POR JAIME FLÓREZ MEZA /
El 14 de septiembre de 1977 un paro cívico y popular sacudió a Colombia como ninguna otra movilización social lo había hecho desde el 9 de abril de 1948, cuando tuvo lugar El Bogotazo por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aunque el Paro Cívico Nacional de 1977 no tuvo efectos semejantes como los de aquel estallido social, sí tuvo algunas consecuencias sociales, políticas y económicas importantes a largo plazo. Y como paro cívico fue un hito de las luchas sociales en Colombia a lo largo del siglo XX. Álvaro Delgado, uno de los principales investigadores de este movimiento social, lo ratificaba de esta manera:
“El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 es la más importante jornada de lucha reivindicativa cumplida por los asalariados en la historia contemporánea colombiana. Como movimiento específico del pueblo, es lo más connotado desde el paro nacional del 10 de mayo de 1957, que diera al traste con el gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla. Esa huelga de centenares de miles de trabadores es un fenómeno extraordinario en Colombia, país caracterizado por un bajo nivel huelguístico en América Latina. En un solo día estuvieron parados más trabajadores que en el conjunto de los diez años anteriores. La amplitud social que alcanzó el movimiento desborda todo antecedente, incluido el de 1957” (citado por Mena, 2015).
Para una mayor claridad habría que precisar que un paro cívico es, como lo define Medófilo Medina (uno de los principales estudiosos de las protestas urbanas en Colombia), “un tipo de protesta urbana, diferenciada de otras manifestaciones de inconformismo popular, como las huelgas y las marchas, en razón a rasgos distintivos como la amplitud en la participación de diversos sujetos y clases sociales de la ciudad, la articulación de problemas específicamente urbanos, con tendencias del orden político y económico nacional, trascendiendo lo puramente coyuntural” (citado por Molano, 2010). Además, suele ocasionar la parálisis de las actividades en una o varias ciudades, dependiendo de su cobertura.
Las causas
El tremendo malestar social que desembocó en un paro de tales proporciones fue la frustración que produjo en la población colombiana el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), cuya elección fue la más votada hasta entonces en la historia de la nación: tras una campaña que prometía un “mandato claro” como lema de gobierno, que había llenado de optimismo a colombianos y colombianas, López se impuso con un 56% del total de sufragios sobre sus contendores Álvaro Gómez, del Partido Conservador (31%), María Eugenia Rojas, de la Alianza Nacional Popular (ANAPO, 10%) y Hernando Echeverri Mejía, de la izquierdista Unión Nacional de Oposición (UNO, 2,6%).
En sus primeros meses de gestión López realizó algunas maniobras que mantenían la confianza en que el suyo sería un gobierno progresista, como levantar el estado de sitio (desde 1948 el país vivía bajo esa arbitraria figura casi en forma ininterrumpida), expedir personería jurídica a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), orientada por el Partido Comunista, y a la Confederación General de Trabajadores (CGT), de perfil demócrata cristiano, y restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba (suspendidas en 1961 y reabiertas en marzo de 1975).
Sin embargo, su gobierno pronto se tornó reaccionario y con ello aumentó el descontento social. En otras palabras, su gobierno fue más de lo mismo que habían sido los del cuestionado y falaz pacto político liberal-conservador denominado Frente Nacional (1958-1974) que López había prometido superar. Sus políticas económicas, laborales y sociales favorecían el gran capital, los monopolios y a las clases dominantes, en perjuicio absoluto de las populares. Como explica el historiador Mauricio Archila Neira (2016):
“López cancelaba así el proteccionismo estatal, del que siempre fue enemigo, mientras se daba libertad de precios y tarifas, pero eso sí controlando los salarios. Intentó hacer una reforma laboral que si bien parecía favorecer el sindicalismo de industria, perjudicaba a los asalariados al desmontar el régimen de prestaciones por medio del salario integral y recortaba el derecho de huelga. En cuanto al campo, la reforma agraria, de la cual tampoco fue simpatizante, se congeló definitivamente y en su lugar aparecieron tímidos programas alimentarios y de ‘desarrollo rural integrado’. En las ciudades tampoco hubo avances sociales sustantivos, y más bien se continuó con el modelo urbano de mayor exclusión y segregación de los sectores populares. La resultante fue que en medio de un crecimiento económico pausado –con un PIB por encima del 3%– la inflación se desbordó hasta llegar al 35% en 1977. Obviamente los salarios y en general el poder adquisitivo del pueblo se vieron afectados mientras el gran capital redoblaba sus ganancias”.
