POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO
Al conocerse el articulado se posiciona en la agenda nacional el debate de la reforma a la salud, los opositores, con interés económico preconcebido, critican desde la figura de la Ministra, su personalidad, hasta los puntos y comas del proyecto de ley, cualquier situación por pequeña que sea se convierte en pretexto para el ataque, las invenciones más descabelladas salen a flote con el fin de buscar una matriz de opinión negativa a la reforma en la población. Estos grupos se niegan a entender que el modelo impuesto por la Ley 100 de 1993: la mercantilización de la salud, ha significado un FRACASO PARA ESTE DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA; y es precisamente en ese derecho, en el cual se inspira y basa la nueva reforma.
El intentar centrar el debate sobre las Empresas Promotoras de Salud (EPS – administradoras del riesgo, intermediadoras financieras privadas, encargadas de la contención del costo) y a su vez, intentar confundirlas con la Instituciones Prestadoras de Salud (IPS – instituciones donde se atienden los pacientes) no es sino un truco más de mala calaña.
Según datos del Ministerio de Salud las EPS reciben anualmente 70 billones de pesos para su funcionamiento y 6.6 billones como cuota de administración, sin contar con ingresos adicionales por copagos y negación de servicios; mientras tanto, esas mismas EPS deben al sistema la suma aproximada de 23 billones de pesos, distribuidos así: 16.6 las EPS activas, 5 las EPS en liquidación, 1.7 las EPS liquidadas 2016-2022 y 407 millones las EPS liquidadas 2003-2015 [1], mal causante de la quiebra y cierre de muchas instituciones, con sus repercusiones negativas para la población, en contravía del derecho a la salud; y para el personal que labora en ellas, con las repercusiones de malos contratos y malos salarios. El personal de salud con esta crisis económica, a la que se sometió a las IPS por la retención de dineros por parte de las EPS, se afectó por doble vía: por un lado, con los contratos basura sin estabilidad ni garantías laborales, y por el otro, –al asistencial-, con repercusiones éticas, frente a la interposición de una decisión administrativa en la prescripción médica, muchas veces entorpeciendo la prestación de servicios.
¿Cómo es posible que después de transcurridos 30 años de este modelo de Ley 100 de 1993, al que se le han hecho varios ajustes normativos, tengamos en la actualidad en nuestro país, según datos del Ministerio de Salud, 600 municipios sin puestos de salud y 300 sin salas de partos? Eso solo lo explica la selectividad que produce el mercado, concentrándose en los lugares que aseguren ganancias por encima del derecho a la salud de la población.
Hoy, ante todas las evidencias, podemos afirmar con certeza que el modelo de la mercantilización de la salud fracasó y que se debe cambiar de forma estructural POR LA GARANTÍA DE ESTE DERECHO. Eso precisamente es lo que se encuentra en el articulado de la reforma propuesto por el gobierno Petro a través de su ministra Carolina Corcho; pero como lo hemos dicho, este cambio implica una modificación de modelo que responde a una premisa fundamental: para que la salud sea un verdadero derecho para la población colombiana tiene que acabarse con su mercantilización, ello implica acabar con la intermediación financiera privada, pero va más allá, esa es solo una de sus partes.
El nuevo modelo implica recuperar la dirección y el control efectivo del Estado en el sistema, la planificación centralizada, el recuperar los elementos de la salud pública y la medicina preventiva, el abordaje de los determinantes de la salud –entendiendo que la salud depende del entorno social, económico, político, ambiental en el que vivimos y no solamente del aspecto biológico individual-.
Cuando se busca dar cumplimiento al derecho a la salud de toda la población el enfoque cambia, el modelo es diferente, no puede importar la condición económica, política, de género, etnia o ubicación geográfica, todas y todos somos iguales para el sistema; y, por tanto, no deben existir barreras para nuestra salud y bienestar, estamos hablando de vivienda digna, disponibilidad de acueducto y alcantarillado, trabajo digno, alimentación adecuada y posibilidad de recreación, etc., así mismo, como cuando llegue la enfermedad no deben existir barreras para la atención adecuada.
Desde esta perspectiva surge la necesidad del concurso de otros sectores y Ministerios como el de Hacienda, Trabajo, Vivienda, Agricultura, Educación, Telecomunicaciones, Comercio, Ambiente, etc., la clave a nivel histórico en el mundo se ha encontrado en el trabajo de calidad, formal. Es a través de la formalización del trabajo –contrario a la informalidad en la que se encuentra más del 50 % de nuestra población- con puestos laborales de calidad y la búsqueda de su universalidad para la población económicamente activa, que se pueden lograr unos niveles de vida adecuados que permitan el disfrute de la salud. La tecnificación del campo, la soberanía alimentaria, la educación universal con calidad, el desarrollo de la industria –contrario a la desindustrialización en la que estamos-, el cuidado del medio ambiente y la paz, hacen parte del derecho a la salud y se requieren para su disfrute.
Frente al área específica de salud, la prevención -incluyendo la vacunación universal, los controles epidemiológicos, el agua potable, la disposición adecuada de excretas y desechos, los buenos hábitos, la promoción de la salud, la vivienda adecuada, etc., aspectos todos incluidos en la estrategia de la ATENCIÓN PRIMARIA, son esenciales; además, como lo hemos dicho, del acceso sin barreras por los diferentes niveles de atención y complejidad, que incluyen el acceso a la tecnología, según las necesidades de quién se enferme. Cumpliendo con el principio de un verdadero sistema de salud.
Para el personal que labora en el área de salud es necesaria su estabilidad laboral, su adecuada remuneración, sus contratos formales, que le permitan concentrarse en su labor y también las necesarias horas de descanso. Es fundamental, que las decisiones administrativas no se interpongan en el criterio médico ni afecten la ética en la atención.
Todo esto es lo que encontramos en la reforma y de nuestro apoyo colectivo, desde todos los espacios, con la pedagogía y la acción, con el poder de los movimientos sociales y populares que han luchado desde hace 30 años por el derecho a la salud, con la movilización en las calles, es que podremos hacerla realidad.
Avancemos juntos conscientemente con el Gobierno del Cambio.
“Esta larga lucha de las voces subalternas ha construido los pilares de la actual propuesta de reforma a la salud: atención primaria, supresión de la intermediación de las EPS, recuperación de hospitales públicos, servicios integrados y territorializados para lograr acceso oportuno y dignificación laboral del personal sanitario; lineamientos concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que propone un pacto social centrado en el cuidado de la vida. En esa vía, la equidad y dignidad humana, bases de los derechos fundamentales, no pueden ser, como hoy, bienes transables en el mercado” [2].
– María Esperanza Echeverri López.
[1] Ministerio de Salud de Colombia. Informe 23 enero 2023.
[2] https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU09D4IwFPwrLoykFbHqSBxMjIODMdDFvNCHPKV9UIrx5ws6GBeXy93lPoQWudAOHnSFQOygGXWh1WW92SbzLJUHqVIlM3VMl6tktzidpdgL_T8wLtCt63QmdMku4DOIvGUfoBkMQiSh_1U1W_zwCWeOA5UEfSTfbUeGp9TXbtETGyoZGgsWAvpIeqzYW4j7aTY26LGsOa4GZ8CiG89Ee9fFC37sT9E!/
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