POR CARLOS NORIEGA /
Acosado por una derecha que buscó siempre su salida y debilitado por falencias de su gobierno, Pedro Castillo Terrones anunció este miércoles 7 de diciembre una decisión inconstitucional como el cierre del Congreso, lo que precipitó su salida, siendo reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, que se convierte en la primera mujer en asumir la Presidencia en la historia del Perú.
Boluarte ha solicitado una tregua y anunció un gobierno de unidad nacional con participación de “todas las fuerzas políticas”. Minutos antes de su juramentación, el Congreso había destituido a Castillo con 101 votos a favor, solamente 6 en contra y 10 abstenciones, por haber intentado el cierre inconstitucional del Congreso, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado.
Mientras Boluarte juraba en el Congreso como Presidenta de la República, Castillo estaba detenido en una dependencia policial. Hubo manifestaciones, no muy concurridas, a favor y en contra de Castillo. Se dieron enfrentamientos entre ambos grupos. Manifestantes pidieron que se vayan el Congreso y la recién juramentada Presidenta y se convoque a elecciones generales adelantadas.
Presidencia convulsionada
El maestro rural y sindicalista Pedro Castillo tuvo una Presidencia convulsionada en grado superlativo. Desde un inicio enfrentó los intentos de la derecha parlamentaria, bloque en el cual ha predominado la ultraderecha, para destituirlo. Pero también se debilitó por el abandono de las propuestas de cambio que despertaron muchas esperanzas, las serias falencias de su gestión, reiteradas muestras de inoperancia, cuestionados nombramientos y escándalos de corrupción.
Castillo ganó sorpresivamente las elecciones de 2021. En unos comicios atomizados pasó a la segunda vuelta con 19 por ciento de los votos y en el balotaje derrotó ajustadamente a la cuestionada dirigente de la ultraderecha peruana Keiko Fujimori. Hasta ese momento era un personaje ajeno a la clase política, que se había hecho conocido por encabezar una larga huelga magisterial en 2017. De origen campesino y andino, la mayoría de los sectores históricamente excluidos se identificaron con él, lo veían como uno de los suyos llegando por primera vez a la Presidencia. Ganó las elecciones con un discurso de cambio del modelo económico neoliberal y reivindicación de esos sectores marginados. Y con la promesa de convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución neoliberal heredada de la dictadura fujimorista. Esas promesas no se cumplieron. Castillo mantuvo el discurso de cambio, pero no aplicó medidas de gobierno para llevarlas a la práctica. Y la Asamblea Constituyente no pudo despegar por la oposición del Congreso controlado por la derecha.
Acoso permanente
La derecha intentó desconocer el legítimo triunfo electoral de Castillo aduciendo un inexistente fraude electoral. Ese primer intento golpista de impedir que asuma la Presidencia fracasó. Pero los ataques no cedieron. Desde el primer día de su gobierno, esa extrema derecha maniobró para destituirlo. Castillo asumió con minoría en un Congreso controlado por diversos grupos de derecha. Ganó las elecciones como candidato del partido Perú Libre (PL), que se define como marxista-leninista, aunque Castillo siempre negó ser comunista. Su gobierno se inició como un frente progresista, al que se sumaron otros sectores de izquierda ajenos a PL. Pero las divisiones internas estallaron rápido y en seis meses se rompió ese frente. Luego fue separado de PL. Se rodeó de un entorno que lo aisló políticamente y lo complicó seriamente con sucesivos escándalos de corrupción.
Cuando apenas había cumplido cuatro meses de gobierno, la ultraderecha presentó un primer pedido para destituirlo alegando “incapacidad moral permanente” del Presidente por denuncias de corrupción que estaban en investigación. Esta ambigua figura se presta para la arbitrariedad si se tienen los votos necesarios. Las denuncias contra Castillo estaban basadas en testimonios no corroborados. Con 46 votos, ese primer intento de destitución quedó lejos de los 87 necesarios, dos tercios del Congreso unicameral, para ser aprobado. En marzo la derecha volvió a intentar sacar al Presidente por la misma causa y los mismos argumentos. Volvió a fracasar al lograr solo 55 votos.
En octubre la Fiscalía presentó al Congreso una denuncia contra Castillo acusándolo de encabezar una organización criminal para direccionar licitaciones públicas. La acusación se sustentó en testimonios de exfuncionarios de su gobierno y empresarios que sindicaron a Castillo de cobrar sobornos. Los acusadores de Castillo están siendo procesados por corrupción y han canjeado sus testimonios acusatorios contra el hasta hace poco Presidente por beneficios judiciales. Esta denuncia fiscal dio lugar a que en el Congreso se le abra un juicio político, otro camino para destituirlo, a pesar que la Constitución no permite acusar a un mandatario en ejercicio por los delitos que la Fiscalía le imputa a Castillo, solo puede ser procesado por traición, cerrar inconstitucionalmente el Congreso o impedir las elecciones. En base a esta denuncia fiscal, la oposición parlamentaria armó un tercer proceso de destitución del mandatario por “incapacidad moral permanente”, que se debía ver este miércoles 7 de diciembre, pero antes Castillo cerró el Congreso. Había una gran incertidumbre si se alcanzarían los 87 votos para destituirlo.