Entre 1961 y 1974 López se había declarado contrario al bipartidismo, esa estrategia de gobernabilidad que había caracterizado al Frente Nacional para repartir el poder estatal entre los partidos liberal y conservador. En 1959 había fundado el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) junto a Álvaro Uribe Rueda, como una disidencia del Partido Liberal y del Frente Nacional. Pero una vez en el gobierno López no solo no modificó este esquema gobiernista sino que, por el contrario, quiso fortalecerlo mediante una pequeña asamblea constituyente que pretendía reformar los regímenes municipal y departamental con el fin de consolidar los poderes regionales, excluyendo por supuesto a las minorías políticas y sociales. Como escribió la revista Alternativa en agosto de 1976: “es evidente y se explica el que López vea la necesidad de unir más sólidamente a su clase frente a las nuevas contingencias que plantea el conflicto social en el país. Las reformas del régimen municipal y departamental y del aparato judicial, de las que teóricamente se ocupará la Constituyente, son una forma de cohesionar este bloque de la clase dominante, a través de tareas de ‘racionalización’ del funcionamiento del Estado” (citada por Mena, 2015).
Como si lo anterior no bastara, López restableció el estado de sitio en 1975, manteniéndolo hasta el final de su mandato. Su proyectada Constituyente, a su vez, fue hundida por la Corte Suprema de Justicia. Obviamente esto no fue suficiente para calmar los ánimos de una población cansada de los desafueros de otro gobierno sectario. Como en ninguno de los anteriores, salió a las calles a manifestar su creciente descontento: “En ese caldo de cultivo no es extraño que la protesta popular hubiera aumentado hasta llegar a cifras nunca alcanzadas en la historia contemporánea. […] en 1975 se registraron 797 protestas –el año pico en ese recuento estadístico–, 540 en 1976 y 359 hasta septiembre de 1977” (Archila, 2016). El número de personas participantes en estas protestas también iba en aumento.
La mayor oposición que enfrentaba el gobierno de López —que era parafraseado como el del “mandato caro” por el desenfrenado aumento del costo de vida— no era solamente de partidos como la ANAPO y de una minoritaria izquierda electoral, sino la de los sectores populares del país. Archila distingue tres: asalariados, estudiantes y pobladores urbanos, éste último un amplio espectro social. El gobierno rechazaba la protesta social y endurecía la represión a los movimientos sociales, pero ello no evitaba que la gente siguiera manifestándose, incluso en el campo con las movilizaciones de campesinos e indígenas: en 1975, por ejemplo, estos actores sociales realizaron 88 protestas (Archila, 2016). En síntesis, “los años del ‘Mandato Claro’ presenciaron un conjunto de huelgas que se destacaron no solo por el número de participantes sino porque paralizaron actividades cruciales de la economía o concitaron solidaridad”, observa Archila. “Nos referimos a las de los cementeros, los bancarios, los médicos del Seguro Social, los petroleros, los trabajadores del Ingenio Riopaila, de Indupalma y de Vanitex –una huelga predominantemente femenina–, para solo mencionar las más sobresalientes. El magisterio merece alguna consideración adicional, pues recurrió frecuentemente al paro y fue el sector que más huelguistas aportó”.
