POR HORACIO DUQUE
En la medida en que las políticas y el programa del presidente Gustavo Petro y del gobierno progresista del Pacto Histórico con su coalición, avancen con resultados tangibles, la obstrucción, el ataque y la zancadilla serán el pan de todos los días en la acción de la ultraderecha fascista que profundizará el odio y el ensañamiento con cada reforma y avance en favor de los derechos democráticos de millones de colombianos. La disputa política y social será endiablada; el choque será sin tregua; los golpes serán bajos; y el cuchillo será el arma preferida, buscando el momento del golpe mortal para detener la historia, para liquidar el sujeto histórico que lidera el cambio y la transición hacia una sociedad más democrática, justa, pacífica, ambientalista y soberana.
La ultraderecha colombiana es conocida por su grado de perversidad y violencia: ha conformado en los últimos ochenta años dos ejércitos privados –chulavitas y paramilitares- responsables de las mas tenebrosas campañas de violencia y muerte. Se trata de la “violencia de los años 50” con su medio millón de muertos; de los eufemísticamente denominados “falsos positivos” -casi 10 mil casos documentados por las autoridades judiciales-; el despojo de casi 10 millones de hectáreas de tierras y el desplazamiento de ocho millones de campesinos por las autodefensas de los hermanos Castaño, aliados del impresentable Álvaro Uribe Vélez desde principios del siglo XXI.
Una ultraderecha sanguinaria, tenebrosa, fascista y violenta que no se para en pelos para mantener su poder, sus descomunales privilegios y fortunas, montados sobre la exclusión, el hambre y la tragedia de millones de colombianos. La ultraderecha colombiana es comparable a la rosca nazi hitleriana que desató la Segunda Guerra Mundial; a la oligarquía fascista italiana; a la rosca falangista del franquismo; a las dictaduras militares latinoamericanas con sus despiadados gorilas tipo Pinochet, Videla y los generales de la dictadura brasilera, responsables de demenciales campañas de exterminio y vulneración de los derechos humanos.
Se trata de una casta experta en la violencia y la manipulación política e ideológica. Muy similar a la casta peruana asociada a Fujimori y los militares; a la rosca de Bolsonaro y su red de militares golpistas.
Es una verdadera culebra venenosa en la que se encuentran apellidos como Uribe Vélez, Gómez Hurtado, Ospina Hernández, Pastrana, Gaviria, Santos, Ardila Lulle, Duque, Vargas Lleras, Turbay, Sarmiento Angulo, Gilinski, Valencia, Echeverría Olózaga, Holguín, Cabal, Lloreda, Char, Genecco, Lafaurie, Toro, Aguilar, Geneco, Mira y otros. Grandes propietarios de miles de hectáreas, de poderosas corporaciones bancarias, de grandes centros comerciales, de yacimientos de oro, de rutas de cocaína, de centros de lavado de dólares, de multimillonaria contratación estatal, de medios de comunicación, de universidades, de agencias completas del Estado, de los aparatos militares y judiciales.
Seria ingenuo desconocer este tenebroso conglomerado que esta muy activo, a pesar de la derrota que Gustavo Petro les propinó en las pasadas elecciones presidenciales.
En principio, ya como presidente, Gustavo Petro, diseñó e implementó una estrategia de manejo político e institucional bastante aterrizada, equilibrada se pudiera decir, para garantizar la gestión gubernamental de la nueva administración; es lo que ha permitido la correlacion de fuerza que se ha reflejado en un gabinete con figuras de varios partidos y corrientes políticas que no pertenecen al Pacto Histórico, ni siquiera al Frente Amplio.
En principio la ultraderecha, -un tanto debilitada electoralmente- se replegó y mostró cierta condescendencia; pero con el pasar de los meses del nuevo gobierno, fue mostrando sus cartas y su juego para socavar y decapitar el gobierno del presidente Petro.
Hoy, estamos en un momento crucial de la obstrucción ultraderechista. Tres entidades claves en el funcionamiento del Estado: Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo en manos de reconocidos agentes de roscas oscurantistas y de mafias políticas muy poderosas.
Se trata de tres fichas del uribismo: Francisco Barbosa, el Fiscal; Margarita Cabello, la Procuradora; y de Carlos Camargo, el Defensor del Pueblo.
El tema escogido por estos tres personajes para atacar de manera simultanea y coordinada es el de la “Paz total” y las medidas adoptadas por el gobierno con el fin de implementarla.
