POR ARTURO LAGUADO DUCA /
Después de más de dos siglos de bipartidismo mediocre -apenas mechado con algunos destellos progresistas durante el primer gobierno de López Pumarejo en 1934 o los meses iniciales del desperdiciado gobierno de Ernesto Samper en la última década del siglo XX- caracterizado por la paradójica confluencia de altos niveles de violencia política y social con estabilidad institucional, Colombia parece haber abandonado el alineamiento extremo con EE.UU. y la posición aislacionista en lo relacionado a la política regional.
Con el arribo de un exdirigente del movimiento guerrillero M-19 al Palacio Nariño, el país entró en el mainstream político regional. Y, con ello, no sólo dejó de ser el “Tíbet de Suramérica”, sino que el presidente Gustavo Petro Urrego parece dispuesto a complementar el liderazgo regional que, en América del Norte ostenta Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en Suramérica, Luiz Inácio Lula da Silva.
Compartir las tendencias contrahegemónicas que, con éxito diverso, hoy caracterizan a la región, implica también enfrentar a las mismas estrategias de la derecha: fake news y lawfare. Pero, en el caso colombiano, se suman, además, años de conflicto armado que han dejado grupos insurgentes y paramilitares que aún se resisten -por diferentes motivos- a la desmovilización. En ese marco se mantiene el accionar de bandas paramilitares que, aceitadas por el dinero del narcotráfico, protegidas por sectores de las fuerzas militares y legitimadas por sectores de las sociedad civil y política -principalmente ganaderos y las huestes uribistas nucleadas en el partido neofascista Centro Democrático- continúan asesinando líderes sociales (1).
Este panorama político y social se produce en medio de una economía fuertemente golpeada por la pandemia con crecimiento del desempleo y la inflación durante 2020 y 2021 (2). Si bien hacia 2022 el PBI comenzó a recuperarse, tal como sucediera en otros países de América Latina, el crecimiento económico no alcanzó a los más pobres.
En febrero de este año la Cepal presentaba su anuario estadístico evaluando, entre otras cosas, la pobreza en la región durante el año anterior (3). En este estudio, Colombia ostentaba el dudoso mérito de ser tercero en el porcentaje más alto de pobreza extrema (15% de la población). Igualmente fue el quinto con la mayor tasa de desempleo regional (13,4 % de la población). Porcentaje que supera en cuatro puntos el promedio regional estimado por la Cepal (4).
En este difícil contexto Petro asume la Presidencia de Colombia rompiendo, por primera vez, el fuerte consenso elitista que caracterizó la historia del país.
El camino al gobierno
Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia apoyado por una variada coalición de agrupaciones políticas nucleadas en el Pacto Histórico, un frente conformado alrededor de Colombia Humana, el movimiento que fundara el Presidente años antes.
El novedoso -y en cierto sentido inesperado- triunfo electoral del movimiento popular en las elecciones de 2022 empezó a gestarse cuando, en noviembre de 2019 estallaron protestas masivas contra el gobierno de Iván Duque (5), un improvisado candidato puesto a dedo por el cuestionado expresidente Uribe Vélez con quien sí compartía un neoliberalismo cerril y una inocultable simpatía con las bandas paramilitares, pero no su carisma.
De esta manera, por primera vez, Colombia se sumaba al ciclo regional de protestas populares que sacudieron Perú, Chile y Ecuador. Al igual que en el resto de la región, luego de la pausa impuesta por la pandemia, en abril de 2021 se reanudaron las manifestaciones populares donde confluyeron demandas de mejor presupuesto universitario por parte de los jóvenes, los reclamos por la paz y el derecho a la vida -un eufemismo para pedir el fin de la matanza de líderes sociales- con la oposición a la reforma tributaria regresiva sancionada por Duque. La brutalidad de la represión terminó de galvanizar al movimiento, que optó por construir una agenda electoral -desafío nada sencillo en un país con tradición abstencionista como Colombia- que pusiera en el centro del tablero político la refundación del Estado sin corrupción ni violencia.
