POR SANTIAGO PULIDO RUIZ /
La historia política reciente de Perú, desde la transición constitucional del 93 hasta nuestros días, se ha caracterizado por una profunda crisis de gobernabilidad. Tan solo en los últimos 20 años, tras la caída del régimen de Fujimori y la restauración democrática, Perú ha tenido un total de 4 Congresos y más de 8 presidentes (en un sistema de 5 años de gobierno). Actualmente, con la detención de Pedro Castillo, luego de un frustrado intento de disolución del Congreso, se suma un número y un nombre más a la lista de mandatarios destituidos.
Sin embargo, esta situación prolongada de crisis parece encontrar, durante estas semanas, un punto de inflexión. Luego de la destitución de Castillo, el Sur de Perú se alzó en un ciclo de protestas populares contra el Congreso Nacional. Campesinos, estudiantes, trabajadores y organizaciones de mujeres rurales salieron a las calles a exigir el regreso del ex mandatario al Palacio de Gobierno y a exigir la disolución inmediata del Congreso de la República.
Mientras las jornadas de protesta se desarrollaban (extendiéndose de Arequipa a Puno), el Congreso designó como mandataria a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte. Hasta ese momento, parecía una designación aparentemente normativa y constitucional, no obstante, con el paso de los días, el gobierno de Boluarte terminó apoyándose en las fuerzas armadas y en los sectores de derecha responsables de la crisis institucional contra Castillo. Todo indica que Boluarte fue una pieza elemental en el golpe legislativo contra el líder sindical.
Desde entonces, la represión contra el movimiento popular no ha cesado. En distintos mensajes, Boluarte ha dejado claro que no convocará a elecciones anticipadas ni mucho menos entregará la iniciativa constituyente. La respuesta frente a las exigencias ciudadanas ha sido una sola: escalar la violencia estatal y relacionar las manifestaciones con actos supuestamente terroristas. Para esto, ha tenido que revivir el fantasma de Sendero Luminoso.
Las consecuencias de este discurso han sido sumamente trágicas: en menos de 57 días de gobierno, la Defensoría del Pueblo y Organizaciones de Derechos Humanos informan la muerte de más de 56 personas en el marco de las protestas y movilizaciones. Al respecto, vale la pena preguntarse: ¿Cuáles son los posibles desenlaces de esta crisis? ¿Cómo se fabricó el golpe institucional contra Castillo? ¿Cuál es la reacción del bloque progresista regional ante la suspensión de las formalidades democráticas en Perú? ¿Podría representar este movimiento de lucha popular una salida a la crisis prolongada del régimen político? Estos serán algunos de los interrogantes que desarrollaremos, brevemente, en este artículo.
Fabricando la crisis: las derechas contra la democracia
A inicios de diciembre del 2022, Pedro Castillo informó, ante la opinión pública, su decisión de disolver el Congreso Nacional, de reorganizar el sistema de justicia y de convocar elecciones para un Congreso Constituyente. El débil anuncio del mandatario tenía un objetivo: frenar las múltiples estrategias legislativas de la derecha en su contra. Sin embargo, el anuncio estuvo lejos de lograrlo y, por el contrario, terminó dándole la legitimidad necesaria a la derecha para atestar el golpe definitivo contra el Gobierno.
Recordemos que, en un inicio, Pedro Castillo intenta ganar gobernabilidad dentro de las bancadas del Congreso entregando cargos ministeriales a fuerzas políticas de derecha y negociando ejes fundamentales de su agenda de Gobierno. En buena medida, Castillo toma estas decisiones producto de la debilidad interna de su partido (Perú Libre). Contrario a la experiencia del MAS en Bolivia o, recientemente, del Pacto Histórico en Colombia, Castillo gana la presidencia con una fuerza partidista con bastantes límites y sumamente débil.
