, no es rentable para estas empresas. Un proyecto social de energía renovable, por ejemplo, no produciría grandes ganancias para las empresas de combustibles fósiles. El interés de ciertas empresas capitalistas en el GND está sustancialmente motivado por su deseo de conseguir fondos públicos para diseñar nuevos monopolios privados para la misma clase capitalista que es dueña de esas grandes corporaciones que contaminan el mundo. Sin embargo, como explica Riofrancos en el cuaderno, “El ‘capitalismo verde’ pretende mitigar los síntomas del capitalismo —el calentamiento global, la extinción masiva de especies, la destrucción de ecosistemas— sin transformar el modelo de acumulación y consumo que ha causado la crisis climática en primer lugar. Es una ‘tecno-solución’, la fantasía de cambiar todo sin cambiar nada”.
El debate principal sobre el GND surge, como señala Seoane, de iniciativas como el Informe Pearce de 1989, Blueprint for a Green Economy [Plan para una economía verde], elaborado para el gobierno del Reino Unido y que proponía el uso de fondos públicos para producir nuevas tecnologías para las empresas privadas como solución a la seguidilla de crisis de las economías occidentales. El concepto de «economía verde» no consistía en ecologizar la economía, sino en utilizar la idea del ecologismo para revitalizar el capitalismo. En 2009, durante la crisis financiera mundial, Edward Barbier, coautor del Informe Pearce, redactó un nuevo informe para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, titulado Global Green New Deal, en el que volvía a presentar las ideas de la «economía verde» como «Green New Deal». Este nuevo informe abogaba una vez más por los fondos públicos para estabilizar las turbulencias del sistema capitalista.
Nuestro cuaderno surge de una genealogía diferente, que hunde sus raíces en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (2010) y en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Vida (2015), ambas celebradas en Tiquipaya (Bolivia) y luego desarrolladas en encuentros como el Foro Alternativo Mundial del Agua (2018), la Cumbre de los Pueblos (2017) y el Foro de los Pueblos por la Naturaleza (2020). El corazón de este enfoque, que surgió de las luchas populares en América Latina, son los conceptos buen vivir y teko porã. En lugar de limitarse a salvar el capitalismo, que es la preocupación del argumento de la GND, el objetivo de nuestro cuaderno es pensar en cambiar la forma de organizar la sociedad, es decir, avanzar en la reflexión sobre la construcción de un nuevo sistema. La construcción de estas ideas, dice Fernandes, debe implicar a los sindicatos (muchos de los cuales están preocupados por la pérdida de puestos de trabajo en la transición de las energías de carbono a las renovables) y a los sindicatos campesinos (muchos de los cuales están atenazados por el hecho de que la concentración de la tierra destruye la naturaleza y crea desigualdades sociales).
Debemos cambiar el sistema, como sostiene Fernandes, “pero las condiciones políticas de nuestros días no son las mejores. La derecha está fuerte en muchos países y la negación de la ciencia climática sigue firme”. Por eso, rápidamente, los movimientos populares deben poner sobre la mesa una agenda de descarbonización. Tenemos por delante cuatro objetivos:
* decrecimiento de los países occidentales. Con menos del 5% de la población mundial, Estados Unidos consume un tercio del papel del mundo, una cuarta parte del petróleo, casi una cuarta parte del carbón y una cuarta parte del aluminio. El Sierra Club afirma que el consumo per cápita de EE.UU. “de energía, metales, minerales, productos forestales, pescado, cereales, carne e incluso agua dulce empequeñece el de los habitantes del mundo en desarrollo”. Los países occidentales tienen que recortar su consumo global, reduciendo, como señala Jason Hickel, los “innecesarios y destructivos” (como las industrias de los combustibles fósiles y las armas, la producción de McMansiones y jets privados, la forma de producción industrial de carne de vacuno y toda la filosofía empresarial de obsolescencia planificada).
* Socializar el sector clave de la generación de energía. Acabar con los subsidios a la industria de los combustibles fósiles y construir un sector energético público que esté basado en un sistema energético descarbonizado.
* Financiar la Agenda de Acción Climática Global. Garantizar que los países occidentales cumplan con sus responsabilidades históricas en el apoyo al Fondo Verde para el Clima, que se utilizará para financiar la transición justa en el Sur Global en particular.
* Potenciar el sector público. Construir más infraestructuras para el consumo social y no para el privado, como más trenes de alta velocidad y autobuses eléctricos, para disminuir el uso de automóviles privados. Los países del Sur Global tendrán que construir sus propias economías, incluso explotando sus recursos. La cuestión no es del todo si se explotan estos recursos, sino si se pueden extraer para el desarrollo social y nacional y no para la mera acumulación de capital. Buen vivir significa superar el hambre y la pobreza, el analfabetismo y la insalubridad, objetivos que serán desarrollados por el sector público.
Ninguna política climática puede ser universal. Quienes devoran los recursos del mundo deben reducir su consumo. Dos mil millones de personas no tienen acceso al agua potable, mientras que la mitad de la población mundial no tiene acceso a una atención de salud adecuada. Hay que garantizar su desarrollo social, pero este desarrollo debe construirse sobre una base sostenible y socialista.
https://www.thetricontinental.org/es/
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