Los preparativos
Costo de vida y estado de sitio eran los motivos en los que convergían todas las demandas sociales de las centrales obreras, como recuerda Archila a partir de un artículo de la citada revista Alternativa: “Estas son precisamente las principales demandas que las centrales sindicales comenzaron a agitar meses antes del Paro Cívico”. La convocatoria del paro la realizó la CSTC que, como ya se mencionó, estaba dirigida por el Partido Comunista. Según el periodista e historiador Luis Alfonso Mena (2015), esta organización sindical “logró que en la protesta participaran también las otras centrales obreras existentes en la época (CGT, CTC y UTC), las cuales conformaron un comando nacional de paro”. La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) estaba controlada por el Partido Liberal, la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) por el Partido Conservador, y la CGT supuestamente por la Democracia Cristiana. Víctor Baena López, fundador de la CGT, sostiene que esta central no militaba en ningún partido.
Baena López comenta que la planificación del paro se inició el 1° de mayo de 1977 y que en ella se incluyó no solo a todas las centrales obreras sino a los sectores independientes y no sindicales, como también a todo tipo de organizaciones sociales (campesinas, de acción comunal, de mujeres, entre otras), es decir, a toda la inconformidad social. En mayo se conformó, igualmente, el Comité Nacional de Paro, integrado por los sindicatos que estaban en huelga y los presidentes de las cuatro centrales obreras con el fin de coordinar “un solo frente de lucha” (Molano, 2010). La otra instancia organizadora era, como se mencionó anteriormente, el Comando Nacional de Paro, del cual también hacían parte los presidentes de las cuatro centrales y, a nivel regional, sus respectivos delegados.
Ante este panorama de unidad sindical frente al paro, López se negó al diálogo y la negociación y mantuvo una posición rígida hacia el derecho a la protesta, como lo enfatiza Archila: “A lo largo de su mandato no cejó en penalizar la protesta tachándola de subversiva e hizo gala de una arrogancia que le costó el desafecto de sectores de la élite, como el ospino-pastranismo, y de las centrales tradicionales UTC y CTC”.
El apoyo de las izquierdas, según Mena, no parece haber sido significativo, sobre todo de las más sectarias: “lo cierto es que la mayoría de los grupos de la izquierda se marginaron de los preparativos de la jornada, e incluso la atacaron y vituperaron con consignas tan absurdas como que el paro era un movimiento ‘para favorecer al socialimperialismo’ [la URSS y sus países satélites], como increíblemente llegaron a plantear grupos del espectro maoísta”.
Si bien fue real el boicot de los grupos maoístas, el investigador y académico Frank Molano Camargo (2010) describe con precisión cómo se dio el involucramiento activo de las izquierdas:
“La fuerza política más activa en la preparación fue el Partido Comunista Colombiano, quien mantenía una alianza electoral con otras fuerzas de la izquierda en la coalición denominada Unión Nacional de Oposición –UNO-, desde aquí el PCC pudo ganar aliados políticos a favor del paro, por ejemplo a la Unión Revolucionaria Socialista URS. […] La otra coalición electoral de fuerzas de izquierda se agrupó en el Frente por la Unidad del Pueblo FUP, surgido a partir de los desacuerdos entre el PCC y el MOIR [Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario]”.
Otro tipo de apoyo al paro fue el de numerosos intelectuales y artistas, lo que habría enfurecido aún más al presidente López, que había sido profesor universitario, autor de una novela (Los elegidos) y se jactaba de su empatía con personajes de la cultura. Entre otras cosas, había nombrado a la reconocida actriz Rebeca López como agregada cultural y comercial de la embajada colombiana en Cuba.
“El Paro Cívico Nacional fue una acción largamente preparada que había contado con el respaldo de muchos sectores, entre ellos de la intelectualidad progresista de la época que, encabezada por Gabriel García Márquez […] se pronunciaron abiertamente en favor de la protesta. Lo hicieron mediante un documento que, obviamente, puso iracundo al presidente López, acostumbrado a rodearse de gente del arte y la cultura y quien había estado cerca de núcleos intelectuales reunidos en torno de revistas como Mito y La Nueva Prensa, para no hablar de quienes lo acompañaron en su periódico La Calle y en su revista Sett” (Mena, 2015).