De esta forma, el 13 de marzo de 2022 se produjo una consulta interna entre los movimientos progresistas que dio como ganador a Gustavo Petro con el 80,5% de los votos, quedando en segundo lugar -con el 14%- la actual vicepresidenta, Francia Márquez (6). Esta fórmula alcanzaría el 40 % de los votos en mayo, cuando se produjo la primera vuelta en las elecciones presidenciales y el 50,4 % en el balotaje realizado al mes siguiente. Sin embargo, en las elecciones legislativas, los guarismos alcanzados por el Pacto Histórico fueron pobres: 10 de 108 escaños en el Senado y 28 de 188 en la Cámara de Representantes (7).
Estos resultados permiten delinear el contexto político que enfrenta Petro caracterizado por varias situaciones:
– El hartazgo contra el corrupto establishment liberal/conservador nucleado alrededor del impresentable expresidente Uribe Vélez no logró romper con la aceitada maquinaria política que define la elección de senadores y representantes.
A pesar de la amplia movilización popular contra el presidente Duque, la sostenida campaña de todos los medios de comunicación contra el candidato Petro -quien fue acusado de castro-chavista, guerrillero, comunista- hizo mella en el electorado. El 47% de los ciudadanos votaron por un outsider –Rodolfo Hernández- quien construyó su campaña con un discurso de ultraderecha.
– La emergencia de un movimiento popular de nuevo tipo, construido al calor de las movilizaciones y cristalizado en la oposición al neoliberalismo agresivo de las elites colombianas, se constituye en una base socio política que puede augurar una ruptura permanente en la sostenida hegemonía elitista de la política colombiana. Pero las alianzas tejidas al calor de la coyuntura callejera no garantizan apoyos coherentes a la hora de gobernar, como es visible, por ejemplo, en el Chile de Gabriel Boric. Sobre todo, cuando los números en el Congreso entorpecen la agenda legislativa del gobierno.
La agenda de reformas
En ese difícil contexto, donde a las secuelas de la pandemia y la guerra en Ucrania agregan una inflación superior al 13 % anual, Petro sancionó un incremento nominal del salario mínimo del 16 % -el más alto de la historia- aunque, dada la inflación, el incremento real fue cercano al 3% (8). En todo caso, aunque loable, esta medida es insuficiente en un contexto de informalidad laboral superior al 50 %.
En todo caso, coherente con el mandato de reconstituir el pacto social, el nuevo gobierno rápidamente instauró en una amplia agenda de reformas estructurales:
-La más demandada –y quizás la que más votos traccionó para su elección- fue la amplia propuesta de paz con las guerrillas aun activas y los grupos paramilitares. Con la voluntad de construir los acuerdos de paz sobre bases sólidas, se propuso hacer cumplir los pactos firmados en La Habana en 2016, olvidados por Duque, que establecían reactualizar catastros para devolver tierras a los campesinos desplazados por la violencia política. Así mismo, se propuso implementar varios programas de reforma agraria integral para los más de 170 municipios afectados por el conflicto armado (9). Sin duda una propuesta audaz dadas las históricas tensiones que afectan al campo colombiano.
-Así mismo, mandó al legislativo una reforma política –que se “hundió” en el Congreso de la República-, una de salud (10), además de las reformas de pensiones (11) y laboral (12). Estas reformas estructurales son, según el presidente, el núcleo de su propuesta política13. Todas ellas, también, tocan poderosos intereses económicos nacionales e internacionales, como por ejemplo, el plan para descarbonizar la producción y virar hacia energías limpias.
Este activismo político de Petro, según una encuesta de CELAG realizada en febrero pasado, ha sido bien recibido por la mayoría de la población. Según este centro de estudios “el 50 % de la población cree que Colombia se encuentra atravesando un proceso de cambio, misma proporción de la ciudadanía que registra una imagen positiva del presidente” (14).
Y agrega la misma encuesta, sobre las medidas tomadas por el gobierno,
“el 65 % acuerda con la reapertura de la frontera con Venezuela, 62 % con el pacto de cese al fuego y 65 % con la condonación de deudas del ICETEX. Además, otro de los factores que explica el apoyo de colombianos y colombianas al actual Gobierno son sus políticas de género, lo cual se ve reflejado en que seis de cada diez encuestados valoren positivamente la gestión del Gobierno en sus políticas públicas para la igualdad de las mujeres y que ocho de cada diez vean con buenos ojos el subsidio otorgado a mujeres cabeza de familia. La vicepresidenta Francia Márquez, quien lidera las políticas de igualdad en el país, registra una imagen positiva de 47 %. En cuanto a las reformas que impulsa el actual Gobierno, un 69 % piensa que debería reformarse el sistema de salud para priorizar la atención primaria y un 60 % considera que se debería reformar el sistema de pensiones para fortalecer el sistema público” (15).