Puede decirse que la ausencia de un proyecto partidista hegemónico se reemplaza por un juego de cuotas y repartos. Así comenzó a andar el Gobierno de Castillo: entregando áreas estratégicas del Estado a la derecha y distanciándose, cada vez más, del espectro de la izquierda democrática. Esta estrategia terminó teniendo un efecto devastador en el corto plazo: con puestos dentro del gabinete ministerial y con mayorías en el Congreso, a la derecha se le facilitó el trabajo de debilitar al gobierno.
Temas tan esenciales como la aprobación de la ley de presupuestos fueron saboteados múltiples veces por la figura de vacancia que promovió la derecha en el Congreso. Sin darse cuenta, Castillo le abrió la puerta a los sectores más reaccionarios para que engendraran la crisis al interior del Estado. El resultado no pudo ser otro: el Gobierno perdió el apoyo político de la izquierda en el Congreso y terminó cargando con un enorme desprestigio social.
De esta manera, Pedro Castillo renunciaría a un proyecto abiertamente de izquierdas y popular por ganar cierto “equilibrio” con las bancadas de derecha en el Congreso. La suma de estas contradicciones empujaría al líder sindical al fracaso. El anuncio de disolver el Congreso solo fue el último intento de encausar una gestión de baja intensidad, sin reformas y envuelto en escándalos de corrupción.
La deriva autoritaria de Boluarte
La designación de Dina Boluarte, luego de la detención de Pedro Castillo, parecía una medida constitucional y de consenso al interior de las fuerzas políticas legislativas. En un inicio, se creyó que Boluarte podría sortear la crisis por dos razones: primero, por su papel en la campaña electoral con Castillo y su posterior función en la vicepresidencia; segundo, por ser militante activa del partido de Gobierno (Perú Libre).
Sin embargo, estas dos “razones” se desmoronaron con el paso de los días. El movimiento popular demostró en las calles que el consenso que necesitaba el país no era entre las fuerzas partidistas o mediante un pacto de élites que reconciliara al Gobierno con el Congreso. Por el contrario, desde el primer día de movilizaciones, diversos sectores han exigido la apertura de un proceso constituyente y la renuncia de la Junta Directiva del Congreso.
Desde luego, ambas consignas redujeron el margen de gobernabilidad de Dina Boluarte. En menos de una semana, el acuerdo entre las fuerzas partidistas se fracturó, al igual que el supuesto apoyo social que esperaba ganar Boluarte por su militancia en Perú Libre. En las calles se vivía una realidad opuesta a la del parlamento: la salida de Castillo se interpretó como un golpe a la soberanía popular y a la democracia.
En el caso del bloque progresista regional, el rechazo a la deriva autoritaria de Boluarte no se hizo esperar. Gustavo Petro y Luis Arce se han pronunciado, en diversas oportunidades, sobre la crisis de derechos humanos en Perú. Los mandatarios han exigido a la OEA y a los organismos multilaterales la aplicación de sanciones y medidas transitorias contra Boluarte. De esta manera, el gobierno ha quedado aislado de la región, pero, al mismo tiempo, vive un proceso desfavorable en la correlación de fuerzas internas.
No teniendo otra opción, Boluarte termina tomando el camino de la represión. Al día de hoy, se informan, por parte de Defensoría del Pueblo, la muerte de 54 personas durante las jornadas de protesta. Mientras escala la violencia estatal contra el pueblo movilizado, el Congreso archiva, por cuarta vez, la iniciativa de adelantar elecciones. Ambas situaciones demuestran cuál es la verdadera base política del gobierno: las fuerzas militares y la derecha.
Esto quiebra por completo el acuerdo básico de cualquier democracia. Es decir, el sistema político representativo peruano no atiende las exigencias de la Sociedad Civil movilizada. Por esta razón, las organizaciones sociales y los movimientos populares han establecido un programa de lucha bajo un propósito esencial: derribar el Gobierno, disolver el Congreso Nacional e iniciar un proceso constituyente amplio, democrático y plural.
