POR OCTAVIO QUINTERO
Trabas legales y económicas que le dificultan el avance, no solo en programas sociales, prioridad de su gobierno, sino en el mismo desarrollo macroeconómico, viene destapando el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
En lo primero –lo social–, pone de ejemplo dos déficit que golpearán de frente (mañana mismo), las clases vulnerables y pobres: 1) El alza en los combustibles (gasolina, ACPM y gas) para enjugar los “casi $40 billones” que heredó y, 2) Otros $10 billones de subsidios, no incluidos en el presupuesto del año entrante, por ejemplo, Ingreso Solidario.
En lo segundo –lo macroeconómico– el Presidente ‘echa cabeza’ de dónde va a sacar los $60 billones que, dice, cuesta la Reforma Rural Integral contemplada en el punto 1 del Acuerdo de Paz… El Presidente habla de 3 millones de hectáreas de tierras “fértiles” que piensa entregar subsidiadas a familias campesinas… “para integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza y promover la igualdad”, pregona el Acuerdo, y hace parte de la narrativa de tierras expuesta por Petro, donde vaya.
En declaraciones a Caracol TV, el Presidente relaciona ese costo (60 billones) con el crecimiento de la deuda y se pregunta: “¿Qué pasa con el marco fiscal?”, y el mismo se responde: “El marco fiscal lo hizo Duque para que no pudiéramos cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc”; luego se rectifica: “Yo no creo que fuera el presidente Duque, pero ciertos funcionarios –afirma-, se dedicaron a poner poderosas minas al siguiente gobierno”…
El marco fiscal, en teoría, es la misma regla fiscal (Ley 1473/11) que, en términos generales, fija el conjunto de normas y regulaciones que deben estar contenidas en la Ley de Presupuesto anual y en el Plan de Desarrollo, desde los ítem de ingresos, egresos, impuestos, deuda interna y externa (pública y privada), básicamente.
Vale la pena alargar la cita de la entrevista, porque Petro colige, más adelante, que es un tema, el de la reforma agraria, “que hay que poner en discusión pública, ya”, tal vez, recordando algún apunte editorial que calificaba de “cortina de humo” su propuesta de recabar recursos para sacar de la indigencia a tres millones de “viejos y viejas sabias” que no alcanzaron a pensionarse… Frente a esas ligeras presunciones, Petro las califica de “burradas”, y él mismo aboga por una oposición a su gobierno “más inteligente”.
“¿Qué prefiere Colombia: no hacer la paz, hundirnos en la guerra?, o cambiar el marco fiscal para podernos endeudar con los señores dueños de la tierra”, reflexiona en torno al tema.
El problema del marco fiscal, vale aclarar, ofrece dos frentes de batalla externo e interno. En lo primero, el mundo neoliberal ha montado las llamadas calificadoras de riesgo (Moody’s, S&P, Fitch) que dictaminan qué país es digno de confianza crediticia, y dentro de la respectiva calificación: AAA, AA, A, BBB, básicamente, giran los montos que pueden recibir de los organismos multilaterales y de los inversionistas privados, y a qué tasas de interés. El sistema externo es tan perverso como el mismo interno de la banca nacional que impone tasas de interés confiscatorias, precisamente, a los más necesitados de crédito: personas naturales y emprendedores microempresarios.
En este frente, puede el gobierno presionar la deuda, pero el costo en amortizaciones y tasas de interés sería muy alto.
En el segundo frente (el interno), siguiéndole el juego a las calificadoras, el director del tanque de pensamiento neoliberal Fedesarrollo dice que “Colombia no tiene margen de endeudamiento”; eso no es cierto: al cierre de junio, el margen del país, con relación al PIB, estaba en 50,6%, según el Banco de la República; y según la regla fiscal vigente, puede subir hasta el 71%. En términos relativos, tiene un margen disponible de 20,4%, y en términos absolutos, de acuerdo con sus mismas cifras, tendría una mayor capacidad de endeudamiento en pesos de, aproximadamente, 311 billones.
Conclusión: la deuda a junio 2022, al cambio actual de $4.379,80, ascendería a $770.4 billones (50,6% del PIB) y subiendo al 71%, ascendería a $1.081 billones.
Pero modificar el marco fiscal pasa por un comité autónomo de 7 miembros, todos nombrados por el gobierno anterior… Es que las “jugaditas” no eran solo ingenuidades, como las del entonces senador uribista Ernesto Macías en la Presidencia del Congreso… ¿Qué la administración Duque intuía llegado el fin de la era derechista en el poder?, no cabe duda ya. Por eso se dedicó a sembrar de “poderosas minas” el camino del siguiente gobierno, como denuncia Petro.
Una evidencia, entre otras, puede ser la Ley 2155 del 14 de septiembre del 2021, que creó el referido Comité Autónomo de la Regla Fiscal (art. 61), que entró a operar en enero de este año. Los siete miembros iniciales, con periodo fijo de cuatro años: cinco nombrados a dedo por el Ministro de Hacienda, y dos por el Congreso (comisiones económicas), con la función primordial de hacerle seguimiento a la política macroeconómica del nuevo gobierno, con la debida animadversión, obvio; y aunque sus conceptos no son vinculantes, darán piso “ético” a los periodistas corporativos para masificar la oposición y alebrestar a las calificadoras de riesgo, en caso de que Petro desconozca sus conceptos técnicos.
Punto importante: se tuvo en cuenta de blindarlo, inclusive, a la influencia del mismísimo Ministro de Hacienda, su mentor inicial, al disponer que podría asistir a las reuniones “con voz, pero sin voto”: un convidado de piedra será el augusto José Antonio Ocampo, que puede cambiar solo dos miembros, y eso en el año 2024.
Fin de folio.- El uso que pueden hacer los grupos financieros del ahorro de los trabajadores en los fondos privados y la inflexible regla fiscal, dos temas candentes hoy, son fruto de sendas disposiciones del gobierno Santos.
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