La encuesta señala también fuerte desconfianza hacia los medios de comunicación, los bancos y el poco apoyo que concita la oposición.
Obstruccionismo político y fake news
Independientemente de los datos, siempre dudosos, de las encuestas, el establishment se ha embarcado en una ofensiva sostenida contra el presidente y sus políticas. Así se puso en práctica en Colombia un mecanismo que ha sido usado contra todos los presidentes progresistas de la región: noticias falsas (fake news); guerra jurídica (lawfare) y obstruccionismo en los cuerpos legislativos.
La política de paz fue, desde el inicio, criticada por los medios afines al expresidente Uribe Vélez y sistemáticamente torpedeada por el uribista fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa quien, según denunciara el senador Iván Cepeda: “Ha transgredido su labor y se ha metido en el proceso legislativo. Dijo que iba a impedir la tramitación de la ley de sometimiento. Eso es inadmisible. Él puede opinar, pero no puede ponerle obstáculos al Congreso” (16).
De esa forma, Barbosa –como lo hiciera su antecesor, el impresentable Néstor Humberto Martínez-, ha saboteado las leyes sometiendo a los grupos ilegales al exigir un endurecimiento en las posiciones del gobierno que torna inviable toda negociación. En la actualidad Petro se ha visto obligado a negociar con el Fiscal para desempantanar el proceso de paz.
Sectores del Poder Judicial, acompañados por la cloaca mediática de ultraderecha proporcionada por los principales propagadores de mentiras y descalificaciones (destacan la revista Semana, vocera del uribismo y el matutino El Tiempo de propiedad del principal especulador financiero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero el coro es monocorde), atacaron la decisión de Petro de poner en libertad a líderes sociales y dirigentes de las protestas del 2021, encarcelados con procedimientos turbios –pruebas falsas, montajes judiciales-. La reacción se produjo ante el anuncio del presidente en una reunión con las juntas comunales, de que antes de la navidad los presos de la insurrección social regresarían a sus hogares en calidad de “gestores de paz”, en los términos de la Ley de Orden Público aprobada por el Congreso de la República (17). En términos similares, con el agregado de un fuerte componente racista, se hostilizó a la vicepresidenta Francia Márquez porque usaba el helicóptero presidencial mientras se la acusaba falsamente de tener propiedades en Estados Unidos (18).
La reforma del sistema de salud –posiblemente la más importante de la batería de reformas propuesta por el presidente Petro- ha sufrido el rechazo sistemático de los medios de comunicación masiva y la defección de varios integrantes de la coalición de gobierno. Pero, antes del rechazo de la reforma, se procedió a la deslegitimación de la imagen de la ministra de Salud, Carolina Corcho, una destacada profesional de la medicina y respetada activista social. Así y con manifiesta mala fe se ha atribuido a su supuesta incompetencia un inexistente desabastecimiento de medicamentos (19).
También el proyecto de ley que propone la reforma ha sido atacado sistemáticamente –a menudo sugiriendo una supuesta intransigencia de la ministra de salud- al tiempo que, diariamente, se pronosticaba el ‘hundimiento’ del proyecto en el Congreso. Como bien señala la dirigente liberal Piedad Córdoba en un largo hilo de Twitter, el principal problema que enfrenta la reforma es que los líderes de los partidos tradicionales actúan como voceros de las EPS (20). Afirma Córdoba:
“Primero, los jefes de los partidos (incluido Vargas Lleras) son en realidad líderes de cúpulas políticas aliadas con los grupos económicos, defienden sus intereses y su modo de ver el derecho a la salud cómo un mercado. Hoy las EPS manejan dineros del estado. Cada mes el ADRES les gira 8 billones pero ellas pagan a los hospitales a 30, 60 y 90 días. Hacen negocios consigo mismas ¡y nadie las controla en serio! No me vengan ahora con un régimen mixto, la plata del Estado la maneja el Estado” (21).
