POR CAMILO AMAYA /
El pasado lunes 13 de febrero, la ministra de Salud de Colombia, Carolina Corcho, radicó el proyecto en el Congreso del país. La agencia de noticias Sputnik buscó a una experta para entender más a fondo lo que se quiere hacer con una de las apuestas más grandes del plan de Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La pésima atención de las EPS
En el suroccidente de Bogotá, en una de las oficinas de Sanitas, la segunda Empresa Promotora de Salud (EPS), -las empresas privadas que garantizan la prestación, el plan de salud obligatorio—, la más grande de Colombia, con 5,7 millones de usuarios, una señora hace una fila bastante larga para que le autoricen la entrega del medicamento de su madre de 90 años.
“Sufre de diabetes. No se lo querían dar, puse una tutela [mecanismo de protección que permite acudir a la justicia para exigir la protección de un derecho] y la gané. Ahora tengo esta rutina cada mes. Es dispendioso, sí, pero no me importa”.
En el norte de la ciudad, en una de las oficinas de la Nueva EPS, la empresa promotora de salud con más afiliados en el país (alrededor de 10,1 millones), un hombre discute en la entrada con uno de los empleados. Con un pliego de hojas en su mano intenta explicarle que ha hecho todo lo que le han pedido para que a su esposa, que tiene un fuerte dolor en la cabeza, le autoricen una tomografía computarizada cerebral. “Llevo en estas una semana y nada. Si llega a ser algo grave, no sé, un tumor, ¿quién responde más adelante si a mi mujer le pasa algo?”.
Estas dos situaciones apenas reflejan la problemática que vive el sistema de salud colombiano que, si bien ha aumentado la cobertura en los últimos años, sigue siendo deficiente en materia de atención de calidad, de infraestructura y de remuneración para los trabajadores.
“Tenemos que atender 24 pacientes al día, en consultas que no pueden sobrepasar los 20 minutos. Es complicado hacer un examen riguroso. Y hay un montón de filtros para recetar medicamentos por los costos. Así es muy complicado trabajar. Tenemos las manos atadas”, le dice a Sputnik un médico general vinculado a la EPS Sura, que cobra un salario mensual de 4.776.130 pesos (1.005 dólares, aproximadamente).
“Hay un problema grande en cobertura, sobre todo para las zonas rurales en las que acceder a servicios básicos es casi imposible. También una deficiencia en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que tienen remuneraciones bajas, sin dejar de lado que la oferta de especialistas y médicos generales no suple la demanda actual“, dice la doctora Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de esa misma institución.
“Súmele a eso el flujo de recursos que gira el Estado para la salud de los colombianos, el saber con claridad quién los maneja y cómo los maneja. En eso se resume el colapso de nuestro sistema de salud”, agrega.
Vaca resalta que, si bien el 90 % de la población está asegurada gracias a una EPS, esto no quiere decir que haya una atención oportuna frente a las necesidades, ni el equipamiento necesario, ni quien lo opere, para cumplir con un derecho constitucional como lo es la salud.
Uno de los problemas fundamentales es la situación financiera de las EPS, que tienen un endeudamiento enorme con hospitales y clínicas, lo que, muchas veces las lleva a la quiebra, dejando desprotegidos a sus asegurados.
“Uno mira las cifras y el número de intervenciones en salud y cirugías de diferente índole ha ido creciendo, muy a pesar de todo. Pero hay otro tema que son las deudas de las EPS con hospitales y clínicas en todo el territorio nacional”, afirma Vaca.
Deuda de más de 23 billones de las EPS
Según la Superintendencia Nacional de Salud, estas empresas tienen una deuda de 23,3 billones de pesos (alrededor de 4.830 millones de dólares), monto que mes a mes varía y que pone en tela de juicio la manera en la que se están ejecutando los recursos.
“Entiendo que hay un gran déficit con las EPS, pero ojalá no las eliminen porque entonces a quién le reclamaremos por nuestro derecho. No creo que el Estado obligue al propio Estado a cumplirle a la gente”, dice otra mujer que espera a las afueras de una clínica en el oriente de Bogotá, con su hijo de 10 años, para una consulta de pediatría.
Esta es la gran preocupación del ciudadano de a pie sobre la reforma que quiere implementar el Gobierno y que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo —la hoja de ruta de su administración—, para la cual han sido convocadas marchas sociales a lo largo del país a manera de respaldo.