Acusación absurda
Antes de este tercer pedido de destitución, la oposición parlamentaria le abrió a Castillo otro juicio político, en este caso por traición a la patria. Una acusación absurda, sin fundamento, basada en una declaración periodística del mandatario en la que expresó su simpatía con la demanda de Bolivia de una salida al mar y habló de la posibilidad de un referéndum para consultar a los peruanos si respaldan esa demanda, lo que nunca se llevó a la práctica. A pesar de lo insólito de esta acusación, una comisión parlamentaria la aprobó en primera instancia, pero el Tribunal Constitucional anuló ese proceso señalando que no tenía sustento.
Otra maniobra en el Congreso para sacar a Castillo fue aprobar hace unos días una norma que permite “suspender” al Presidente por incapacidad temporal con 66 votos en lugar de los 87 necesarios para la destitución. La Constitución permite una suspensión temporal del Presidente, pero referido a problemas de salud u otros que le impidan ejercer temporalmente la presidencia. La derecha pretendía aplicarla alegando las denuncias de corrupción contra Castillo. Era el Plan B de la derecha si no lograban los 87 votos para la destitución por “incapacidad moral permanente”.
En ese contexto de acoso de la derecha, y de serios problemas y debilidades de su gobierno, así como de denuncias de corrupción en su contra, Castillo apostó por contraatacar anunciando el cierre del Congreso -con lo que cayó en el golpismo que le criticaba a la derecha- pero se quedó solo y ha terminado detenido.
Suicidio político
La decisión que tomó Castillo le salió muy mal. Lo suyo fue un suicidio político televisado. El “gobierno de emergencia excepcional” no duró nada. Tres horas después de ese intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso -el Presidente puede cerrar el Congreso pero solamente si antes éste niega dos votos de confianza al Ejecutivo, lo que no había ocurrido- Castillo era destituido y apresado.
Mientras en el Congreso se ponía a votación su destitución y estaba cantado el resultado, Castillo abandonó el Palacio de Gobierno. Circuló el rumor que iba a la embajada de México a pedir asilo, pero fue detenido y llevado a una dependencia policial. Su derrota estaba consumada. Le espera un proceso penal por intentar dar un golpe de Estado, un delito que tiene una pena de entre 10 y 20 años. El gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha ofrecido asilo.
Solitario final
Resulta inexplicable cómo Castillo se lanzó a anunciar el cierre del Congreso sin tener respaldo para sostener esa decisión. Se quedó solo inmediatamente después de hacer ese anuncio. Sus ministros comenzaron a renunciar uno tras otro denunciando que rechazaban lo que calificaron como un golpe de Estado. No fueron consultados antes que Castillo decida cerrar el Congreso. Todas las instituciones rechazaron el intento golpista lanzados desde el Ejecutivo. Por algo más de una hora hubo incertidumbre sobre la postura que adoptarían los militares, si apoyarían a Castillo en el cierre del legislativo o se opondrían a una medida inconstitucional. La incertidumbre se disipó cuando los militares se pronunciaron anunciando que no obedecerían la decisión de Castillo de cerrar el Congreso. La derrota del todavía Presidente estaba consumada.
Comienza la era presidencial de Boluarte
Caído Castillo, asumió la Presidencia de la República la abogada y defensora de derechos humanos, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de 60 años, oriunda de la ciudad Chalhuanca en el departamento del Apurímac. Lo hizo ante el Congreso.
“Como todos conocemos se ha producido un intento de golpe de Estado”, comenzó Boluarte su primer mensaje como Presidenta inmediatamente después de juramentar. Antes ya había tomado distancia del intento de Castillo de cerrar el Parlamento en un mensaje por Twitter.
Boluarte felicitó que “todas las instituciones” hayan rechazado esa decisión de Castillo.
“Asumo el cargo de Presidenta constitucional siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca. Mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, señaló Boluarte en ese primer mensaje como primera mandataria.
“Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional”, pidió a los legisladores que acosaron sin pausa al gobierno de Castillo. “Solicito -agregó- un plazo, un tiempo valioso, para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”. Está por verse si la derecha que desde el Congreso apostó a la desestabilización y al golpismo contra Castillo está dispuesta a darle esa tregua.
La nueva Presidenta anunció “un gabinete de todas las sangres donde estén representadas todas las fuerzas democráticas”.
Boluarte era poco conocida en el ambiente político hasta que llegó a la Vicepresidencia de la República de la mano con Castillo. Ha sido militante de Perú Libre (PL), el partido que llevó a Castillo al gobierno, pero hace unos meses fue expulsada. Asume la Presidencia sin tener un partido que la apoye, sin una bancada propia, enfrentada a PL y con una derecha parlamentaria que ya ha demostrado estar dispuesta a todo para defender sus intereses subalternos. La tiene muy complicada.
Página/12, Buenos Aires.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
