POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Compañeros y compañeras docentes pensionados de Colombia, en este año que termina fuimos actores de la derrota política electoral del expresidente Álvaro Uribe y sus 30 años hegemónicos con su política de muerte y su inhumano modelo neoliberal; votamos por el principio de esperanza para cambiar la historia, que significó la elección del presidente Gustavo Petro Urrego y su vicepresidenta Francia Márquez Mina. Nos declaramos a la expectativa de que el gobierno del cambio realice las reformas que traigan al pueblo colombiano la paz más completa posible, restituya los derechos conculcados a la clase trabajadora, supere la pobreza, el hambre y la miseria en que dejaron al país las mafias que nos gobernaron y, garanticen empleo, salud y educación gratuita, universal y de calidad a la niñez y la juventud colombianas.
Somos conscientes de la crisis recesiva que atraviesa la economía de los países desarrollados, en especial de los EE.UU. y de las crisis climática, civilizatoria y humanitaria, causadas por dichas naciones, que amenazan la vida del planeta y de la especie humana, que, por supuesto, repercuten en nuestro país, porque son determinantes en la devaluación del peso, la inflación y el encarecimiento del costo de vida, el hambre, la pobreza y el desempleo que azotan a la mayoría de nuestro pueblo. Situación, que junto con la desmesurada deuda externa heredada de los mafiosos gobiernos anteriores, será un obstáculo o un pretexto para avanzar en las reformas democráticas prometidas.
Nos declaramos en estado de alerta frente a la amenaza que representan las mayorías que la extrema derecha y la derecha siguen manteniendo en el Congreso de la república que, patrocinados por el poder económico, siguen teniendo los verdaderos dueños del país, para sacar adelante las reformas democráticas que se requieren para hacer realidad el cambio prometido y, expresamos nuestra disposición a defender en las calles y las plazas públicas, si fuere necesario, para respaldar los proyectos de reformas por las que la ciudadanía votó mayoritariamente y que el gobierno y las bancadas progresistas deben presentar a consideración del Congreso.
Ya somos, aproximadamente, 235.000 los y las docentes que disfrutamos de una pensión más o menos digna, conquistada en épicas luchas de todo el magisterio unido y orientado por FECODE y consagrada en el Estatuto Docente (Decreto Ley 2277 de1979). Quedan pocos maestros y maestras (pensionados/as activos/as) amparados por el estatuto logrado con la lucha callejera y pronto llegarán a la edad de retiro forzoso. Con su retiro, esta conquista dejará de existir y el gremio docente quedará integrado solo por docentes del nuevo Estatuto “de la Profesión Docente”, (Decreto 1278 de 2002), impuesto por el gobierno conservador de Andrés Pastrana, por orden del Banco Mundial y el FMI, con el cual le quebraron el espinazo a FECODE e impusieron, desde 2.003, a los y las nuevos docentes un régimen laboral y profesional más gravoso y despojado de las garantías consagradas en el Decreto Ley 2277 que sufrirá entierro de tercera.
La imposición del nuevo estatuto, fue acompañada de una campaña sistemática de odio contra FECODE, orquestada por el gobierno neoliberal a través de los medios masivos de comunicación que dio los frutos esperados, porque los cientos de miles de docentes sometidos al nuevo régimen desde 2003, se encuentran divididos en tres partes, una parte dispersada en 50 o más pequeñas organizaciones sindicales, decenas de miles también dispersos, que se niegan a organizarse sindicalmente; estos dos tercios odian a FECODE y, una tercera parte que decidieron afiliarse a los sindicatos filiales de la federación. La unidad fue resquebrajada y el magisterio atomizado, gracias a la estrategia divisionista neoliberal que FECODE ni supo, ni pudo derrotar.
Nosotros y nosotras, más de 200.000 jubilados, en uso de buen retiro, con la satisfacción del deber pedagógico y de lucha por la dignidad de nuestra profesión cumplido, pero con la frustración de no haber podido dejar nuestras conquistas como herencia a las nuevas generaciones de educadoras y educadores colombianos. Fuimos sorprendidos, en la tranquilidad de nuestros refugios familiares, por los gobiernos mafiosos y neoliberales, a quienes, sabedores de nuestra dispersión organizativa, se les hizo fácil despojarnos de nuestros derechos adquiridos para resolver las crisis recesivas que, de manera recurrente, sufren las economías del sistema capitalista nacional y mundial. En Grecia, España y Portugal, por ejemplo, redujeron las mesadas pensionales a un pírrico monto inferior al salario mínimo.
