POR LUZ MARINA LÓPEZ ESPINOSA
“El hombre de honor no tiene más Patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad”. – Simón Bolívar.
Sí. El horror militar. Y no es, no podría ser otra ni más justa la expresión con la que la opinión nacional y el inmenso colectivo de víctimas del terrorismo de Estado y en particular de madres y familiares de víctimas de los denominados falsos positivos, reaccionó ante el contundente Informe que la Jurisdicción Especial, para la Paz (JEP), emitió como un pronunciamiento inicial sobre el Caso 03 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” –conocido como falsos positivos-, una de las grandes líneas de investigación de crímenes ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. Esto, en el marco de las altas y delicadas competencias constitucionales atribuidas a ese órgano creado en el Acuerdo de Paz suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano.
Y sí, no podía ser distinta la reacción que la de resaltar el horror que ello comporta, cuando lo que dice el informe es que no fueron 2.400 los asesinatos de civiles inocentes e inermes por parte del Ejército Nacional como lo tenía documentado la Fiscalía General de la Nación, sino la escalofriante cifra de 6.402. Y esto, en el período relativamente breve que va del año 2002 al 2008; es decir, que si bien es la época más cruda de esa brutal práctica militar, está lejos de abarcar todo el período en el que este procedimiento “de lucha contra el terrorismo” hizo carrera. Por ello, los organismos humanitarios de la sociedad civil que han hecho seguimiento al fenómeno desde hace más de veinte años, temen que la cifra final alcance la aterradora cifra de diez mil casos. Y se trató de una práctica tan admitida y normalizada por la institucionalidad militar, que durante décadas miles de “muertos en combate” sospechosos y sin bajas del lado militar, eran “legalizados” con el respectivo ampuloso comunicado del último comandante superior de la unidad responsable, relatando la fiereza del combate sostenido, los alias y vasto prontuario criminal de los dados de baja – elaborado para la ocasión por el Departamento de Inteligencia de cada Brigada- y el material de guerra e intendencia incautado. Terminaba el comunicado, dando las gracias a la población civil por la información brindada sobre la ubicación de los terroristas, y exaltando el valor y el patriotismo de los héroes que arriesgando sus vidas, aseguraron la del resto de colombianos.
Y es que esa palabra Horror tan legítimamente usada, además como un sarcasmo por asociación, que emplaza y confronta a esos “héroes” para que respondan por su conducta desde una categoría que según el discurso militar los identifica: el Honor. Palabra que hace de “caballito de batalla”, y que según su disparatada visión, los diferencia y hace abismalmente superiores a los civiles que no gozan del privilegio de estar en esa escala de virtud. Vocablo –apenas eso, sí, un vocablo- al que remiten como un mantra que los blinda y hace inmunes ante los cargos que en cualquier instancia se les haga, sean de la naturaleza que sean: “Ese hecho –crimen, desfalco, despojo o prevaricación- no es cierto ni posible, porque el Honor militar me lo impide”. Y punto. Como acostumbran decir, parte sin novedad.
Y está bien que se les haga ese emplazamiento. Porque aunque los altos responsables de esa política de crimen deberían estar avergonzados y en actitud de contrición frente a la sociedad y la Patria que en forma tan cruel ultrajaron, su reacción fue la contraria. La asociación que representa a los militares retirados (Acore) en la cual están la absoluta mayoría de los altos mandos responsables de los ¡6.402! crímenes documentados por la JEP entre 2002 y 2008, tuvo la insolencia de responder al Informe manifestando olímpicamente y contra toda evidencia, que todo en él era falso. Que nunca se dio orden de matar a nadie y que en efecto a nadie se mató. Y de nuevo, parte sin novedad. Menos mal decimos, la próxima inmediata tarea de los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, es determinar los máximos responsables de esa sevicia e imputarles cargos.
A su vez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien ostentó el mando durante los años del Informe y orgulloso autor de la política de “Seguridad Democrática” cuyo objetivo era “matar terroristas”, al punto que su ministro de Defensa Camilo Ospina expidió la increíble “Directiva No 25” que establecía el pago de recompensas para el personal militar que “matara terroristas” –pago por litros de sangre como política militar-, manifestó que el Informe era “un nuevo atropello de la JEP” contra él; que era ideologizado, y se basaba en cifras falsas que habían entregado ONG enemigas suyas y aliadas del terrorismo.
El actual presiente de la República Iván Duque respondió al Informe pidiéndole a la JEP que fuera objetiva, y satirizando de que la Justicia se manifestara mediante los micrófonos y no a través de sentencias, en reproche por la rueda de prensa que hizo el presidente de ese tribunal de justicia transicional, como si ella lo invalidara o desdijera de su rigor. Y terminó el presidente pidiéndole a la JEP, la mayor severidad en las penas y el mayor rigor contra los máximos responsables….pero de los crímenes de las FARC.
El exgeneral Mario Montoya, el comandante del Ejército más comprometido con las ejecuciones extrajudiciales, no sólo porque la gran mayoría ocurrieron bajo su dirección sino porque altos oficiales condenados por esos casos lo señalan enfáticamente de haber dado las órdenes, pretende burlar la justicia ordinaria que lo procesa, acogiéndose a la transicional de la JEP cuyas penas son simbólicas y alternativas. Y allí, instancia donde el único compromiso es decir la verdad, afirmó que él no era responsable absolutamente de nada, y todo se debió a que el soldado colombiano por ser de las clases bajas era muy inepto e ignorante y cuando se le pedían resultados, salía a matar. Por su cuenta. Es decir, la planeación y dirección de las operaciones sí como el mando en el terreno, estaba en cabeza de los reclutas.
El actual comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro – también mencionado en varios casos de falsos positivos cuando era comandante de Brigada y de División-, respondió al Informe de la JEP a través de la cuenta institucional de Twiter, de esta agresiva manera: “Somos soldados del Ejército de Colombia, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas que vengan a atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Dios está con nosotros”. Que a la alta corte judicial que elabora un documentadísimo Informe sobre el caso más infamante de criminalidad y corrupción militar en la historia de la República, el más alto militar del país les responda de esa amenazante forma, muestra el grado de inconsciencia de la institución castrense sobre el nivel de descomposición al que ha llegado. No conoce el Comandante del Ejército de Colombia las luminosas palabras del Padre de la Patria -de quien se dicen herederos los militares- traídas en el epígrafe de este texto, sobre el carácter sagrado de la humanidad. ¡Y las dice el más grande guerrero de América!
Paradójicamente, fue una humilde mujer integrante del Colectivo Tejiendo Memorias de Antioquia, uno de los tantos que se han creado a raíz de esta horrenda práctica, y que quizás ella sí no haya leído a Simón Bolívar, quien le respondió al general Zapateiro y con él al alto mando al tiempo de advertirle que ellas no eran víboras, sino madres que reclamaban justicia para sus hijos: “Que respeten ese honor militar que tienen, que reconozcan que eso no fue una casualidad, que eso fue una política de Estado, una política de las Fuerzas Militares así que ya no le pueden seguir mintiendo al país, no fueron unas manzanas podridas”. Una humilde mujer representante de muchas madres de hijos sacrificados, del todo ajena al fausto y la arrogancia del estamento militar, mirada con desprecio por los envanecidos uniformados, dándoles lecciones de conducta y de moral. En últimas, de honor.
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