POR ALEJANDRO QUINTERO GALEANO
Mucho se ha cuestionado al gobierno actual por parte de la derecha y algunos incautos la “no acción” durante estos nueve meses de gestión; sin embargo, si se analiza sin apasionamientos, encontraremos que ha hecho mucho más que su(s) antecesor(es) en varios años de mandato, la diferencia esta dictaminada por el filtro –de sector de interés- con el que se le examine y las limitaciones para el desarrollo del Plan de Gobierno. Desde esta perspectiva, nos volvemos a encontrar con Marx cuando acertadamente expresaba: “El Estado es un órgano de dominación de clases, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando la lucha de clases”. En el entendido de que el Estado no es neutral, no es esa supra institución que el liberalismo económico ha querido naturalizar; sino que por el contrario, sirve a los intereses determinados por la clase económica dominante, situación que en el caso colombiano se hace aún más compleja por la usurpación -cooptación- de muchas de sus instituciones por el narcotráfico y su alianza con sectores económicos, políticos, fuerza pública y (para)militares, lo que dificulta aún más la posibilidad de maniobra de un gobierno que desee el cambio de esta situación.
Esa es la realidad con la que se choca el gobierno del Pacto Histórico en la actualidad. La lucha por concretar las reformas progresistas, con las cuales ganó la Presidencia, apoyado por los sectores populares frente a la resistencia impuesta por las élites pertenecientes a las familias de los sectores económicos dominantes durante más de doscientos años; sectores que, en los últimos cuarenta años han estado acompañados por unas nuevas élites que emergieron a consecuencia del lucrativo negocio del narcotráfico.
A lo que se enfrenta el gobierno progresista hoy, es a un bloque hegemónico de poder conformado por las élites financieras, terratenientes, ganaderas y mafiosas que se han enquistado en el Estado y defienden sus beneficios a través de sus grandes medios (televisivos, escritos y radiales), de sus motores de reproducción virtual (bodegas) y de todas las instituciones que pudieron ser cooptadas por ellos, en los anteriores gobiernos (desde 2002), tales como: gran parte de la rama legislativa –con la respectiva Comisión de Acusaciones de la Cámara, encargada constitucionalmente de juzgar a Presidentes de la Nación y Fiscales generales-, la rama judicial –en especial la Fiscalía General de la Nación-, Procuraduría General, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Registraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), la Aerocivil y así, un sinnúmero de entidades –como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), sectores del Ejército y la Policía Nacional; instituciones y medios, con los que se ejerce una resistencia absoluta a las políticas del cambio y que han permitido su impunidad en los últimos treinta años. Casos como el exterminio de la Unión Patriótica, el asesinato de defensores de derechos humanos, profesores, sindicalistas, candidatos presidenciales, periodistas; más recientemente, la ‘parapolítica’, el papel delincuencial del DAS, el cohecho de Uribe Vélez, sus acusaciones por paramilitarismo, el asesinato y la manipulación de testigos, la llamada ‘Ñeñepolítica’ -intervención del narcotráfico a favor de la campaña de Iván Duque-, el caso de Néstor Humberto Martínez con Odebrecht y el entrampamiento al proceso de paz, o del señor José Félix Lafaurie con Fedegán, el embajador Fernando Sanclemente con su finca cocalera, etc., son ejemplos fehacientes de lo que nos referimos.
Hoy la oposición de parte de éstos sectores a la reforma a la salud, a las pensiones, la laboral, –con organismo como la ANDI, Fenalco, SAC, Fedesarrollo, Banco de la República-, la oposición a la compra de tierras para adelantar la reforma agraria, la negativa a la actualización catastral rural, la negativa a permitir hacer efectivo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la oposición permanente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la amenaza a sus magistrados, la negativa de la Fiscalía a investigar los crímenes del Clan del Golfo, la ‘Ñeñepolítica’, el caso de la “madrina” –mamá del presidente Duque y su corrupción en la SAE-, los casos contra Álvaro Uribe (mencionados) y Santiago Uribe con el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’, no son más que la respuesta de las élites corruptas y mafiosas, enquistadas en el Estado, a la confrontación de su poder por parte del nuevo gobierno.
Fue por ello que, a solo siete meses de gobierno, el presidente Petro se vio en la obligación de romper el acuerdo político con las cabezas del Partido Liberal (César Gaviria), Partido Conservador (Efraín Cepeda) y Partido de la U (Dilian Francisca Toro) al no apoyar las reformas progresistas, por ser ellos representantes de los intereses de esas élites que defienden el orden conservador-mafioso. Es por ello, además, que Petro acude a sus bases desde el balcón del Palacio de Nariño solicitando su respaldo y movilización, no como amenaza, sino entendiendo que solo con el respaldo del pueblo y su fuerza –constituyente primario- se podrán lograr las reformas planteadas.
La concientización de los sectores populares, su cohesión y su movilización -sectores que llevaron al triunfo al actual gobierno con el Pacto Histórico e independientes cansados del actuar de estas mafias-, significa en las condiciones de la política real Colombia, con la historia planteada, la fuerza disponible del actual gobierno para realizar las transformaciones planteadas.
Conocedores de esta situación, la oposición al gobierno realiza una constante, agresiva y virulenta campaña de ataque, desde el inicio del gobierno por parte de los miembros del Centro Democrático -expresidentes, parlamentarios, candidatos, funcionarios públicos, simpatizantes-, la ultraderecha -militantes en otros partidos y exmilitares- y los medios de comunicación, con el fin de dividir y mostrar fracasos en la gestión, crear una matriz de opinión contraria al gobierno basada en falsedades; el todo se vale, con el fin de recuperar pronto el poder del ejecutivo y seguir dominando a su favor todas las instituciones del Estado. Las pataletas del fiscal Barbosa no son más que cortinas de humo intentando desviar la atención de su responsabilidad, la de sus subalternos directos y jefes (Uribe-Duque-Martínez Neira), en los asesinatos cometidos por el Clan del Golfo, el compromiso con la corrupción, el delito, la ‘Ñeñepolítica’ y la relación con el narcotráfico (como lo ha demostrado con sus investigaciones el periodista Gonzalo Guillén publicadas en el portal La Nueva Prensa) para continuar gozando de su impunidad.
Esperamos que, ante la gravedad de estos hechos, pueda ingresar una comisión internacional que los investigue a profundidad, se active el Consejo Nacional de Política Criminal convocado por el señor Presidente, así como, que la próxima elección del nuevo Fiscal dé como resultado un penalista independiente del poder de estas mafias que pueda adelantar investigaciones imparciales. El gobierno debe además, mejorar su estrategia de comunicación a la población en general, en la cual ha fallado tanto dejándose tomar la delantera de sus adversarios.
Entretanto, el movimiento social no puede hacerse a un lado, entrando en inactividad o pasividad, por el contrario, debe estar más activo y fuerte que siempre, convocando a la población y desenmascarando las trampas y artimañas utilizadas por esos sectores tradicionales para confundir y debilitar. En el pueblo está la fuerza de sus dirigentes. Gaitán lo entendió bien: “no soy un hombre, soy un pueblo”. El pueblo debe ser el protagonista del cambio.
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