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“Hay más democracia en México que en Estados Unidos, aquí gobierna el pueblo, allá la oligarquía”, expresó de manera categórica y con sobrado sustento el mandatario de la nación azteca, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado martes 27 de febrero, ante el pronunciamiento a todas luces injerencista del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en el sentido de respaldar la marcha efectuada el domingo 25, organizada por mafiosos grupos de derecha y ultraderecha, en cínica defensa del despilfarro y la cooptación oligárquica que tienen lugar en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de la reforma a este organismo que está en curso.
Al señalar que la postura del titular del Departamento de Estado corresponde a las actitudes que asumen las élites políticas estadunidenses desde hace siglos, AMLO instó al gobierno de Washington a leer el contenido de la reforma en materia electoral impulsada por su gobierno, así como a informarse acerca de la cauda de fraudes comiciales perpetrados con aval del INE o su antecesor, el IFE. Al mismo tiempo, el mandatario mexicano emplazó al despacho de asuntos exteriores estadounidenses a mostrar su preocupación por la democracia revisando el desempeño de su embajadora en Perú, asesora de los golpistas y represores que destituyeron y encarcelaron al presidente elegido legítimamente en las urnas, Pedro Castillo.
Como lo manifiesta el editorial del diario mexicano La Jornada del pasado jueves 2 de marzo, “ante la nueva interferencia del personal diplomático estadunidense, resulta pertinente recordar el paupérrimo historial democrático de la superpotencia. Por principio de cuentas, se trata de una nación cuya máxima autoridad, el titular del Ejecutivo, no es elegido por el pueblo, sino por un colegio electoral, institución que ha permitido llegar a la Presidencia a individuos que no obtuvieron la mayoría de votos. Durante 12 de los 23 años de este siglo, los estadunidenses han sido gobernados por quienes recibieron menos votos. Incluso cuando el triunfo electoral se adjudica a la persona más votada, el resultado se encuentra viciado por el control de los intereses corporativos sobre todo el proceso, hasta el punto de que los comicios han dejado de ser un campo de confrontación de ideas y proyectos de la sociedad para reducirse a un operativo para imponer la agenda de los grandes capitales”.
Los fraudes en la nación del Tío Sam
Al sustentar que EE.UU. registra un “negro historial antidemocrático”, el rotativo mexicano recuerda que en la gran nación del Tío Sam, las prácticas de fraude electoral también han sido recurrentes. “La elección de 1960 que llevó al poder a John F. Kennedy fue impugnada por su contendiente, y hay pocas dudas de que en 2000 el gobernador Jeb Bush favoreció indebidamente a su hermano George W. En esa ocasión, la Suprema Corte puso freno al recuento de los votos y adjudicó la victoria a éste, incidente que instaló una percepción de fraude explotada por Donald Trump en sus alegaciones falsas respecto a una manipulación indebida en su contra en 2020”.
Hay que agregar que el propio sistema político-electoral estadounidense es totalmente obsoleto (Colegio Electoral, la interferencia directa de la oligarquía financiera, del denominado ‘Estado profundo’ y del complejo industrial-militar, etcétera) y está plagado de exclusión (solo tiene preeminencia el bipartidismo demócrata-republicano), racismo, supresión del voto, todo lo cual caracteriza a un Estado plutocrático que desconoce los mínimos principios de la democracia liberal.
Añade la citada nota editorial que EE.UU. carece de toda “autoridad moral para pronunciarse sobre la democracia”, habida cuenta que “su política exterior es poco menos que un recuento de atentados contra ella: ha promovido o cobijado golpes de Estado en Irán, República Dominicana, Chile, Honduras, Argentina, Guatemala, Bolivia y otros países; además de respaldar política, económica y militarmente a regímenes sanguinarios como el de los Somoza en Nicaragua. En México, la embajada estadunidense fue la gran instigadora del golpe de Estado con que Victoriano Huerta depuso (en febrero de 1913) a Francisco Ignacio Madero y abrió una etapa de guerra fratricida con un incuantificable costo humano y material”.