Por cierto, la revista SETT (Salud, Educación, Tierra, Techo) era el órgano del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) que López, en su época de político e intelectual progresista, había fundado con un grupo de políticos e intelectuales disidentes. En cuanto al documento en mención, fue suscrito el 7 de septiembre de 1977 por literatos, artistas plásticos, directores y actores de teatro, cine y televisión, y la Corporación Colombiana de Teatro en pleno.
En agosto de 1977 el Comando Nacional del Paro había dado a conocer el pliego de peticiones dirigido al gobierno, cuyos puntos eran: “1) aumento de los salarios, 2) congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de servicios públicos, 3) suspensión del Estado de Sitio, 4) derogación del Estatuto Docente, 5) que los trabajadores de servicios del Estado puedan disfrutar del derecho de asociación, contratación colectiva y huelga, 6) entrega inmediata a los campesinos de las haciendas afectadas por el INCORA [Instituto Colombiano de la Reforma Agraria], 7) jornada de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte y 8) suspensión de los decretos de reorganización del ICSS [Instituto Colombiano de Seguros Sociales]”, explica Juan José Toro (2016). Este último punto tenía que ver con decretos perjudiciales para los trabajadores y usuarios de esa entidad de salud y protección social.
El gobierno desestimó las peticiones, calificó de subversiva la anunciada protesta y trató de contenerla expidiendo decretos en los que se amenazaba con encarcelamiento de uno a seis meses a quien organizara cualquier movilización o participara en ella. A comienzos de septiembre fue prohibida toda concentración pública y el día 13, víspera del paro, se interrumpió el tránsito de motocicletas “para evitar que se cometan delitos o se rieguen puntillas, grapas o tachuelas” (El Tiempo, citado por Molano, 2010). Aun así, el paro fue inevitable. “A la convocatoria netamente obrera se sumaron docentes y estudiantes, empleados independientes y amas de casa, milicianos de varias guerrillas y conservadores de la oposición”, afirma Toro. Sin embargo, uno de los organizadores del paro dice que las centrales obreras jamás se reunieron con guerrilleros en la planeación de ésta ni de ninguna otra actividad. Así lo asegura el ya citado Víctor Baena, que había fundado la CGT en 1971 y la presidía en ese momento: “Nunca tuvimos una reunión, ni antes ni después del paro. Eso debe quedar muy claro” (Baena, 2020).
Respecto del apoyo de políticos conservadores, Baena comenta que se trataba de oportunismo político de un sector del Partido Conservador llamado “ospino-pastranismo”, dirigido por Bertha Hernández de Ospina (viuda del expresidente y dictador Mariano Ospina Pérez, quien cerró el Congreso el 9 noviembre de 1949, de trágica recordación por su papel en la violencia de Estado que se impuso en contra del pueblo liberal tras el asesinato de Gaitán en 1948), debido a que no había recibido de parte del gobierno de López el reparto burocrático al que aspiraba. Fue eso lo que lo llevó a declararse en oposición y a respaldar de palabra el paro. Como ya se indicó, sería el Partido Comunista Colombiano el que más participó en la planeación, coordinación y realización del paro. Baena, que nunca militó en ese partido, describe a su director Gilberto Vieira White (1911-2000) como un “personaje muy serio, un hombre muy decente y solidario con este tipo de cosas”.
Se gestó así todo un movimiento social en torno a un paro, algo inusual hasta entonces. Pero los medios de información, los empresarios, los partidos tradicionales y por supuesto el gobierno, condenaron su realización; los medios alternativos, como los semanarios Voz Proletaria y Alternativa, lo apoyaron incondicionalmente y realizaron una destacada cobertura periodística.