“Las EPS que se acomoden al nuevo sistema, y que entiendan el nuevo modelo de los Centros de Atención Primaria, van a tener la oportunidad de subsistir y hacer parte del sistema. El presidente Petro reconoce los cerca de 30 años de experiencia de las EPS y desde esa perspectiva el sistema no quiere perder esa acumulación de conocimiento sea puesta al servicio de los colombianos. No eliminaremos las EPS”, dijo Alfonso Prada, ministro del Interior y vocero del Gobierno, en atención a medios el pasado 9 de febrero.
Presentación de la reforma ya es una ganancia
“Creo que hay varias cosas positivas, pero antes de nombrarlas, tengo que reconocer que el simple hecho de que este Gobierno haya puesto en la discusión pública el tema de la salud ya es una ganancia. No había sido prioridad de administraciones anteriores y para el presidente Petro parece que lo es”, apunta la doctora Claudia Vaca.
Vaca enfatiza que organizar el sistema y adelantar actividades de atención primaria con equipos de salud extramurales —lejos de hospitales y clínicas—, y que haya un esfuerzo por garantizar la atención de pacientes en territorios alejados, es un paso enorme para los colombianos, al igual que la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
“La pandemia evidenció aún más las herramientas escasas con las que algunos médicos y especialistas tienen que cumplir su labor. Es urgente que esto mejore”, agrega.
Además, resalta la iniciativa de tener un sistema de información conjunto para ver, además de datos administrativos y financieros, los resultados de atención del sistema. “Esto ha sido una preocupación crónica de todos los Gobiernos y puede que ahora se logre para fortalecer la atención y que, al final de cuentas, teniendo los elementos, se traduzca en más recursos”.
Por último, la directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional recalca que es interesante que el sistema de manejo tenga un componente territorial. “En las grandes ciudades, mal que bien, se puede acceder a servicios primarios, pero en la periferia es complicado, muy complicado”.
Si bien es claro que los diferentes actores del sistema de salud (médicos, EPS, laboratorios, hospitales) están de acuerdo en la necesidad de una reforma, la preocupación es grande frente a temas como la eliminación del manejo de los recursos por parte de las empresas prestadoras de salud.
De hecho, uno de los cambios más sustanciales consignado en el artículo 125 de la reforma, es que haya un giro directo por parte del Estado a clínicas y hospitales sin que pase antes por las EPS.
Vaca va más allá de lo técnico y pone en discusión un actor fundamental: los políticos o quienes están en el rol de gestión pública. “El Gobierno dice: listo, vamos a pagarles directamente a médicos y hospitales y existirá una especie de autorregulación del sector. Eso se puede traducir en que no habrá controles, auditorías. Y si no existen revisiones, desde lo que hace el médico, hasta lo que hace quien aprueba los recursos, habrá, muy seguramente, una explosión del gasto público enorme”.
En otras palabras, para Vaca la pelea que se ha generado en torno a esta reforma es una discusión simple y llanamente por dinero. “Es ver quién tendrá potestad sobre los recursos. ¿Entes territoriales, como gobernadores, alcaldes, etc., o directamente los médicos y los hospitales? En este pulso no hay precisión de cuál será el nuevo papel de las EPS y eso es lo que genera incertidumbre”, lo cual se aclarará en desarrollo del debate que se realizará en el Congreso durante el trámite de la reforma.
Finalmente, la doctora Vaca se muestra conforme con la idea de modificar el tipo de regímenes actuales y unir los sistemas contributivo y el subsidiado. Actualmente, en el primero están las personas o núcleos con más capacidad de pago, mientras que en el segundo se ubica la población más pobre del país que, gracias a los subsidios del Estado, puede acceder a los servicios de salud.
“Me parece bien que equilibre todo porque, al final de cuentas, es una ganancia de este movimiento social que con talante llegó al poder. Y el hecho de que no existan diferencias en prestación de salud o asignación de recursos, dependiendo los ingresos y la capacidad de pago, es maravilloso y un ejemplo de equidad”, comenta.
“Si bien esto no se ha logrado plenamente, se han dado pasos importantes. Hace 30 años era imposible pensar que una persona de bajos recursos fuera atendida en una clínica de primer nivel. Claro, lo ideal sería que todos los hospitales públicos del país tuvieran las mismas herramientas, pero eso es un sueño muy grande”, puntualiza la médica.
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