El marco de posibilidades del movimiento popular
Hasta aquí, se han descrito los rasgos elementales de la crisis política peruana. Es importante, ahora, señalar algunas consideraciones alrededor de las posibles salidas a la crisis institucional y el marco de oportunidades del movimiento popular. En primer lugar, es clave mencionar que la crisis por la que atraviesa Perú no puede reducirse a un asunto meramente coyuntural, sino que hace parte de una crisis estructural del régimen político.
Las contradicciones actuales que enfrenta el Gobierno y el Congreso son, en sentido estricto, resultado de un largo período de crisis estatal. Durante los últimos 20 años, el bloque político dominante peruano ha dirigido el aparato de Estado sin realizar reformas favorables para las clases trabajadoras y los sectores populares. Por otro lado, ha sido incapaz de construir un acuerdo relativamente estable entre partidos políticos (entre Gobierno – Congreso).
Los momentos de corta estabilidad se han logrado por medio de acuerdos entre élites. Esto genera que gobiernos con base popular (como el que, a pesar de todo, representaba Castillo) encuentren fuertes quiebres en su relación con las mayorías legislativas en el Congreso. Ahora bien, la Sociedad Civil no ha jugado un papel pasivo: ha respondido con ciclos de movilización, sin embargo, no han logrado modificar la estructura del sistema representativo.
No obstante, a diferencia de anteriores años, el actual proceso movilizatorio parece tener un programa de lucha consistente con la situación política. Los sectores sociales han identificado en el cierre del Congreso, en el llamado anticipado a elecciones y en la Asamblea Constituyente la condición de posibilidad para resolver esta crisis estatal de larga duración.
Sin lugar a dudas, el proceso constituyente no solo busca recomponer el pacto político de una sociedad fracturada por la represión y las medidas de ajuste neoliberal, sino, también, avanzar en medidas que reduzcan la enorme brecha de desigualdad social. De cierto modo, se asiste a un proceso de movilización heterogéneo y abigarrado, pero con un anclaje estratégico en el mejoramiento de la condición de vida y en la superación del Estado neoliberal.
La situación de Perú puede compararse, de algún modo, con el Ciclo Rebelde Boliviano. Luego de un largo periodo de inestabilidad y crisis estatal (acompañado de reformas de corte neoliberal), en Bolivia se vivió un ciclo de protestas populares contra el régimen político señorial. Las manifestaciones y los procesos de organización popular lograron suspender, temporalmente, las figuras de autoridad política, reivindicando la organización comunitaria.
El desarrollo de los acontecimientos condujo a una refundación del modelo de Estado. En esto fue clave la conducción hegemónica del Movimiento Al Socialismo. Pues bien, Perú puede estar atravesando, en la actualidad, por un ciclo de movilizaciones que, eventualmente, pueden desestabilizar al régimen y suspender sus figuras de autoridad. Sin embargo, al igual que en Bolivia, el movimiento tendrá que enfrentarse al reto de construir una dirección popular del proceso constituyente.
En conclusión, es probable que el movimiento popular logre derrotar en las calles al Gobierno. Aun así, la disputa fundamental está en la dirección del proceso constituyente, por encima, incluso, de unas posibles elecciones presidenciales. A diferencia de la Convención Constitucional en Chile, el pueblo peruano debe preparar, en el seno de la sociedad civil, las contradicciones y la lucha ideológica que un nuevo pacto constituyente crea. Es el pueblo el encargado de avanzar en este proceso de transición constitucional.
Seguramente, encontrarán en el corto o mediano plazo un relativo reflujo movilizatorio. A pesar de esto, no se puede descartar un golpe certero contra el Régimen, el Congreso y el Gobierno. Durante estas semanas, el movimiento popular peruano libra una batalla estratégica para la región. Las movilizaciones que se desarrollan no hacen más que demostrar que cada crisis del Estado capitalista representa una oportunidad de cambio para los de abajo.
Militancia y Sociedad, Ibagué, Colombia.
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