El paro en marcha
La protesta se inició minutos antes del miércoles 14 de septiembre con el lanzamiento de voladores de pólvora desde las terrazas de diez edificios de Bogotá y varias casas donde se encontraban repartidos muchos activistas (los miembros del Comando Nacional de Paro estuvieron en la clandestinidad durante el desarrollo del suceso). Empezó así la hora cero del paro. Lo que vino a continuación fue una gran movilización social que no se veía desde el 9 de abril de 1948 y que paralizó a buena parte del país. Aunque su epicentro fue Bogotá, las ciudades principales e intermedias también fueron escenario de las protestas y lo mismo algunas poblaciones rurales. La participación fue multitudinaria y sin precedentes en la historia de estas movilizaciones, pues solamente del sector sindical se calcula que salieron a protestar 1.300.000 trabajadores (la población del país era de alrededor de 25 millones). Hubo toda suerte de bloqueos en las principales vías de las ciudades, barricadas y enfrentamientos con la fuerza pública, alistada como para repeler una insurrección popular. Respecto a la cantidad de víctimas mortales, los datos oscilan entre 19 y 30.
Resulta de interés el balance que, con perspectiva histórico-social, hace Archila:
“Fue un paro más cívico o popular que estrictamente laboral, y la ausencia de transportes jugó un papel definitivo. La acción fue muy urbana ya que cubrió las grandes capitales y muchas intermedias, pero también se extendió a los campos. Aunque fue planeada, hubo desbordes por saqueos a almacenes de la periferia urbana y sobre todo por confrontaciones con las fuerzas militares y de policía, las que a juicio del general Varón Valencia [ministro de Defensa] ‘obraron con mesura y no con debilidad’. Sin duda no obraron con debilidad, en cambio, la mesura ni se vio. El saldo de la jornada así lo corrobora: 19 muertos, casi 3.500 detenidos –la gran mayoría en Bogotá– y pérdidas económicas incalculables”.
Mena Sepúlveda asegura que el número de muertes fue aún más alto: “la cifra de víctimas fatales en la que varios documentos coinciden es de 30, además de diez desaparecidos. Del total de muertes, 23 ocurrieron en Bogotá”. El mismo autor discrepa también en la cantidad de detenidos y señala que “la cifra de heridos era incalculable, pero la de detenidos sí se pudo cuantificar, pues hubo por lo menos 3.800 en Bogotá, según registros que quedaron de los lugares en donde fueron concentrados”. Hubo también despidos: más de 700 en todo el país. Las muertes de los manifestantes quedaron en la impunidad, pese a las denuncias de medios como Alternativa, o quizás precisamente por eso, por tratarse de un medio de contra-información que ejercía la mayor crítica y fiscalización del gobierno de López.
“Alternativa incluyó también varios testimonios dados por familiares de las personas asesinadas, e incluso dio a conocer nombres de agentes del F-2 (el servicio secreto de la Policía de la época) sindicados por testigos de haber disparado contra manifestantes que murieron en los choques ocurridos entre pobladores y agentes antidisturbios en barrios populares de Bogotá” (Mena, 2015). Baena afirma que hasta la actualidad no se ha hecho justicia ni reivindicado la memoria de las víctimas (en esto último coincide Mena). Molano, citando tres fuentes, sostiene que el número de víctimas ascendió a 25 y que tres de ellas eran menores de edad.
Pese a que el paro fue cuidadosamente planeado, como coinciden todos los autores consultados, y a que logró aglutinar a distintos sujetos sociales en una concurrencia variopinta pocas veces vista, habría sido inevitable, para el comité y el comando nacionales del paro, al menos, que miles de manifestantes se trenzaran en batallas campales con la Policía y el Ejército, que atacaran bienes públicos y privados, que impidieran el tránsito por las calles con fogatas, vidrios y aceite, mientras que grupos de vándalos aprovechaban el caos para saquear comercios. Víctor Baena asevera que al Comando Nacional nunca se le salió de las manos el paro: “Y si hubo violentos de organizaciones guerrilleras en la realización del paro, fueron puramente oportunistas. […] Nunca recibimos solidaridades de los grupos armados ni de los grupos de extrema izquierda”.
