POR HORACIO DUQUE
A la gestión del presidente Gustavo Petro y a la implementación del programa del Pacto Histórico le han surgido distintos obstáculos y saboteadores que buscan afectar sus labores gubernamentales y la ejecución de sus principales estrategias.
En reciente encuentro con las comunidades indígenas del Cauca, Petro se refirió a esta circunstancia política señalando que: “El principal rival del Gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno representado por creencias, maneras de pensar y no simplemente por personas que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios a pesar de que el Presidente quiera”.
“Proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras. Entonces pasan dos, cuatro, ocho meses o un año, y se nos fue el tiempo”, afirmó en su dialogo con los indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Y agrego: ese enemigo interno “es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”.
Petro, identificó al enemigo interno como una manera de pensar.
Por supuesto, el gobierno del presidente Petro y su agenda de cambios tienen poderosos enemigos que en este caso se localizan en el Estado y en el aparato burocrático.
Veamos en que asuntos se ha puesto de manifiesto la obstrucción política.
El caso mas claro es el de la Reforma Rural Integral que ha retomado el punto primero de los Acuerdos de Paz de 2016. El gobierno ha dicho que hará uso de un mecanismo financiero especial que implica modificar el marco fiscal de mediano plazo y la denominada regla fiscal neoliberal que prioriza la deuda publica en el gasto público para comprar tres millones de hectáreas que se deben entregar a 12 millones de campesinos; enseguida saltó la liebre fiscal del Ministerio de Hacienda para advertir que el formato neoliberal no permite eso por los graves riesgos que conlleva y los mensajes equivocados a la especulativa comunidad financiera internacional de bancos y corporaciones multinacionales, acreedoras del Estado colombiano. Tremendo golpe a la reforma agraria y sus principales anuncios, (que debe ser contestado con decisiones oportunas y ágiles para no frustrar las expectativas de millones de campesinos, indígenas y afros), como la titulación de 700 mil hectáreas a resguardos y consejos comunitarios, los pasos dados para comprar las mejores tierras en manos de los ganaderos que las han ofrecido al gobierno, la entrega de 70 mil hectáreas incautadas a las mafias por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional sobre baldíos y los refuerzos a la Agencia de Desarrollo Rural encargada de dotar de las infraestructuras correspondientes a la agricultura.
La reforma tributaria es otro escenario plagado de hostilidades en que sus enemigos se mueven, solapada y abiertamente, desde los anclajes institucionales de una burocracia secuestrada por intereses corporativos hasta el ataque abierto de los gremios empresariales y sus seudos centros de pensamiento (que son más de propaganda) que consideran intocables las fortunas multimillonarias de un reducido núcleo de oligarcas privilegiados que se niegan a compartir sus descomunales fortunas vía la reforma tributaria en curso cuyo objetivo es el recaudo inicial de 25 billones de pesos, para completar en el transcurso de 48 meses casi 120 billones de pesos, que son necesarios para financiar las políticas sociales del gobierno popular del Pacto Histórico y el Plan de Desarrollo que persigue hace de Colombia una “potencia de la vida”.
De igual tenor son las arremetidas contra la transición energética y la Ministra de Minas y Energía que ha sido sometida a una cascada de mentiras y falsificaciones por parte de las empresas del sector, las mineras, las gasíferas y de los hidrocarburos que siguen empeñados en mantener un modelo de energías obsoletas y contaminantes, negándose a caminar la ruta de las energías alternativas y respetuosas de la naturaleza y el medio ambiente.
Ni que decir de la Junta Directiva del Banco de la Republica la que sustentada en su supuesta autonomía se empeña en mantener, a como de lugar, el recetario neoliberal monetarista con las altas tasas de interés que agravaran los procesos recesivos e inflacionarios de la economía global capitalista, provocando mas desempleo, hambre y violencia social.
Lo de la salud es como para coleccionar en materia de “guerra sucia” contra los planes de reforma y ajustes que impulsa la ministra Carolina Corcho; aquí las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que son las dueñas del negocio de la salud, han promovido varias oleadas de ataques periodísticos en los oligopólicos medios nacionales de (in)comunicación para descalificar el nuevo modelo alternativo que implica eliminar su abusiva intermediación financiera y la organización de un nuevo sistema que dé prioridad a la atención primaria de la mano de los municipios, comunidades y departamentos. Las poderosas EPS nos quieren hacer creer que son imprescindibles en la gestión de la salud cuando son ellas mismas el corazón de la crisis sanitaria y hospitalaria del país. Las EPS que son la expresión de la mercantilización de la salud, fueron creadas mediante la Ley 100 durante el gobierno neoliberal del impresentable César Gaviria y el impulso desde el Senado de la República, en aquel entonces, del cuestionado Álvaro Uribe Vélez. Su descalabro ha sido cíclico con el derrumbe de poderosos corporaciones como SaludCoop, Coomeva y otras cuyo colapso se llevó por delante la salud de millones de colombianos, dejando en la impunidad macro procesos de corrupción y deudas con clínicas, médicos y droguerías que quedaron sumidas en la bancarrota.
Pero los enemigos del actual gobierno y su plataforma programática no son solo los que hemos citado. Están los enemigos abiertos y directos que ya tienen una prematura movilización pública hecha para descalificar y denostar las banderas y los lideres de la administración progresista. Se trata de la ultraderecha neonazi militarista “duqueuribista” que ataca por todos los flancos y utiliza todos los arsenales de su poder para intentar bloquear la ruta de reformas democráticas aprobadas por las mayorías populares. El próximo 27 de octubre está citada por esta rancia ultraderecha una nueva acción en las calles con el fin de crear un clima de inestabilidad y zozobra entre la multitud para afectar el gobierno nacional.
Estas reacciones no deberían sorprender a nadie en el campo político de la izquierda. Son obvias y apenas naturales. La ultraderecha es implacable y feroz en su estratagema contrarrevolucionaria.
Lo preocupante es el descuido y negligencia de los partidos, movimientos y lideres del bloque popular que, sumidos en cierto triunfalismo y en la prepotencia burocrática, no reaccionan adecuada y oportunamente frente a las peligrosas movidas de los adversarios al cambio popular que está en camino con el liderazgo de Gustavo Petro.
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