LA ROSA ROJA /
En medio de algunas facetas ridículas de la oposición uribista de ultraderecha que rayan en lo humorístico, el Congreso de Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca robustecer los procesos de participación de las comunidades en decisiones ambientales, garantizar el derecho a la información y mejorar el acceso a la justicia en temas ecológicos.
La aprobación el pasado 10 de octubre en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú por 120 votos a favor constituye un gran avance para Colombia en cuanto a ampliación de su proceso de democracia ambiental, más aún cuando este es uno de los países más peligrosos en la defensa de las causas ecológicas.
De esta manera, el Gobierno de Gustavo Petro en el lapso de dos meses que lleva su gestión logra sacar adelante en el órgano legislativo una ley que fortalecerá el tejido social y dará las garantías en la gestión ambiental de Colombia, en donde la filosofía neoliberal de ganancia a cualquier costo convirtió su territorio en enclave de las transnacionales extractivas de recursos minero-energéticos con efectos muy graves respecto a despojo de tierras de comunidades étnicas, desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos.
Colombia había firmado el Acuerdo de Escazú en 2019, pero el impresentable gobierno neoliberal de Iván Duque impidió que entrara en vigencia, frenando su ratificación en el Congreso de la República.
En la pasada campaña presidencial, Petro fue el único de los candidatos que asumió el serio compromiso de impulsar este instrumento internacional en el legislativo, y así lo hizo a partir de que asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto.
Alcances e impactos del Acuerdo de Escazú
En primer término y como bien lo explicó la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, de ahora en adelante con este tratado internacional el Estado colombiano deberá entregar información rigurosa a los ciudadanos respecto de los proyectos ambientales, lo que permitirá tomar mejores decisiones en los territorios.
Además con la implementación del Acuerdo de Escazú, Colombia podrá contar con justicia especializada en temas ambientales y se transparenta la información del Estado, pues se faculta a los ciudadanos para acceder a diseccionar todos los proyectos extractivos.
También se establece responsabilidad civil por actividades contaminantes. Es decir, se facilitara la prueba de daños ambientales y, así mismo, se abriría la posibilidad de condenar por daños punitivos y de exigir a los demandados la garantía de no repetición.
El Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a tener en cuenta las visiones interculturales y permitir la participación de la sociedad civil en su negociación.
El tema del medio ambiente se erige como derecho fundamental sin necesidad de acudir a criterios de conexidad con otros derechos humanos.
Aspecto nodal del avance en defensa del medioambiente es la protección de líderes. El Artículo 9 del tratado establece lineamientos para que el país tome medidas efectivas para la protección de los defensores de las causas ecológicas, por lo tanto el Gobierno de Colombia cuenta ahora con un mecanismo legal para poner en marcha mecanismos que permitan proteger, monitorear y hacer seguimiento de los múltiples conflictos socio-ambientales en el país.
Se logra también una modificación dentro de las estructuras de poder de los procesos de licenciamiento porque la relación entre quien solicita la licencia y las comunidades va a ser más horizontal.
Con la ratificación de este instrumento internacional Colombia espera que, en poco tiempo, deje de ser el segundo país con más líderes ambientales asesinados en el mundo y se pueda ejercer libremente el derecho al disenso, consolidando principios democráticos para las comunidades que quieran proteger ambientalmente sus territorios.
El reto para el Gobierno de Petro, una vez la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú pase a revisión de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, es cómo se va a implementar, aspecto en lo que jugarán papel trascendente las autoridades del sector encabezadas por el Ministerio de Medio Ambiente.
El Acuerdo de Escazú se adoptó el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica. Desde entonces, 24 países lo firmaron y el 22 de abril de 2021 entró en vigor gracias a que 12 países lo habían ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Además de Colombia, a estos países se sumará Chile, país que aprobó el Acuerdo en Congreso en junio de este año y que albergó también la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú en abril de 2022.
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