Baena también aclara que la única arma que emplearon en su caso los manifestantes sindicalizados fueron las tachuelas: “Las tachuelas sí las hicimos, esa fue el arma menor, era una tachuela enfrentada a un fusil”. Y las regaron por toda la ciudad para que los transportistas, que en aquella época no tenían contrato de trabajo ni podían sindicalizarse, tuvieran una justificación ante sus jefes para no seguir laborando ese día y no interrumpir el paro. Hoy en día las centrales obreras ya no recurren a esas tácticas de presión.
La fuerza pública, como sugiere Archila, no distinguía entre manifestantes pacíficos y violentos o entre muchos que ni siquiera estaban protestando. “Cuando mataron a la primera persona”, dice Baena, “es obvio, vino el enfurecimiento de la población, la reacción de la población. Y cuando reaccionó la población vinieron las confrontaciones. […] Nosotros no promovimos la violencia”. El alcalde de Bogotá, Bernardo Gaitán Mahecha (otro de los responsables de la represión del paro desde días antes de su realización), ordenó el toque de queda a partir de las 4:30 p.m., lo que para la revista Alternativa fue un reconocimiento absoluto de su incapacidad, como también de la del gobierno, para manejar la crisis y, tácitamente, del éxito del paro.
Pero ni aún con el toque de queda la protesta se detuvo. En Bogotá los enfrentamientos con la fuerza pública continuaron hasta el día siguiente a la noche, cuando los últimos reductos de resistencia fueron desalojados. “Para esa hora el balance era aterrador”, cuenta Toro. “La ciudad tenía un tono postapocalíptico: los incendios recién apagados, los esqueletos rostizados de carros, vidrios rotos y tachuelas regadas por las avenidas principales. La ciudad se había salido de control”.
A la noche del 14 de septiembre los distintos actores implicados en el paro —organizadores, participantes y gobierno— dieron su interpretación de la jornada, como lo refiere Archila:
“desde la clandestinidad, las centrales dieron parte de victoria, mientras resaltaban el carácter reivindicativo de la protesta. López, en alocución televisada, visiblemente molesto, trató de minimizar la cobertura del paro mientras resaltó el supuesto componente subversivo de la jornada mostrando ante las cámaras las ‘armas’ de la gente: unas cuantas grapas y puntillas. Los militares, el grueso de la clase política tradicional y la gran prensa secundaron dicha interpretación. Por su parte, diversas organizaciones sociales y políticas de izquierda fueron entusiastas en el balance de la jornada, aunque no faltaron voces más moderadas como los indígenas, quienes participaron activamente en el paro convencidos de que no era la solución inmediata de todos los problemas de los explotados pero sí el punto de inicio de una prometedora unión popular”.
En su alocución López decretó el toque de queda en el resto del país desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del 15 de septiembre.
Las repercusiones
La realización de un paro cívico y popular de tal magnitud tuvo unas consecuencias inmediatas y también mediatas. Algunas de ellas las describe así Molano:
“Con posterioridad al paro, en noviembre de 1977 de manera demagógica, el gobierno autorizó un alza de salarios que obviamente no cumplía las exigencias propuestas en el Paro y convocó el Consejo de Salarios y de Trabajo compuesto por el gobierno, los empresarios y los presidentes de las centrales sindicales. A su vez la movilización popular no disminuyó, en octubre y noviembre se desarrollaron varias luchas contra la represión y los asesinatos realizados por las fuerzas represivas, la ola huelguística creció durante 1978, año en el que se registraron 20 paros cívicos regionales. Esta tendencia de la protesta tendría su declive a partir de la aplicación del Estatuto de Seguridad”.
Por otra parte, no se logró capitalizar políticamente la experiencia del paro, como lo propuso la revista Alternativa, para que la izquierda electoral presentara un único candidato en los comicios presidenciales de 1978. Esa propuesta recién cuajaría en las de 1982 con la candidatura de Gerardo Molina Ramírez (1906-1991) quien, pese a su prestigio académico, político y ético, obtendría el cuarto lugar en la votación.
