LA ROSA ROJA /
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) acaba de publicar dos importantes investigaciones para el análisis de la región: uno enfoca la situación social y otro las perspectivas económicas. El primer documento lleva por título . El segundo estudio se intitula . Ambos contienen información contundente sobre la región, además de propuestas de políticas para tratar de superar los problemas advertidos, que están basadas en datos oficiales de los países latinoamericanos y del Caribe.
Ambas investigaciones logran hacer un retrato sobre la coyuntura; pero también se encuentran reflexiones estructurales con suficiente profundidad analítica. Sin embargo, este tipo de estudios no suelen ser destacados en esferas oficiales y peor aún por los economistas neoliberales cuyas ideas van en línea opuesta a la cepalina. De modo que puede anticiparse que mientras la CEPAL presenta datos y cifras basados en información cierta y objetiva, hay gobiernos y analistas que internamente presentan en sus países cifras manoseadas y propagandísticas para tratar de convencer a sus ciudadanos que todo va bien.
De acuerdo con la CEPAL, si bien desde 2014 aparece la tendencia, es desde el 2019 que se presenta una desaceleración “generalizada y sincronizada” de las economías latinoamericanas en los distintos sectores, de modo que entre 2014-2020 se conformó un ciclo de menor crecimiento de la región en los últimos 40 años.
La CEPAL reconoce que desde 2021 hasta el primer semestre de 2022 hubo un “efecto rebote” de crecimiento económico del PIB (6.6 % en 2021) superior a lo esperado, aunque no se alcanzaron los niveles que hubo en el ciclo previo a la pandemia del Covid-19; pero la desaceleración (“agotamiento del efecto rebote”) retornó en el segundo semestre, algo que se mantendrá en 2023, pues la tasa de crecimiento será, en promedio, del 1.3 %, porcentaje inferior al del año pasado. Es un efecto “de las políticas monetarias restrictivas, mayores limitaciones del gasto fiscal, menores niveles de consumo e inversión y el deterioro del contexto externo”.
Sin duda, las repercusiones sociales han sido devastadoras, con la “reducción de la creación de empleo formal, un aumento de la informalidad, el estancamiento o pérdida de los salarios reales, caídas en la inversión y crecientes demandas sociales”. Además, cabe observar lo siguiente: “en nueve países donde es posible comparar la desigualdad medida a través de los índices de Gini y de Atkinson, se observan tres grupos de países: aquellos donde la desigualdad disminuyó en 2020 y 2021 (Argentina, Paraguay y República Dominicana), un segundo grupo de países en los que el índice de Gini de 2021 es similar al de 2019 (Brasil, Colombia y Perú) y otros tres países en los que se registró un aumento de la desigualdad en dicho período (Costa Rica, Ecuador y Uruguay)”.
Sostiene la CEPAL que, si se toma como referencia un período más lejano, tomando el año 2014, en que la tasa de pobreza regional alcanzó su valor más bajo, “las cifras de pobreza más recientes son más altas que las de 2014 en la Argentina, el Brasil, Colombia y el Ecuador”, lo que también se cumple en cuanto a pobreza extrema.
Las mayores tasas de pobreza se hallan en las poblaciones indígenas, pues supera el 40 % en Colombia, Ecuador, México y Panamá. Y, lo más grave es que se han sumado las afectaciones a la educación con motivo de la pandemia del Covid-19. No solo por las restricciones a clases presenciales, sino por la imposibilidad de acceder a la conectividad en amplios sectores. Para CEPAL, en la región hay una “crisis silenciosa de la educación”.
Tomando en cuenta estas referencias, puede afirmarse que durante el mismo ciclo de largo plazo que examina CEPAL, es decir desde 2014, la desaceleración afectó a varios gobiernos progresistas tanto como a los neoliberales. Pero hubo una diferencia sustancial: los gobiernos progresistas contaron con visión y herramientas para aliviar la situación social debido a que fortalecieron las capacidades del Estado para proveer a la sociedad con bienes y servicios públicos, como ocurrió en educación, salud, seguridad social, además de infraestructuras y obras relevantes como construcciones escolares y hospitales. Además, se enfocaron en la redistribución de la riqueza y afectaron a las capas más ricas con impuestos redistributivos, ampliación de derechos sociales, laborales y ambientales, así como desarrollando acciones para sujetar el poder empresarial privado al interés público. Eso resultó intolerable para las elites económicas que durante las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo XX gozaron de privilegios y de una riqueza acumulada a costa del Estado y de la sociedad. Después del primer ciclo progresista, la restauración neoliberal, ahora con características oligárquicas, instaló gobiernos identificados con el poder privado, lo cual explica su ineficacia para atender los desajustes durante la pandemia, con Estados reducidos al mínimo, incapaces de dar atención a la necesidad de servicios públicos, particularmente en las áreas de educación, salud y seguridad social.
Resulta alarmante el panorama social de América Latina y el Caribe, porque se proyecta que 201 millones de personas (32,1 % de la población total de la región) viven en situación de pobreza, de los cuales 82 millones (13,1 %) están en la pobreza extrema,
Según los estudios mencionados de la CEPAL: “Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región”. Y esto ocurre cuando la misma región conmemora, en estos años, el bicentenario de los procesos de independencia y, por tanto, prácticamente dos siglos de vida con Estados que han construido repúblicas presidenciales orientadas por los principios de la democracia representativa liberal. Pero este modelo político no funciona con capas dominantes guardianes de su poder económico y social, tanto como de su riqueza.
En el despegue del siglo XXI, la superposición de ese poder a los ideales republicanos y democráticos, ha pasado a estrangular la vida en real democracia y, sobre todo, se ha convertido en un freno al crecimiento económico con bienestar social. Es una situación que desafía al segundo ciclo progresista.
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