POR JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, ERIKA GONZÁLEZ, PEDRO RAMIRO /
Como consecuencia de la decadencia del sistema capitalista y sus graves consecuencias que se evidencian en la destrucción de los derechos sociales, políticos y ambientales, el establishment económico dominante busca a través de sus canales de dominación y medios institucionales criminalizar la protesta social y estigmatizar a sus diversos actores, llámense organizaciones sociales y /o defensores de derechos humanos. De ahí la necesidad de determinar el marco teórico en el que se desarrolla el proceso de persecución de la disidencia política y social, que se puede caracterizar a través de una serie de patrones, actores e instrumentos.
Tres instituciones europeas como Paz con Dignidad, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y el Grupo Izquierda europeo (The Left) se han unido para editar un sugerente texto que lleva por título: Criminalización de la protesta: patrones, actores e instrumentos en el que se explica en detalle cómo el capitalismo que ha rebasado con creces los límites biofísicos del planeta, se transforma en puro expolio territorial violando los derechos de las comunidades e incrementando las dinámicas y mecanismos de desposesión, militarización y necropolítica, así como redoblando las acciones de criminalización de las personas y organizaciones que cuestionen la lógica dominante. A la vez, el sistema financiero especula con la propia existencia y dispone de un poder que le permite expropiar lo que ya existe.
En un contexto caracterizado por la crisis de onda larga del capitalismo, se produce así la profundización de las formas duras de control social y disciplinamiento hacia amplios sectores de la población crecientemente empobrecidos.
Fortalecimiento del autoritarismo del Estado para mantener el orden capitalista
La criminalización de la protesta social se extiende por todo el mundo. En un contexto de ofensiva del poder corporativo por traspasar las penúltimas fronteras en busca de nichos de rentabilidad, en el marco de la profundización de la crisis estructural del capitalismo, la protección de los derechos humanos queda subordinada a los intereses empresariales. Es así como avanza la destrucción de los derechos sociales y ambientales, junto con la descomposición del sistema internacional de los derechos humanos. Y las personas y organizaciones que se oponen a este estado de cosas están siendo cada vez más perseguidas.
De las leyes mordaza a la toma en consideración como enemigos de quienes se oponen a la lógica de crecimiento y acumulación, pasando por la represión violenta de las movilizaciones sociales y el hostigamiento a los defensores de derechos humanos, en Europa y América Latina tenemos múltiples ejemplos de cómo se está ejerciendo la criminalización del derecho a la protesta. Cuando han dejado de funcionar los mecanismos de cohesión social asociados al Estado del bienestar y se constata la imposibilidad de mantener la bonanza aparente de las sociedades de clases medias, se fortalece el cierre autoritario del Estado para mantener el orden. No se trata de una cuestión estrictamente novedosa, sino más bien de un fenómeno que se acelera y que evoluciona en paralelo al declive de la belle époque del neoliberalismo.
En las últimas décadas diferentes colectivos sociales, centros de investigación y organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado y sistematizando las formas variadas en las que puede operar la criminalización de la protesta. A partir de todas estas aportaciones, en este trabajo se trata de dibujar el marco teórico en el que se desarrolla el proceso de persecución de la disidencia política y social, que se puede caracterizar a través de una serie de patrones, actores e instrumentos.
Tres son los patrones que se repiten a la hora de criminalizar el derecho a la protesta. En primer lugar, el señalamiento de las personas y las organizaciones que, por su labor activista que desafía el poder corporativo y la lógica de la ganancia, tachándolas de opositoras al desarrollo y al bienestar de la mayoría de la población. En segundo término, y como consecuencia del paso anterior, la represión y persecución de aquellas para impedir el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por último, en caso de que las dos vías anteriores no fueran efectivas para bloquear la protesta, la agresión, el hostigamiento y la eliminación física de quienes se enfrentan al modelo dominante.
El Estado es el actor central en el ejercicio de criminalización del derecho a la protesta. A través del poder legislativo, con la capacidad de ir adaptando la legislación a los repertorios de acción colectiva; del poder ejecutivo, con el monopolio del uso legal de la violencia; y del poder judicial, que puede efectuar diferentes interpretaciones de las leyes, y practicar el triple marco de señalamiento, represión y eliminación. En alianza o en connivencia con el Estado, también operan otros agentes empresariales (grandes corporaciones, think tanks, lobbies) y/o paraestatales (milicias, seguridad privada, grupos paramilitares).
Todo ello se concreta en una batería de instrumentos para la estigmatización y judicialización del derecho a la protesta, que en no pocas ocasiones deriva en el ejercicio de la violencia. De los procesos de construcción del enemigo y de las labores de inteligencia y espionaje, que pretenden estigmatizar a colectivos sociales específicos, se transita a la represión judicial por vía administrativa, civil y penal.
En numerosos casos el proceso combinado de estigmatización y judicialización puede evolucionar hacia un contexto de militarización, persecución policial y hostigamiento a las organizaciones sociales políticas y sindicales, que pone en peligro la propia integridad física de las personas defensoras de derechos humanos.
Esta tendencia, lamentablemente, se viene intensificando en los últimos tiempos. Y todo apunta a que lo va hacer más aún en el futuro inmediato. De hecho, la agudización de la crisis económica, energética y ecológica está suponiendo la creciente extensión de las desigualdades sociales y el agravamiento de la emergencia climática, lo cual previsiblemente va a conllevar el auge de la conflictividad social. Las élites político-económicas y las instituciones que nos gobiernan van a tratar de establecer todo tipo de barreras para bloquear los posibles intentos de acometer transformaciones estructurales. En este trabajo bibliográfico se han recogido las más significativas, con el objetivo de analizar el contexto represivo de cara a los estallidos sociales que están por venir.
El informe se ha centrado en las barreras al derecho a la protesta. Siendo conscientes de que la crisis multidimensional que estamos atravesando tiene efectos sociales, ambientales, políticos, jurídicos y culturales, y que eso afecta a un amplio abanico de derechos individuales y colectivos, el propósito del reporte ha sido colocar el foco sobre la viabilidad y las limitaciones de ejercer el derecho legítimo a la protesta ante las perspectivas turbulentas que se otean en el horizonte.
Para ilustrar la situación, se han escogido diferentes casos de Europa y América Latina. No en vano, el trabajo que desde hace casi dos décadas venimos realizando en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) para sistematizar y analizar los impactos socioecológicos de las empresas transnacionales se ha focalizado en estas dos regiones. Por motivos análogos, la selección de los ejemplos ha tenido que ver, en la medida de lo posible, con la visibilización de las luchas sociales contra el poder corporativo que se han producido y se están produciendo en la actualidad.
Acceder al informe
Para acceder al texto completo del informe en archivo PDF, ingresar al siguiente enlace:
Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos
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