Aunque el gobierno minimizó la protesta y hasta la consideró un fracaso, a las clases dominantes sí les quedó la sensación de que había sido una insurrección, un conato de revolución y que, por tanto, había que impedir a toda costa que se repitiera. Aduciendo la necesidad de combatir eficazmente toda forma de subversión, lo que incluía la protesta social, los militares y el nuevo presidente, Julio César Turbay Ayala, acordaron expedir el Estatuto de Seguridad, el cual entró en vigor en septiembre de 1978, un año después del paro. Lo peor en esos días fue que la insurgencia le dio motivos al nuevo gobierno para imponer una represión estatal como la que se practicaba en las dictaduras del Cono Sur: dos hombres que vestían prendas militares y pertenecían a un pequeño grupo subversivo llamado Autodefensa Obrera asesinaron el 12 de septiembre a Rafael Pardo Buelvas, quien fuera ministro de Gobierno de López desde octubre de 1976 y hasta el final de su mandato; y en la Nochevieja de 1978 el M-19 robó más de cinco mil armas del Cantón Norte del Ejército.
Aunque buena parte de ese arsenal sería recuperado por el Ejército a las semanas siguientes, el historiador Medófilo Medina afirma que ese golpe había sido planeado por el M-19 porque juzgaba que el pueblo colombiano ya estaba preparado para la toma del poder por las armas después de la experiencia del Paro Cívico de 1977: “El M-19 […] derivó de esa lectura el robo de cinco mil armas del Cantón Norte. La idea, según él, no era más que darle esas armas al pueblo, que estaba listo para la revolución” (citado por Toro, 2016). La historia demostró cuán equivocados estaban.
Para Archila fueron más importantes otros hechos a largo plazo que se derivaron del paro en relación con la guerrilla de las FARC, por un lado, y con las luchas sindicales y sociales, por el otro:
“De más trascendencia histórica fue la decisión, tomada por las FARC en su VII Conferencia [en 1982], de modificar su modo de operar y convertirse en una fuerza ofensiva. El cambio estratégico, a juicio de Medófilo Medina, ‘se desprendió de un diagnóstico sencillo: el Paro Cívico Nacional […] había sido una insurrección a la que solo le habían faltado las armas para instaurar el poder popular’ […]. Pero el balance del Paro del 77 no debe quedarse en criticar esos extremos. La acción sembró la semilla de la unidad sindical, que luego de varios avatares logró concretarse en 1986 con la CUT [Central Unitaria de Trabajadores]. Los ánimos unitarios también se manifestaron en el campo con los intentos de reconstrucción de la ANUC [Asociación Nacional de Usuarios Campesinos] y la creación de la Organización Nacional Indígena ONIC, y en las ciudades con la convergencia de movimientos cívicos y regionales”.
Para no olvidar, por tanto, cómo miles de colombianos salieron a protestar hace 45 años y algunos de ellos pagaron con sus vidas por reclamar sus derechos sociales y económicos en uno de los momentos más agitados de la historia contemporánea del país.
Referencias
Archila N., M. “El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. Un ejercicio de memoria colectiva”, Revista de Economía Institucional 18, 35, 2016, pp. 313-318. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v18n35/v18n35a17.pdf
Comisión de la Verdad. “Contribuciones a la Verdad: Paro Cívico de 1977”, 9 de julio, 2020. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=0cWJcil4Sv4
Mena S., L. A. “Periodismo independiente en Colombia: la historia de la revista Alternativa (1974-1980)”, tesis de maestría en Historia, Cali: Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, 2015.
Molano C., F. “El Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 en Bogotá. Las clases subalternas contra el modelo hegemónico de ciudad”, Ciudad Paz-ando, Bogotá, segundo semestre de 2010. Vol. 3, núm. 2: pp. 111-142.
Toro, J. J. “Así fue el paro de 1977, el más grande (y violento) de la historia de Colombia”, Pacifista!, marzo 16, 2016. Disponible en https://pacifista.tv/notas/asi-fue-el-paro-de-1977-el-mas-grande-y-violento-de-la-historia-de-colombia/
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