En otras palabras, como demuestra Piedad Córdoba, el argumento de la “libertad de elegir” sólo oculta la imbricación de intereses entre los grandes grupos económicos y los dirigentes de los partidos políticos tradicionales.
A un tratamiento similar ha sido sometida la ministra de energía y la propuesta del presidente Petro, de ‘democratizar la generación de energía’ al tiempo que se impulsa la producción de energías limpias (22). Pero, sin dudas, el caballito de batalla de la oposición ha sido el tema de la inflación, fenómeno que los economistas del establishment atribuyen a la incertidumbre creada por las reformas (23).
Sin duda una inflación del 13,3% anual es un dato preocupante para Colombia. Pero tampoco es un fenómeno surgido ex nihilo. Como lo resume el exsenador Gustavo Bolivar en Twitter:
“En agosto Duque la entregó en 10, 8%. Hoy está en 13, 3%, es decir, 2.5% más en 8 meses. No es lo deseable. Hay que bajarla. Pero el tema tampoco es Duque. El fenómeno es mundial y es multicausal: 1-Sobreemisiones de moneda por la pandemia que inundaron de efectivo al mundo. El circulante excesivo presiona una alta demanda de productos y servicios. 2-Guerra Rusia-Ucrania (primer productor mundial de agroquímicos) Lo que ha triplicado precio de insumos. 3-Especulación (Inflación inercial) 4-Alto precio de los combustibles (aunque en Col. no se ha subido el ACPM) Y si es por la inflación de alimentos Duque la entregó en 26.7 y hoy está en 21,8%, obviamente muy alta aún” (24).
Claroscuros
Como todos los gobiernos populares latinoamericanos el presidente Petro debe enfrentar las estrategias destituyentes de la derecha. Esta situación se agrava en el caso colombiano por factores estructurales, pero también por características relacionadas con la manera en que el Pacto Histórico accedió al gobierno.
Entre las estructurales sobresale una congénita debilidad del Estado que está muy lejos de cumplir con ese primer requisito que enunciara Max Weber para los Estados modernos: el monopolio de la fuerza legítima. La dificultad para frenar el asesinato sistemático de líderes populares y la relación de sectores de las Fuerzas Armadas con grupos paramilitares son una manifestación de esta debilidad. La cooptación de sectores importantes del establishment político por los grupos económicos y los poderes ilegales, es otra.
A estos factores se suman algunos relacionados con la coyuntura internacional, con la historia reciente del país y con las mismas condiciones de llegada al gobierno. En el primer caso, está la crisis económica global producida por la pandemia y la guerra en Ucrania; dos fenómenos que han motorizado la inflación mundial pegando más fuerte en los países que ya venían con una tendencia inflacionaria.
Por otro lado, la experiencia neoliberal autoritaria de Duque no sólo dejó al país endeudado, desfinanciado y con altos índices de pobreza, sino que, como se señalara más arriba, con una tendencia inflacionaria que continuó durante el gobierno del Pacto Histórico.
Por último, pero no menos importante, Petro llega al gobierno al frente de una coalición laxa formada en medio de las movilizaciones populares. Si la amplitud de la alianza le dificulta sumar los votos necesarios en el Congreso para imponer su agenda legislativa, la esperanza en un cambio histórico surgida al calor de los combates callejeros puede generar cierta impaciencia en los votantes de Petro, que ambicionan una mejora radical en sus condiciones de vida. Como suele suceder en la región, los pueblos son, justificadamente, muchos más impacientes con los gobiernos populares.
En octubre de este año se realizarán elecciones regionales. El oficialismo no espera grandes resultados en ellas. Paralelamente, en las grandes ciudades se puede percibir cierto desencanto con el presidente Petro en las clases medias, sin duda producto del trabajo sistemático de los medios de comunicación. Posiblemente la situación sea muy distinta en las comunidades rurales donde el gobierno está haciendo presencia y movilizando planes de desarrollo. Esto le plantea al Pacto Histórico algunos desafíos:
– Iniciar una política de comunicación más agresiva que contrarreste las noticias falaces de los medios masivos con una actitud pedagógica permanente. El nombramiento del periodista y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Holman Morris, frente a la televisión pública es un paso en esa dirección. No parece, sin embargo, ser suficiente.