Con todos estos antecedentes, precisa La Jornada, “es evidente que Estados Unidos no es un defensor de la democracia ni habla en nombre de ella, y que su posicionamiento debe ser rechazado por ser tan inapropiado como falaz”.
También intentos de golpe de Estado
Aunque es de uso corriente echar mano de la vieja broma de ¿por qué no hay golpes de Estado en Washington?, porque allí no hay una embajada estadunidense, es preciso señalar que sí ha habido más de un intento. Aún está fresco en la memoria colectiva la intentona de golpe por parte de Donald Trump el 6 de enero de 2021 cuando centenares de sus enardecidos seguidores asaltaron el emblemático edificio del Capitolio para tratar de desconocer los resultados electorales en los que perdió frente a Joe Biden. Pero además hay otro antecedente y es el llamado “Business Plot” (Complot del Negocio) en 1933 que apuntaba a derrocar el gobierno de Franklin D. Roosevelt, quien había osado poner en marcha el New Deal (Nuevo Acuerdo), el que, en opinión de los poderosos círculos empresariales y los sectores ultraconservadores, no era más que ‘socialismo’, lo cual no se podía tolerar.
El plan conspirativo que estaba siendo promovido por importantes empresas de reconocidos potentados como Rockefeller, Mellon, Pew, JP Morgan, du Pont, entre otros, buscaba remplazar a Roosevelt con una dictadura fascista al estilo de Hitler y Mussolini, muy populares en los círculos de poder en EE.UU. de aquel entonces.
Los conspiradores tenían previsto utilizar, para dar el golpe, a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, en su gran mayoría desempleados (conocidos como (Bonus Army) a quienes iba a liderar el general retirado de los marines Smedley Butler, un exitoso pistolero del capitalismo, como él se autocalificaba, ejecutor de planes imperiales y empresariales de EE.UU. dirigidos al saqueo en beneficio de los bancos y las compañías petroleras en Cuba, Filipinas, China, América Central y el Caribe, o en la toma de la ciudad mexicana de Veracruz en 1914.
El golpe de Estado contra Roosevelt fue frustrado y denunciado ante una comisión del Congreso por el propio Butler, a quien cada vez más cobraba la conciencia por sus hechos delictuosos pasados.
No hay que olvidar que para la dirigencia estadounidense su país tiene la misión de liderar el mundo, de acuerdo con una visión teocrática sustentada en la doctrina del Destino Manifiesto que data de 1845. De ahí que Washington sigue convencido de que su criminal intervencionismo sirve para diseminar el bien.
En favor de un ‘César estadounidense’
La plutocrática dirigencia estadounidense siempre ha jugado a imponer sus propias reglas. El término “democracia” solo lo entiende según su propia conveniencia. En un artículo en The Guardian del 3 de julio de 2022, Sarah Churchwell, recordaba que horas después del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, más de dos tercios de los republicanos votaron a favor del golpe, en contra de los resultados electorales, pues su firme intención era instalar a Trump como dictador. Pero es más, seis meses después un grupo de influyentes conservadores volvió a considerar “la necesidad de instaurar a un ‘César estadunidense’”.
Ese particular sistema político de EE.UU. cuenta para hacer prevalecer sus codiciosos e impresentables intereses con los medios ‘mainstream’ de propiedad de los grandes conglomerados económicos norteamericanos, los cuales no son más que caja de resonancia del ‘Estado profundo’ (el verdadero poder en Washington), algo que lamentaba recientemente el veterano reportero Seymour Hersh, señalando que muchos periodistas norteamericanos hoy sólo se limitan a recibir las instrucciones de altos funcionarios del gobierno estadounidense.
La negra historia del país del agresivo Tío Sam, entonces, permite colegir que la mal llamada ‘democracia estadunidense’ no deja de ser un oxímoron.
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