POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
El presidente Gustavo Petro, prometió, en su campaña, una reforma tributaria por $60 billones, que iban a ser recaudados con los impuestos que, ahora sí, serían obligados a pagar los megas ricos que nunca han pagado dichos tributos. También prometió que eliminarían las exenciones consagradas en el régimen tributario vigente, equivalentes a más de $60 billones que anualmente dejan de pagar los gremios económicos y las empresas multinacionales, a cambio de crear empleos que nunca crean y, que penalizarían la evasión y la elusión; delitos que cometen cada año, si no todos, una gran parte del empresariado y los dueños de las grandes fortunas, bien o mal habidas, que terminan en paraísos fiscales para evadir el pago de obligaciones económicas con la hacienda pública nacional. Con estas prácticas delincuenciales dejan de ingresar a las arcas del Estado colombiano otros 40 o mas billones de pesos.
Aquellas promesas eran más que justificadas, si tenemos en cuenta que las minorías acaudaladas y los gremios económicos, apenas tributan algo más del 14% de la renta que se recauda anualmente, monto que, comparado con el 27% que paga en promedio, el sector privado en los demás países de América Latina, resulta irrisorio. Los recursos que se pretendían recaudar con la reforma anunciada serían utilizados, según lo anunciado por el señor Presidente, para amortizar la deuda externa, mitigar el hambre, superar la pobreza, generar empleo, garantizar educación gratuita y alcanzar la paz con justicia social.
El estallido social de abril de 2021 fue precisamente contra la reforma tributaria que pretendió imponer el impresentable gobierno Uribe–Duque, en la cual conservaban y protegían los privilegios de las oligarquías y sobrecargaba de impuestos a las clases medias y a los medianos, pequeños y microempresarios; cargas, que harían más penosa la existencia de este sector que genera mas del 80% de empleos en Colombia, sin contar con ninguna clase de privilegios fiscales. Para remate, extendía el IVA a la canasta familiar, con lo cual agudizaba el hambre, la pobreza y la injusticia social.
La verdad sea dicha, con la reforma anunciada por el Gobierno del Cambio, los gremios económicos, banqueros, industriales, terratenientes, ganaderos, hacendados, comerciantes, consorcios de grandes extensiones, cadenas hoteleras, monopolios de los medios masivos de comunicación, las iglesias, consorcios petroleros y de la minería y demás de su especie, vieron amenazados sus intereses y privilegios que en su ideología, consideran inamovibles en una sociedad capitalista como la nuestra, la tasa de ganancia, la acumulación de capital y la reproducción ampliada del capital.
Esta es la razón por la cual siempre han financiado las campañas electorales de los partidos, movimientos y coaliciones de gobiernos anteriores, incluida la alianza mafiosa que sostuvo el gobierno anterior. Gobiernos que no solo protegen sus haberes y beneficios, sino que actúan como sus empleados para garantizar “la acumulación ampliada de capital”, así denominada por el Presidente, sin importar que las fortunas acumuladas provengan del narcotráfico, las gabelas tributarias, la evasión y la elusión, la corrupción y el saqueo de los recursos públicos.
En esta oportunidad, pese a las millonadas invertidas por el sector privado y del narcotráfico, para imponer sus candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso, amén de la guerra mediática para aniquilarlo, Petro los derrotó en los comicios presidenciales y conquistó una significativa bancada parlamentaria del Pacto Histórico, pero no logró derrotarlos en el órgano legislativo. Fue, sin duda una victoria histórica, pero quedó el flanco débil del Congreso, el talón de Aquiles de su proyecto político de “cambio histórico”, que cuenta con amplio respaldo entre las clases medias empobrecidas, los pobres y los miserables, es decir, los “nadie”.
Como si hubiera sido fríamente calculado, con excepción del uribista Centro Democrático, la mayoría de los partidos y movimientos de la derecha derrotados, acudieron al llamado del Presidente para conformar una coalición amplia, que permitiera “sacar adelante su programa de gobierno”; incluso, han aprobado proyectos de alcance democrático y progresista, como la “Paz total”, la eliminación del servicio militar obligatorio y su reemplazo por el servicio social para la paz, la prohibición del fracking, la ley de presupuesto 2023, el Acuerdo de Escazú, la legalización del cannabis para uso adulto, entre otros y, avanzan en aspectos importantes de la reforma política.
Pero, para elaborar y tramitar la propuesta de reforma tributaria, desde su confección hasta su presentación, el proyecto fue víctima del fuego cruzado, de sus enemigos, tanto desde dentro del gobierno, como desde el uribato y sus aliados. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que asumió el cargo con programa propio, prestó su concurso para someter la propuesta de campaña a severas, sucesivas y cuantiosas mutilaciones. En total fueron cuatro mega recortes, de 60 billones se redujo a 50 billones, luego a 25.9, seguidamente a un poco más de 22 billones y finalmente a 19 0 20 billones. En síntesis, quedó reducida a la tercera parte del monto reiteradamente anunciado a lo largo de la campaña presidencial y los envalentonados opositores de la derecha declararon que seguirán presionando para reducirla a 9 u 11 billones, es decir, a su mínima expresión.
