POR ALFONSO AVELLANEDA CUSARÍA
La bonanza minera lleva ya en Colombia alrededor de 40 años, desde el inicio de las grandes explotaciones de carbón a cielo abierto en Cerrejón de La Guajira.
A partir de la reforma al Código de Minas en el año 2002, que sacralizó esta actividad y que la puso como un bien público por encima del agua, el aire, los suelos y la vida misma, se han sacrificado y/o destruido miles de microcuencas hidrográficas a lo largo y ancho del territorio nacional y se ha conducido al desplazamiento forzoso por escasez de agua a millares de personas, especialmente población campesina.
En ese sentido, hay una gran deuda ecológica, social y económica de la minería con la sociedad colombiana.
El conflicto socioambiental vivido en las veredas de Sativa y La Bolsa del municipio boyacense de Paipa manifestado con contundencia y resistencia por los campesinos contra la explotación minera que además destruyó hitos históricos de las comunidades y de la Nación, constituye un hecho que nos convoca a todos a defender los territorios con agua, alma y vida de cualquiera forma de bienestar.
Ahora que comienza a abrirse la campaña electoral para elegir nuevos gobiernos locales la sociedad debe reflexionar a quiénes elige, si entre destructores del agua o protectores de este valioso recurso y el territorio.
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