POR LEYDIS LINERO PALMA /
La transnacional Glencore pretende descargar sobre Colombia y sus trabajadores la crisis ambiental mundial generada por el carbón
La activación de la discusión sobre la crisis mundial del carbón que ha ocupado titulares de prensa en las últimas semanas se relaciona estrechamente con las políticas que diferentes gobiernos han tomado respecto al mejoramiento del cambio climático utilizando energías limpias o energías verdes.
Dichas decisiones han sido resultado de la resistencia mundial ejercida por los movimientos ambientalistas y de la gente común frente al tema de las privatizaciones de los servicios públicos desde hace más de tres décadas.
Recordemos que el tema del deterioro del medio ambiente y el cambio climático toma plena forma legal desde junio de 1988 cuando James Hansen, quien pertenecía a la Comisión de investigación científica del Senado de Estados Unidos, puso en el centro de la discusión la cuestión del medio ambiente. En el mismo mes, se realizó en Toronto Canadá la primera Conferencia Mundial sobre la Atmósfera Cambiante y en 1992 se realizó la Primera Cumbre de la Tierra con la participación de los gobiernos del mundo, la cual se desarrolló en la ciudad de Río, en Brasil, donde se firmó el primer acuerdo marco de la ONU sobre el cambio climático.
En 1997, se adoptó el Protocolo de Kioto que establece los primeros objetivos para reducción de emisiones. En contravía a lo anterior, el mismo año se creó el Tratado del Libre Comercio de América del Norte y, en 1994, la Organización Mundial del Libre Comercio (OMC). Al tiempo que se negocian los primeros acuerdos para mejorar el medio ambiente, se gesta la OMC al parecer con el objetivo de supeditar estas organizaciones ambientalistas a sus intereses. Ejemplo de ello es la constancia que dejó la Cumbre de la Tierra en 1992: “las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o justificar ninguna restricción encubierta al comercio internacional”. Lejos de plantearse maneras de contribuir a la protección del clima, la OMC se aseguró que las políticas tendientes al mejoramiento del medio ambiente no afectarán la economía global que iniciaba su expansión pese a que se tiene conocimiento de que la globalización de los sistemas agrícolas ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero así como la industria extractivista de combustibles fósiles.
Pese a las presiones ejercidas por la OMC y dada la influencia de los movimientos ambientalistas y la inconformidad de la gente, se han logrado algunos avances importantes en la transición hacia las energías verdes, como es el caso de Alemania donde se han realizado varios referendos sobre el tema en diferentes ciudades. Por ejemplo, en el 2013 en Alemania, el 25% del suministro de energía fue eólica y solar y se proyecta que, para el 2035, entre el 50% y el 60% se espera sea limpia. En ese mismo sentido, vienen trabajando los países nórdicos, el norte de Estados Unidos, Brasil, Bolivia y Ecuador.
Las multinacionales extractivistas de combustibles fósiles deberían invertir un porcentaje de sus ganancias al estudio de energías alternativas limpias renovables. Pero se conoce que, para el 2011, estas empresas solo invirtieron el 1% en dichos estudios y los recursos estatales invertidos en ellos son poco significativos. Estas empresas tienen conocimiento de que sus productos provocan un alto daño al medio ambiente por las altas emisiones de carbono, pero aun así se oponen y obstaculizan cualquier ley o iniciativa orientada a mejorar el deterioro ambiental. Pese a ello, las políticas de algunos gobiernos de utilizar energías verdes, producto de masivos movimientos en pro de las energías verdes, ha obligado a las multinacionales a cerrar sus sedes en algunos países.
Todo lo anterior ha tenido un impacto negativo en las exportaciones de carbón en los países donde hay explotación de estos yacimientos. Colombia es uno de los cinco países exportadores de carbón en el mundo y dos de sus principales mercados son Alemania y Estados Unidos, lo que quiere decir que las exportaciones de carbón se han visto afectadas. Basta con ver las cifras de las exportaciones de carbón de El Cerrejón donde para el 2020 cerró con 13,6 millones de toneladas del mineral. Esto representó una disminución del 50% en comparación con las exportaciones en el 2019, que fueron de 26,3. El precio del carbón en los primeros seis meses del año ha caído un 26% con respecto al mismo periodo del 2019 por debajo de los 33 dólares por tonelada. Dicha tendencia mundial se mantiene. Según la multinacional Glencore, este resultado es la consecuencia de la reducción de la demanda de carbón, la falta de acceso a reservas más rentables por diferentes fallos judiciales, como La Puente y la crisis generada por el Covid-19, que nos ha llevado a una situación nunca vista y no por las políticas de nuevas energías que han acogido sus principales mercados.
La multinacional está implementando un plan que ha llamado de transformación para enfrentar la baja en las exportaciones y que, según la misma, le ayudará a adaptarse a la nueva realidad para seguir siendo competitiva. Para ello, ha decidido ajustar los turnos de trabajo para acelerar la producción poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Al nuevo turno los trabajadores han puesto por nombre “el turno de la muerte”, dado el riesgo que corren. La empresa pretende desmontar el turno 4×4 (cuatro días de trabajo y cuatro de descanso) por el 7×3-7×4 (siete días de trabajo por tres de descanso). Pero el interrogante que se hacen los trabajadores es cómo dicho turno salvará al Cerrejón si a Prodeco, propiedad de la Glencore que explota los yacimientos de carbón en el Cesar, no pudo salvarla y, según esa lógica, renunció a sus títulos mineros y amenaza con irse del país.
Por un lado, la multinacional Glencore y su filial Prodeco anuncian un plan que las ayude a adaptarse a la nueva realidad que les permita seguir siendo competitivos; por otro, ha iniciado una política de retiro “voluntario” que, de no someterse a él, dejaría a 450 trabajadores en la calle ya que la multinacional podría aplicarles el despido sin justa causa.
Lo que se puede apreciar es que la multinacional no ha sido clara al esconder las verdaderas causas de la caída de las exportaciones y su inevitable salida del país. Es inminente el cierre de estas multinacionales a corto plazo y el gobierno no tiene un plan de reubicación de estos trabajadores o una renta básica que ayudaría a mitigar la problemática de estas familias que quedaran sin empleo. Esperemos que las multinacionales que explotan minerales fósiles en nuestro país, no terminen demandando al Estado y pidiendo una “indemnización” (¡!), que no cabría puesto que el gobierno colombiano no ha prescindido de las multinacionales extractivistas de combustibles fósiles para implementar la generación y consumo de energías limpias. Pero no nos extrañe si ello se da, dado el carácter sumiso de nuestros gobiernos ante las multinacionales.
El próximo gobierno que elijan los trabajadores y los colombianos en general tiene la tarea histórica de crear alternativas para mejorar el medio ambiente y coadyuvar a detener el cambio climático cambiando el modelo extractivista de combustibles fósiles por las llamadas energías verde o limpias De momento, el tema debería ocupar un lugar central en las discusiones del debate electoral ante el cual hoy está el país.
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