POR ISABEL CRISTINA ZULETA*
El régimen minero colombiano no responde a los desafíos actuales en materia ambiental, social y de responsabilidades intergeneracionales, sino que, por el contrario, incorpora una visión extractivista que ha llevado al reordenamiento de los territorios en función del gran capital, especialmente trasnacional. Excluye, precariza y criminaliza comunidades, mineros artesanales y/o tradicionales, obreras/os del sector, mujeres, desconoce y minimiza las poblaciones étnicas en los territorios y genera una profunda devastación medioambiental. El compromiso del plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida” es que en la elaboración de políticas sea primero el agua y la vida, el diálogo social vinculante, el respeto a los derechos étnico-territoriales y el tránsito de las economías extractivas a las economías productivas.
Para responder a tal realidad y cumplir los compromisos de campaña, el Congreso conformó en ambas cámaras las Comisiones Accidentales “para examinar y actualizar la política minera en Colombia”. Dichas comisiones tienen como fin analizar la política minera, normativa, impactos, pronunciamientos jurisprudenciales, compromisos internacionales y conflictividad socioambiental relacionada con ella; fomentar la participación mediante audiencias públicas, enfatizando en las regiones y comunidades afectadas por tales actividades, y presentar diagnósticos, conclusiones y propuestas de reformas que se estimen necesarias para garantizar la protección de la vida, el cuidado del agua y los ecosistemas, el bienestar de las comunidades y la soberanía de Colombia sobre sus minerales.
Para ello las comisiones coordinan con el Ministerio de Minas, las comunidades y los sectores concernidos. Entre octubre y diciembre de 2022 se han realizado veinticuatro audiencias en diecinueve departamentos con la participación de aproximadamente 14 mil personas, dos foros temáticos con la academia, ONG, sindicatos y asociaciones; once mesas técnicas sobre los temas que requieren una comprensión especializada; ocho reuniones sectoriales que examinaron perspectivas específicas de grandes, medianos y pequeños empresarios, iglesias, mujeres y personas expertas internacionales. Todo ello con miras a una reforma participativa en la legislación que materialice un genuino interés general y utilidad pública compatibles con el Estado Social de Derecho.
Dentro de las conclusiones están la urgencia de una nueva codificación minera que replantee la presunción de la utilidad pública de la minería con una rigurosa valoración socioambiental caso a caso que contribuya a la armonización de la legislación minera con principios del ordenamiento territorial justo y ambientalmente responsable; garantías para la participación comunitaria temprana, que incorpore el consentimiento de las comunidades afectadas y mejore la arquitectura y coordinación institucional para un adecuado control, fiscalización y cierre de minas.
Todo esto debe contribuir a la implementación de un estricto régimen ambiental que contemple el derecho de las futuras generaciones y la incorporación de enfoques diferenciales en el reconocimiento de los derechos de comunidades, trabajadores, mujeres y las diferentes escalas en la actividad minera.
Sorprende en el balance de los resultados de esta primera etapa de recolección de voces ciudadanas para la construcción del nuevo Código de Minas: el hallazgo de un severo retraso estatal en el reconocimiento de la pequeña minería en su diversidad de técnicas, el fracaso en el intento de formalización de gobiernos anteriores; el énfasis en la exigencia de que la minería se reconozca como una actividad de alto riesgo; el vínculo entre las actividades extractivas y la vulneración de derechos humanos, así como el alto nivel de incumplimiento a las sentencias de protección de derechos que tocan con el sector minero.
Con estos valiosos insumos, la Comisión, el Ministerio de Minas, el de Ambiente y la Agencia Nacional de Minería (ANM) entran en etapa de redacción de la nueva codificación. Posterior a ello socializarán el primer borrador en una gran Cumbre Nacional Minera y entrará en la fase de consulta previa con las comunidades étnicas para su presentación al inicio de la siguiente legislatura. El propósito de este nuevo Código Minero es superar los conflictos socioambientales en los territorios que inmiscuyen a las comunidades, pequeños mineros, empresas y Estado.
*Lideresa ambiental, senadora por el Pacto Histórico y presidenta de la comisión accidental en el Congreso de la República para examinar y actualizar la política minera en Colombia.
El Espectador, Bogotá.
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