En Colombia, decidieron proteger y favorecer los intereses del capital financiero mediante la privatización de la salud y la creación del nuevo sistema pensional basado en el ahorro individual y administrado en fondos privados de pensiones, a los pensionados nos obligaron cotizar el 12 % de nuestras mesadas a ese sistema privado de salud, que equivale al triple de lo que cotizan los trabajadores activos (4 %) y, dispusieron que nuestras mesadas se incrementaran de acuerdo con el índice de Precios al Consumidor (IPC) de cada año; es decir, un incremento inferior al que se negocia anualmente para el salario mínimo. Con esta injusta medida nos sometieron a un proceso de precarización de nuestras mesadas, con la secuela de nuestro empobrecimiento progresivo; al punto que, en los últimos 12 años, el poder adquisitivo de nuestras mesadas se redujo en un 38.8 %, sin contar los efectos del 8% que nos obligan a aportar para, supuestamente, “subsidiar la salud de los más pobres”. Además, el cuestionado expresidente Uribe despojó de la mesada 14 a quienes se han posesionado a partir de 2.006 y les hizo más pesada su precaria situación.
A los cerca de 235.000 docentes pensionados/as, junto con los maestros y las maestras activos, nos prestan pésimos servicios médicos las empresas privadas contratadas por el Fondo de Prestaciones Sociales que administra la Fiduciaria La Previsora. Pero en razón de nuestra condición de docentes pensionados, adultos mayores, la situación es peor, puesto que, además de la mala calidad del servicio, en los 30 años de salud privatizada jamás se ha incluido un capítulo de medicina geriátrica, pese a que aportamos para este servicio cerca de $1.2 billones anuales. No obstante, no se sabe por qué, la junta directiva del fondo, compuesta por tres representantes del gobierno y dos representantes de FECODE, persisten en seguir contratando el servicio de mala calidad que cada vez que se renueva empeora aún más. Y, para colmo de males, pese a que somos más de 200.000, tampoco cuentan con nuestra opinión para contratarla, porque no estamos representados en dicha junta.
A esta situación hemos llegado porque, a pesar de que somos cientos de miles, no contamos con una poderosa organización nacional que se apersone de la defensa de nuestros derechos adquiridos, debido a que jubilados y jubiladas crearon pequeñas asociaciones departamentales y municipales, cuyas directivas se dedican a realizar actividades sociales de recreación, cursos de baile, ejercicios, grupos culturales, etc., con la buena intención de propiciar bienestar, integración y buen vivir a sus asociados y asociadas, pero se perdió la comunicación y el intercambio entre los pocos asociados/as de cada entidad territorial y nacionalmente.
Hemos dejado a las futuras generaciones una gran lección: los derechos conquistados fueron el fruto de la unidad, la organización y la lucha, no fueron dádivas de los gobiernos bipartidistas, sino conquistas que nos costaron represión, despidos colectivos, encarcelamientos, persecución, asesinatos, y muchos sacrificios más. Las amenazas que nos acechan, requieren de la recuperación de nuestro espíritu de unidad, de organización y de lucha para construir una gran organización nacional que agrupe las organizaciones departamentales de pensionados y pensionadas, junto con la ANEP y sus 14 subdirectivas departamentales, para defender nuestros derechos amenazados por la voracidad de gobiernos neoliberales y rescatar los que nos fueron arrebatados.
El reto es crear un mecanismo de coordinación entre las organizaciones departamentales existentes, junto con la ANEP, que fue un positivo esfuerzo por unificar y centralizar la lucha de los 230.000 pensionados y pensionadas docentes de Colombia. Lo que proponemos es la conformación de una gran Federación Colombiana de educadores y educadoras pensionados –FECODEP– Que asuma la tarea de fortalecer cada una de las organizaciones de pensionados y pensionadas docentes departamentales existentes, para orientar las luchas nacionales conjuntas, por la defensa de nuestros derechos y la conquista de nuestras reivindicaciones. Juntos y juntas podemos más y nos haremos fuertes. Con nuestra fortaleza, defenderemos nuestros derechos y lograremos nuevas conquistas. Es urgente convocar un encuentro nacional de organizaciones de docentes pensionados para acordar el plan de acción y las tareas que desarrollemos con miras a alcanzar este noble y determinante propósito unitario.
*Docente pensionado, exvicepresidente de FECODE, cofundador de la CUT y directivo de ANEP, Seccional Bogotá. Administrador de la Red Nacional de Docentes Pensionados. WhatsApp. 3106667801.
Página web: www.larosaroja.org
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