Feroz guerra mediática
Tan drástica reducción, fue el resultado de la feroz guerra mediática desatada por los dueños del país, orquestada por banqueros y empresas petroleras norteamericanas, a través de los monopolios de comunicación masiva y sus bodegas o plataformas virtuales. No se ahorraron declaraciones de expertos, gremios, facultades de economía de las universidades de élite, exministros de Hacienda, expresidentes, congresistas, etc., para descalificar, tergiversar y sustentar la inviabilidad del proyecto de reforma que calificaron de exorbitante, anticonstitucional, que causaba pánico económico, propiciaba la fuga de capitales, provocaba el cierre de empresas y la pérdida de empleos, atentaba contra la industria petrolera, la inversión extranjera y los tenderos porque encarecía el pan, el salchichón y las gaseosas (la comida de los pobres según ellos) y violaba el derecho a la exención de gravamen de las pensiones.
Acusaron la reforma, al Presidente y a su joven ministra de Minas, por sus declaraciones supuestamente imprudentes, de ser responsables de asustar los mercados y disparar la devaluación del peso (dólar acercándose a los $5.000) y la inflación, fenómeno mundial causado, principalmente, por la crisis económica global en curso, la guerra ruso-ucraniana y la elevación de las tasas de interés por el gobierno de los Estados Unidos, precisamente para trasladar el peso de su crisis al resto de países del mundo y retrasar la recesión que acecha al coloso del norte. Sembraron el pánico y hasta convocaron e hicieron tres movilizaciones que, con excepción de las realizadas en Medellín y Bucaramanga, fracasaron en el resto del país.
Pero, la realidad es que, a pesar de haber sido derrotados para continuar en el gobierno, notificaron al mandatario y al pueblo que siguen siendo los dueños del poder económico, de una gran parte del poder político y del poder mediático, al punto que obligaron a retirar del proyecto aspectos vitales para su propuesta de Plan de Desarrollo. El propio Presidente, en rueda de prensa, anunció el retiro del impuesto a las mega pensiones que devengan entre seis y ocho mil personas en Colombia, que son excongresistas, expresidentes, exministros, exmagistrados, exembajadores, exgerentes de empresas del Estado, etc. y, que se modifica la tributación de los impuestos al carbón y al petróleo, la cual pasará a depender de los precios internacionales de estos recursos de la nación, explotados por empresas multinacionales. Afortunadamente, ratificó que las regalías que pagan por la explotación de estos recursos “no se deducirán del impuesto de renta”, como se venía haciendo. También informó que los propósitos centrales de la reforma son dos, “aumentar la capacidad de pago del país”, es decir, de la deuda externa y, “aumentar la justicia social en Colombia”. El tercer eje de su política anunciada, la justicia ambiental, no aparece contemplado, al menos en su declaración.
El gobierno debe presentar, a comienzos del próximo año, la propuesta de Plan de Desarrollo, se supone que, en buena parte, contemplará la ejecución de los recursos que aportará la reforma tributaria, para dar cumplimiento a su programa gubernamental. Para su confección se realizarán encuentros regionales vinculantes, un ejercicio democrático de planeación participativa, cuyas conclusiones serán, sistematizadas e incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Si la planeación participativa es el ejercicio para definir colectivamente las prioridades más urgentes de la población y distribuir los recursos escasos para su solución que, según lo ha explicado reiteradamente Petro, son el hambre, la pobreza, el desempleo, la educación, la salud y la paz, entre otros, debemos preguntarnos si con la tercera parte de lo que estaba previsto recaudar, el gobierno podrá cumplir el programa con el que logró llegar a la Presidencia de la República.
Otras preguntas que es preciso hacer son: ¿contempla el proyecto de reforma la eliminación de los privilegios tributarios que los amos del país se niegan a perder? ¿Se va a penalizar la evasión y la elusión que buena parte del sector privado practica? Si la respuesta es positiva, ¿cuál es el monto real de los recursos que se recuperarán por este concepto?
Con el mayor respeto, la percepción que queda del trámite de la reforma tributaria es que el round de los primeros cien días, por lo menos en materia de recaudos financieros, lo está ganando la oligarquía. Es necesario dejar claro, que solo los de abajo, las clases trabajadoras, los sectores populares, la juventud, la comunidad educativa y en general el pueblo colombiano, que acogieron el programa de gobierno de Gustavo Petro, podrán defender, con la organización y la movilización, mediante el ejercicio de la democracia en las calles y las plazas públicas, las reivindicaciones que, desde las tribunas, prometió el entonces candidato presidencial del Pacto Histórico.
Nota: El pasado miércoles 2 de noviembre fue aprobado el proyecto de reforma tributaria por 20 billones en el Senado y ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde el uribato así como el ultraderechista partido Cambio Radical de Vargas Lleras insisten en reducirla aún más.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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