POR OCTAVIO QUINTERO
“No nos reten”; “… Necesitamos más y más organización popular”; “… Las tareas que están por delante son arduas y nos toca trabajar a todos de manera colectiva y solidaria”.
– Gustavo Petro (distintas intervenciones públicas).
En la misma línea se expresó recientemente el ministro de Interior, Alfonso Prada, cuando en frente de una asamblea de “nadies”, en el departamento del Cauca, hablando de nuevos recursos para atender sus necesidades, y en alusión a la reforma tributaria, dijo: “… Pues claro que tenemos opositores en el Congreso de la República. Estamos listos, incluso con la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de ésta… el que entendió, entendió”…
Al Ministro se le vino el mundo encima, azuzado por los tradicionales medios de prensa, manipulados por el poder económico, que dicta los destinos del país a su medida. Y, aunque más tarde suavizó el alcance de su efervescente discurso, quedó claro que en el fondo del presidente Gustavo Petro late la democracia directa.
Lo corrobora la declaración del director administrativo de la Casa de Nariño, Mauricio Lizcano, un funcionario que tiene que conocer, como el que más, al Presidente… Preguntado sobre su estilo, dice: “La gobernanza de Petro es de pueblo. Su jefe es el pueblo. Quien dirige y lidera es el pueblo”…
Para armar el rompecabezas, valdría reiterar la expresión de Petro: “No nos reten”, y agregarle la del ministro Prada: “El que entendió, entendió”.
La sutil oposición que va zurciendo la prensa, dando voz a sedicentes analistas políticos, descalificó al Ministro diciendo que en todo país democrático el que aprueba las reformas es el legislativo… Se olvidan (esos analistas) que el concepto de democracia participativa, como la que impera en Colombia, “… implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán significativamente en el rumbo de su vida” (C-180/1994).
Abundando en la estructura normativa de Colombia, desde la misma Constitución, pasando por sucesivos actos legislativos, leyes y decretos, se encuentra todo un acervo jurídico para avanzar en la democracia directa, que ya le ha dado al pueblo la facultad de decidir sobre su entorno local con la elección popular de alcaldes (1986) o el de la séptima papeleta que avaló, nada más ni menos, que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la Constitución del 1991. Es más, actualmente se anuncian reformas electorales para elegir directamente al Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo y Fiscal General, inclusive, a magistrados de las altas cortes… Tanto va el cántaro al agua…
Los que hoy se escandalizan de que la gente salga a las calles a respaldar la reforma tributaria de Petro-Ocampo, se vanagloriaban ayer del plebiscito por la paz que ganaron con el NO… y atizan la protesta social e impulsan con firmas falsas y financiación excesiva la revocatoria del Alcalde de Medellín, por ejemplo, siendo eslabones de la misma cadena.
No hay que temerle a la democracia directa. Es más, ante la entrega del legislativo al ejecutivo mediante prebendas económicas y/o burocráticas, la mera posibilidad de que determinada cuestión pueda ser sometida a referendo, pudiera alertar a los congresistas a no correr el riesgo de ser revocados o desautorizados por el poder constituyente en cabeza del pueblo soberano… Temámosle más a un sistema ‘democrático´ cooptado por un poder económico, tributario de multinacionales y/o de intereses externos emanados de Washington, que subyuga a Colombia como, en la práctica, a toda Latinoamérica.
Algo tienen qué decirnos los 10 años seguidos en que los países nórdicos (Noruega, Islandia, Suecia, Finlandia y Dinamarca), junto a Suiza, encabezan los índices globales de democracias cuasiperfectas, con su alta participación popular en la toma de decisiones que inciden directamente en sus entornos locales, claro está, con arreglo al imperio de la ley, porque, como bien lo tiene establecido la teoría política, “no hay democracia más allá del derecho”.
Fin de folio.- Dice la MinAgricultura que no se puede prohibir la exportación de ganado en pie, porque está contemplada en acuerdos comerciales (TLC). Ese es un buen ejemplo del ‘libre mercado’.
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