POR FELIPE BETIM /
En la emblemática capital brasileña se libran las disputas entre mantener o transformar el modelo de explotación de la selva amazónica.
Lejos de la Amazonía, de la complejidad de sus conflictos y de la vida cotidiana de sus habitantes, el destino de la selva se decide en reuniones, comisiones y tribunales. Brasilia es el principal escenario político en el que se libran las batallas por el futuro de la Amazonía y en el que se renueva continuamente el viejo modelo de ocupación, sea cual sea el gobierno en cuestión.
Pero es también en la capital federal donde, dentro y fuera del Parlamento, se produce la resistencia y se discuten nuevos proyectos para el futuro del paisaje bioclimático.
La colonización y explotación económica del bosque no se produjo de forma natural o espontánea. Sólo fueron posibles porque el modelo económico neoliberal se articula y perpetúa en las instancias de poder de la capital brasileña.
Entre los principales temas que se discuten actualmente en Brasilia está la tesis del hito temporal, que define un límite a la demarcación de las tierras indígenas y moviliza tanto a los activistas medioambientales como a los ruralistas. Se trata de una demanda en el Supremo Tribunal Federal (STF) que argumenta que los pueblos indígenas sólo pueden reclamar las tierras donde estaban el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución.
La acción surgió de una disputa de tierras del grupo étnico Xokleng, pero la decisión servirá de referencia para todas las demarcaciones de tierras indígenas del país. El tema expone cómo, por un lado, la bancada ruralista y las instituciones vinculadas a la agricultura y la ganadería buscan expandir el sector en todas las tierras brasileñas, no solo en la Amazonía.
“No podemos aceptar de manera aleatoria que la demarcación indígena se haga sin tener criterios claros”, dijo el exdiputado federal Neri Geller, quien fue vicepresidente del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), la bancada ruralista.
A Geller se le revocó el mandato después de una entrevista con el portal web Diálogo Chino en junio, pero consiguió la aprobación en los tribunales para presentarse al Senado en las pasadas elecciones presidenciales del domingo 2 de octubre en Brasil. Aunque fue partidario de Jair Bolsonaro en los últimos años, el exdiputado apoya ahora al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera las encuestas en la carrera presidencial.
“La mayoría de los indígenas quieren hacer su desarrollo socioeconómico e integrarse con el hombre blanco”, añadió Geller.
Sin embargo, multitud de líderes indígenas se han manifestado en contra de la demanda. La tesis del hito temporal, dicen estos grupos, ignora las expulsiones, los traslados forzados y toda la violencia sufrida hasta la promulgación de la Constitución. Temen que se pierda el derecho a los territorios recuperados tras décadas de luchas y que aún están en proceso de demarcación.
“Estamos aquí reclamando todos estos derechos frente a los retrocesos y el ataque genocida que este gobierno (el de Bolsonaro) ha brindado a todos los pueblos indígenas en regiones de todo Brasil”, dijo Laura Parintintin, líder indígena y estudiante de ciencias sociales en la Universidad Federal de Santa Catarina, en un acto en Brasilia en junio.
Esta disputa no es reciente. La discusión en torno al hito temporal en el STF ilustra una batalla por la tierra que impregna toda la historia de Brasil, desde la colonización hasta el presente. “La formación del Estado brasileño se basa no sólo en las concepciones, sino también en las alianzas con estos actores [ruralistas] desde que Brasil es Brasil”, explica Mayrá Lima, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Brasilia e investigadora de las bancadas ruralistas en el Congreso.
En la actualidad, el FPA cuenta con 280 miembros y se reúne en torno a agendas relacionadas con la agroindustria. Paralelamente a la discusión del hito temporal en el STF, la bancada defiende la aprobación en el Congreso de proyectos de ley como la regularización de la minería en los territorios, los cambios en el licenciamiento ambiental -de los que Geller fue ponente-, la flexibilización de la aprobación de plaguicidas y la concesión de amnistía para la ocupación ilegal de tierras públicas. Este conjunto de proyectos fue bautizado por los ecologistas como el “paquete de destrucción”.
“Tenemos que avanzar en estos cuellos de botella que defendemos aquí en el Congreso”, dijo Geller. “Hay que conservar, pero ¿qué pasa con la gente que necesita comer?”, interrogó.
Mientras los proyectos vinculados a la reforma agraria o a la demarcación de las tierras indígenas están lejos de las prioridades de la bancada, los ruralistas del Congreso han conseguido un mayor respaldo político durante el gobierno de Bolsonaro.
“Todavía me siento diputado federal después de 28 años dentro de la Cámara y quiero decir que este gobierno aquí es de ustedes”, dijo el presidente Bolsonaro a los diputados de la bancada ruralista en un desayuno de trabajo en 2019, transmitido por TV Brasil.
Este respaldo explica el apoyo que los sectores vinculados al agronegocio dan a Bolsonaro. Dicha alianza se tradujo en la política de cero demarcaciones de los territorios indígenas por parte del actual gobierno ultraconservador y neoliberal, el desmantelamiento de los organismos de inspección ambiental, como el IBAMA -la autoridad ambiental nacional- y el ICMBIO (Instituto Chico Mendes para la Biodiversidad y la Conservación), y el vaciamiento del propio Ministerio de Medio Ambiente.
La cartera comenzó a actuar “para derribar la legislación ambiental”, según Suely Araújo, expresidente del Ibama y asesor legislativo de la Cámara de Diputados durante casi 30 años. “Los parlamentarios que actúan en favor del medio ambiente siempre han sido pocos. Pero las organizaciones de la sociedad civil que siguen al Congreso Nacional tuvieron en el Ministerio de Medio Ambiente un importante apoyo, independientemente del presidente. En el gobierno de Bolsonaro esto se invierte”, explica.
Ahora miembro del Observatorio del Clima, Araújo dice que su lucha en los últimos cuatro años en Brasilia “ha sido impedir, todo el tiempo, todos los días, el retroceso de la legislación medioambiental”. Dice que el modelo que opone el desarrollo económico a la preservación del medio ambiente, como sugiere Geller, está anticuado.
“Es lógico que [la Amazonía] necesite infraestructuras y servicios públicos, pero en su justa medida. Los modelos que no están diseñados para la Amazonía y la degradación del medio ambiente no son el futuro”, argumenta. “Lo que la Amazonía necesita es un bosque en pie, inversión en ciencia, tecnología y respeto y valoración de los conocimientos tradicionales”.
Según los sondeos electorales realizados hasta ahora, la expectativa es que las elecciones presidenciales promuevan un cambio de gobierno y, según especialistas como Araújo y Lima, un reajuste de las prioridades de Brasilia en materia indígena y ambiental.
Por otro lado, los últimos años del actual gobierno de Bolsonaro fueron importantes, dicen los jóvenes dirigentes, para que los grupos indígenas se organizaran y disputaran espacios de poder, como por ejemplo a través de las candidaturas de representantes de los pueblos indígenas a las elecciones nacionales y regionales.
“Es a través de estos espacios que podremos cambiar algo en la cuestión indígena, ¿no? Porque tenemos partidarios no indígenas, pero es diferente cuando está un familiar indígena”, afirma Thaira Pripra, estudiante universitaria que fue a Brasilia a protestar contra la marca temporal.
Según ella, la esperanza está en personas como Joênia Wapixana, la única representante indígena en el Congreso.
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