POR HORACIO DUQUE /
El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, anuncio, una hora antes de finalizar el 2022, un cese bilateral del fuego y de hostilidades por seis meses (1 de enero a 30 de junio del 2023) entre las Fuerzas Armadas del Estado con varias organizaciones insurgentes revolucionarias (FARC-EP y Nueva Marquetalia) y unos conglomerados criminales relacionados con el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción estatal, con probados vínculos a sectores tanto del Ejército como la Policía, a la ultraderecha y la DEA (como los grupos Urabeños y Pachencas de la Sierra Nevada de Santa Marta).
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este 3 de diciembre que un cese bilateral de acciones bélicas y de hostilidades con este grupo insurgente debe ser materia de negociación con el Estado colombiano en la mesa de diálogo que se instalará en Ciudad de México.
No obstante la posición del ELN que se aspira a solventar en México, no cabe duda de que se trata de una medida audaz y acertada, saludada por Naciones Unidas, dado el impacto que tendrá parar la ofensiva militar en la trágica situación humanitaria de las comunidades en los territorios golpeadas por la violencia que se deriva de la confrontación y el choque militar, promovido y tolerado por núcleos armados del Estado que aún siguen en la línea contrainsurgente y anticomunista del uribismo, como es el caso de la Fudra Omega (en el Meta-Guaviare-Caquetá) y de las Fuerzas Especiales -Vulcano, Aquiles, Hércules, Quirón, Marte y Titan- y los batallones antinarcóticos de la Policía, todos ellos bajo el control del Comando Sur de los Estados Unidos.
Por supuesto, la medida será un alivio frente al terror en que están inmersas comunidades como las del Guayabero (Meta), Yari (Caquetá), Tumaco (Pacifico), Choco (Bajo Calima, Atrato y Medio Baudó), Arauca, Catatumbo, Sur de Bolívar, Cauca, Pacífico medio, Guaviare, Putumayo, Norte de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bajo Cauca antioqueño, atrapadas en los esquemas militares impuestos por el gobierno del impresentable expresidente Iván Duque con la figura de las “Zonas Futuro” que implicaron un ultraje permanente a los derechos humanos y un deterioro de las condiciones humanitarias de cientos de familias campesinas, afros e indígenas afectadas por el desplazamiento forzado, como parte de la estrategia que hizo trizas la paz entre el 2018 y el 2022.
Este cese bilateral al fuego y de hostilidades, es un verdadero desafío a los esquemas convencionales conocidos en esta materia que incluyen una inmediata concentración y desmovilización -con entrega de armas- de los grupos de la resistencia agraria tal como ocurrió con las FARC de Timochenko y Catatumbo en el año del 2016 sin que se acordara una garantía para el cumplimiento de los acuerdos agrarias, políticos y de victimas que aun siguen pendientes de ejecutarse, no obstante la retórica y los anuncios de los funcionarios gubernamentales.
El paso dado por el presidente Gustavo Petro es prueba de la solidez y coherencia de su plan de la “Paz total”; es una medida que, obviamente, genera confianza en las comunidades y dinamiza la nueva estrategia gubernamental para poner fin al conflicto social y armado, en otros términos, distintos a los de la paz neoliberal del expresidente conservador Juan Manuel Santos.
Para hacer efectiva esta determinación de paz se deberán expedir los decretos específicos a cada organización involucrada y, por supuesto, se tendrán que establecer los mecanismos de verificación pertinentes con la participación activa de las comunidades, sus organizaciones sociales, las veedurías ciudadanas y autoridades locales, las que deberán contar con las garantías efectivas para evitar la presión de los núcleos militares (Brigadas y batallones móviles) y paramilitares interesados en el sabotaje a la paz desde posiciones agazapadas y simuladas. El papel de la ONU, de la Iglesia, de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo es crucial en su apoyo técnico e imparcial, para que no se manipulen sus símbolos y legalidad por los militares tal como ocurrió en la Operación Jaque y otras maniobras realizadas durante la rendición de las antiguas FARC.
La ultraderecha al ataque
Como con todas las decisiones y políticas del actual gobierno del Pacto Histórico, los sectores de la ultraderecha uribista rápidamente salieron a atacar y distorsionar este anuncio de paz para insinuar con toda la “mala leche” y mala fe que este cese bilateral del fuego y las hostilidades sin concentración de los grupos guerrilleros es para favorecerlos.
Un cuestionado exdirigente del decrépito Partido Conservador Colombiano, Omar Yepes Alzate, caracterizado por ser de los voceros más connotados de la ultraderecha, asociado con la corrupción y el clientelismo, ha cuestionado la medida porque supuestamente las estructuras ilegales las “aprovechen para ampliar el dominio territorial y consolidarse”.
Para el fanático y neofascista excandidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, quien a duras penas alcanzó 50 mil votos, miembro de una de las familias históricas más violentas de Colombia, la tregua que anunció Petro es una estrategia para “amarrar las manos de nuestro Ejército”. Por supuesto, se refiere al ejército de ocupación de estas castas que tradicionalmente han secuestrado y manipulado los aparatos armados del Estado colombiano para favorecer los intereses de una oligarquía corrupta, brutal y asesina.
Aparatos armados que necesariamente deben ser objeto de revisión y reestructuración acordes con la “Paz total”, pues de lo contrario seguirán siendo el foco de la conspiración y la desestabilización contra el actual gobierno, tal como se desprende de recientes entrevistas y afirmaciones de altos mandos que aun ven como ajena la voluntad del actual gobierno de terminar definitivamente con el conflicto social y armado con otro modelo de paz, comprometido con la soberanía, la justicia social y ambiental. Ver al respecto las obsoletas ideas (aunque edulcoradas) de los generales Ospina y Giraldo en el periódico de ultraderecha El Tiempo de Bogotá, de propiedad del principal especulador bancario de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Por lo visto, estos oficiales se mantienen en la criminal doctrina de la Seguridad nacional y el enemigo interno bajo el “enfoque contrainsurgente y anticomunista” que ve a los campesinos, a los indígenas, a los afros y a los movimientos populares y de izquierda como unos contrincantes a los que se debe atacar para destruir. Mala cosa la de estos militares retardatarios “santistas” (promovidos por el gobierno de Juan Manuel Santos) hayan salido sibilinamente a marcar distancia con el jefe de los Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Petro.
Como es obvio, en un gobierno progresista y reformista como el de Petro, estos mandos deberían dar un paso al costado para permitir que otros enfoques militares comprometidos con un nuevo país se consoliden en la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y de Policía para, de esa manera, prevenir cualquier ataque a los logros de la paz en esta nueva coyuntura histórica de Colombia.
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