Los tres están atrincherados en sus importantes espacios institucionales cuestionando, rechazando y anulando decisiones claves de la administración Petro en materia de paz y cese bilateral del fuego temporal y nacional decretado desde el 31 de diciembre del 2022 que ya tiene importantes desarrollos como los acuerdos con las FARC-EP del comandante Iván Lozada para fijar los protocolos y el mecanismo de control de la suspensión de acciones militares ofensivas y la desmilitarización de las regiones donde hace presencia dicho movimiento guerrillero de la resistencia agraria y popular para garantizar la acción campesina y ciudadana en condiciones democráticas facilitando las reuniones, las asambleas y los encuentros campesinos para acceder a la reforma agraria democrática e integral, como se acaba de anunciar para los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare, no obstante la feroz diatriba militarista del jefe paramilitar de los Llanos Orientales, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
El fiscal Barbosa ha hecho de todo para impedir la libertad de los líderes juveniles de la protesta social de abril del 2016, así como para negar ciertos beneficios jurídicos a algunos jefes paramilitares que han aceptado acogerse a la Ley 2272 del 2022, y de esta manera someterse y desmantelar organizaciones al margen de la ley como los Urabeños y los Pachencas, que son bandas criminales ligadas al negocio de la coca y a otras actividades ilícitas realizadas con el apoyo de militares y policías.
Barbosa está desconociendo descaradamente las competencias constitucionales y legales del presidente Gustavo Petro, quien recibió atribuciones precisas con la Ley 2272/22 para adelantar negociaciones con esas bandas que quieren acogerse a la “Paz total”.
La última salida de Barbosa, un títere del uribismo, consistió en iniciar una investigación penal contra el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, quien ha destapado toda la podredumbre de esta entidad encargada de administrar los bienes -tierras, ganado y apartamentos, vehículos de alta gama- incautados a los carteles de la droga y el narcotráfico. Esta es una evidencia de que este Fiscal está coludido con grandes jefes de la cocaína para bloquear la entrega de las tierras incautadas al narcotráfico a los campesinos en el marco de la reforma agraria que ha comenzado a implementar el gobierno del Pacto Histórico.
La procuradora Margarita Cabello -integrante de los clanes criminales de la parapolítica de Barranquilla-, también se ha opuesto a las medidas del Presidente de la República alegando que la Constitución Política está por encima de la paz, como si entre la ley de leyes y la convivencia existiera un antagonismo. Un verdadero adefesio esta funcionaria, que lanza este tipo de teorías absurdas con tal de atacar la “Paz total”, siguiendo el libreto de la ultraderecha fascista colombiana.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, otra ficha del uribismo, se ha expresado en los mismos términos; se trata de un socio de las bandas tradicionales del paramilitarismo de Montería -la capital del departamento de Córdoba, en el Caribe-, quien ha instrumentalizado el Sistema de Alertas Tempranas de esa entidad -que son cartografías territoriales de la violencia- para dar soporte a las masacres y al exterminios de lideres sociales que ejecutan los militares y policías. Así sucedió con la masacre de indígenas en Puerto Leguízamo (Putumayo), ejecutada teniendo como soporte una alerta temprana de Camargo.
Gravísimo este bloqueo institucional de las entidades mencionadas y sus respectivos titulares. No hay que olvidar que fue desde la Procuraduría -la encabezada por un troglodita como el cuestionado fascista Alejandro Ordoñez- que se procedió a la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, cuya acción de masas en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana echó para atrás.
Es lo que hay que hacer ahora: denunciar, alertar y mover a la ciudadanía contra esta mafia ultraderechista atrincherada en puntos clave del Estado que pretende malograr la “Paz total”, cuyo noble propósito es ponerle fin a la violencia colombiana.
Adenda.- La Guardia Campesina de Vista Hermosa y Mesetas (Meta) ha puesto fin al cerco humanitario sobre 30 soldados de la Fudra Omega, con la mediación de organizaciones de derechos humanos, una vez se han hecho compromisos para desmilitarizar el territorio, garantizar la vigencia del cese bilateral del fuego acordado con las FARC-EP, proteger la Asamblea Campesina, Ambiental y Agraria que se ha convocado en la región con delegados de los sindicatos y asociaciones populares de los departamentos del Caquetá, Guaviare y el Meta. El resultado para la democracia -en los territorios del suroriente colombiano- del cerco humanitario sobre esta tropa del general Roger Gomez Herrera (Pentágono) ha sido muy importante.
Para eso debe servir el cese al fuego: para proteger la vida de los campesinos, de los indígenas y para garantizar los derechos políticos de los habitantes de estas regiones afectados con la violencia de los piquetes militares de esa Fudra Omega, que van como Pedro por su casa atropellando, asesinando y despojando a las humildes familias de la región.
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