– Fiel al mandato recibido del pueblo, Petro ha iniciado –con dispar éxito en el Congreso- una política de transformaciones estructurales. Sin embargo, el impacto de este tipo de medidas suele ser en el mediano plazo. Da la impresión que, enfrentando a una oposición salvaje, son urgentes también iniciativas que produzcan resultados inmediatos en el nivel de vida de la población al tiempo que responden a las necesidades de relegitimación constante que tienen los regímenes populares que, por definición, gobiernan bajo asedio.
– En relación con lo anterior, aunque loable, la política centrada en lo comunitario no debe reemplazar a la interpelación a las masas. Serán ellas, en última instancia, quienes puedan frenar los intentos destituyentes que, sin dudas, intentarán las elites colombianas. Tal vez en esa lógica se inscribe su llamado a las juntas comunales de que el 1º de mayo marchen al Congreso exigiendo la aprobación de las reformas.
Notas
1
De hecho, durante el año 2022, cuando se impuso Petro en las elecciones generales, el asesinato de líderes sociales se intensificó aún más como un claro desafío al nuevo gobierno progresista.
https://www.pagina12.com.ar/493809-aumentaron-un-50-los-asesinatos-a-lideres-sociales-en-colomb
2
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46504/11/PO2020_Colombia_en.pdf
3
La aclaración es pertinente porque los medios hegemónicos tratan de atribuir a Petro este comportamiento de la pobreza que, de hecho, tiene que ver con las políticas del gobierno anterior.
4
5
Cfr Laguado Duca, A. América Latina insumisa: Colombia y las resistencias al ajuste. En Papeles de Coyuntura, https://politicaspublicas.flacso.org.ar/2019/11/27/america-latina-insumisa-colombia-y-las-resistencias-al-ajuste/
6
https://www.dw.com/es/colombia-petro-gana-y-francia-m%C3%A1rquez-sorprende/a-61180125
7
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Colombia_de_2022
8
9
https://www.pagina12.com.ar/447847-reforma-agraria-una-audaz-promesa-de-petro
10
La reforma de salud se propone universalizar servicios sanitarios de calidad. Contempla la creación de un sistema de aseguramiento universal, regulación de precios y tarifas de los servicios sanitarios y modernización de la infraestructura de los hospitales. También mejorar la gestión e impulsar un sistema único de compra de medicamentos.
11
La propuesta contempla 4 pilares: -Solidario: un subsidio a los ciudadanos mayores de 65 años en situación de pobreza; -Semicontributivo: para aquellos ciudadanos que no tienen suficientes semanas de aportes una jubilación equivalente al 80% del SMMV; Contributivo para los cotizantes al sistema; -Ahorro voluntario: para quienes quieran mejorar su pensión con aportes voluntarios. https://www.porvenir.com.co/documents/20143/0/abc-reforma-pensional-porvenir-2023.pdf/05f56d76-ed02-c7fd-0720-00366f25f992?t=1680712857226
12
La reforma laboral se puede sintetizar en 10 puntos:
1) Priorizar la contratación a término indefinido; 2) Recuperar y diferenciar la jornada de trabajo diurna y nocturna; 3) El pago del 100% de jornadas dominicales; 4) Restablecer el preaviso para los trabajadores; 5) Proteger el trabajo de plataformas digitales y de reparto; 6) Eliminar la violencia y el acoso en el mundo laboral; 7) Fortalecer la protección y promoción del derecho a sindicatos; 8) Mantener las ocho horas diarias en la jornada de trabajo; 9) Prohibir los contratos colectivos con organizaciones sindicales para prestación de servicios o ejecución de obras y;10) Crear la modalidad de jornada agropecuaria. https://www.elempleo.com/co/noticias/tendencias-laborales/los-10-puntos-claves-de-la-reforma-laboral-7193
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Íbid.
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20
Las EPS -empresas promotoras de salud- son las encargadas de la intermediación entre el paciente y los centros de atención.
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