POR OCTAVIO QUINTERO
En el Gobierno de la “Paz total”, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tenido que lanzar un dramático SOS alertando sobre conspiradores que quieren derrocarlo. “Nos creen bobos”, ha dicho. “Aquí vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la paz”, añade.
La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) financiada fundamentalmente por The Open Society Foundation (OSF) del cuestionado especulador húngaro-estadounidense George Soros, operador financiero de la criminal Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA); la National Endowment for Democracy (NED), tapadera de la CIA; y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Seguridad (DCAF), una institución del sector militar y seguridad al servicio de la agresiva OTAN, acusa al presidente Petro de atacar y promover una imagen negativa del periodismo y los medios de comunicación “en su conjunto” –dice– y añade: … “alimentando un discurso en el que la prensa es antagonista, y así abre la puerta a la criminalización de los medios”. De este tenor es la ‘cabeza de proceso’ que esa Fundación abre contra el Presidente de los colombianos.
Afirmar que el presidente Petro es quien promueve la “imagen negativa del periodismo y los medios de comunicación”, es achacarle, adrede, el decaimiento paulatino de la ‘gran prensa’.
En 2017, Petro no era Presidente de Colombia y, a la sazón, la excontralora Sandra Morelli decía en una de sus columnas, publicada en el medio digital, Razón Pública:
“Así muchos se precien de nuestra libertad de prensa, el control económico de los conglomerados, la burocratización de los periodistas, la contratación con el Estado y la manipulación de los gobiernos hacen que los colombianos ya no creamos en los medios”.
La libertad de prensa justifica su razón de ser, si al mismo tiempo, su información es veraz e imparcial. Si la misma prensa viola ese derecho fundamental de la gente, se está autodeslegitimando ante la opinión pública, y buscar la culpa fuera, solo sirve para ahondar el proceso.
Viene a colación el tema (recurrente en mí), a propósito del comunicado de la FLIP, censurando a Petro por hacer referencia concreta a un “sector” de los medios ,y a ciertos periodistas que, en su concepto, no cejan de tergiversar informaciones para causarle animadversión pública.
Se observa en el comunicado, de entrada, un lenguaje beligerante y mentiroso, en el que el derecho de réplica se convierte en “atacar”, y un sector de la prensa, en “su conjunto”, y la más grave afirmación: “abriendo la puerta a la criminalización de los medios”.
Acusar al Presidente de criminalizar a los medios por ejercer su propio derecho a defenderse, y de paso, defender el buen nombre de Colombia, como jefe de Estado, encierra afirmaciones que no concuerdan con la realidad de los hechos, pues, el Presidente solo se ha limitado a rectificar informaciones tendenciosas y sentar su protesta ante lo que él mismo ha calificado de “cizaña”.
Por ejemplo, cizaña es referenciar el asesinato de tres periodistas en el mismo comunicado que endilga al Presidente de “alertar y abrir la puerta a la criminalización de los medios”. Eso es, como se dice popularmente, mala leche.
Por otro lado, afirmar que el Presidente ha convertido la prensa en su antagónica, es acusarlo de considerarla su enemiga per se, y que por eso la ataca. Si tal antagonismo existe, no ha sido buscado precisamente por Petro, sino por los mismos medios, y no solo ahora como Presidente, sino a lo largo de su carrera política. Es decir, ha sido la misma prensa que ha convertido a Petro en su antagónico. El problema es que, como empresas privadas, tienen todo el derecho a proclamar y ejercer oposición ideológica, pero como función periodística, es otra cosa, a mi modo de ver.
El mundo, considerado democrático, define la función periodística, mal llamada, genéricamente, prensa, como el oficio de producir información pública con la mayor objetividad ética y moralmente posibles, incluyendo la opinión editorial, aunque ésta goce de mayor libertad de expresión.
Cuando la FLIP afirma que Petro alienta y abre la puerta a la criminalización de los medios, manda el mensaje de que el Presidente infunde en la opinión pública el concepto de que el proceso de recabar y divulgar información es una acción criminal. Tan profunda y mendaz afirmación no puede estar más lejos de la objetividad.
Si la libertad de prensa es la esencia de la democracia, debiera ser la primera en preservarla, no usar ese derecho como cheque en blanco que pueda traspasar inmaculada los límites entre la verdad y la mentira, y menos, proclamarlo como exclusivo y excluyente, y mucho menos, prestarse como arma política de élites dominantes para desestabilizar a gobiernos legítimamente constituidos, por el solo hecho de no ser proclives a sus intereses privados. Las ONG, que llevan las cuentas de las veces en que se menoscaba la libertad de prensa, también debieran incluir las veces en que los medios atropellan otros derechos humanos, como los derechos políticos, por ejemplo. Si la prensa forma opinión para interpelar al poder con la verdad, como dice la ONU, ¿qué puede esperarse de una prensa formando opinión sobre verdades a medias y mentiras redondas?
Se acusa al Presidente de interferir “en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación”… La Fundación debiera demostrar esta temeraria afirmación, porque, al contrario, yo sí puedo demostrar, si me toca, que las empresas periodísticas, por su estatus privado con fines de lucro, no solo los intereses de los grupos económicos, a los cuales pertenecen, sino la pauta publicitaria, les condiciona el qué y el cómo informan. Distorsiona la FLIP la verdad para crear, ella sí, opiniones y percepciones en contra del Presidente de Colombia.
La descontextualización da lugar a aseveraciones maliciosas, como la que sigue: “Ayer (Petro) acusaba de forma genérica a un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo”:
Semejante afirmación es el vivo retrato de la irresponsabilidad. El Presidente no acusaba… hacía relación de coincidencia entre lo que denunció, años atrás como senador, y la confesión hoy del principal exjefe del paramilitarismo, Salvatore Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, se supone, debe decir la verdad para que esa justicia especial lo admita y pueda atenuar su pena dentro del proceso de paz, Santos-FARC.
Y, aunque resulte complejo demostrar el auspicio de un sector de la prensa con el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia (voluntario o forzado; directo o indirecto), ahí están los relatos de la época que recogen la cooptación e influencia de esos grupos criminales, que hicieron pagar caro a los medios resistentes, como el asesinato en 1986 del director de El Espectador, Guillermo Cano, entre otros muchos crímenes horrendos, que viene confesando Mancuso ante la JEP, entre ellos, la propia orden de matar al hoy Presidente Petro.
Con todo respeto por el glorioso García Márquez, cabeza del grupo fundador de la FLIP, pero me late que se equivocó, de buena fe, por supuesto, al impulsar la constitución de un gremio mixto (empresarios y periodistas), tal vez pensando que, al mismo tiempo que defendía la libertad de empresa periodística, defendía también la libertad de información y de expresión, cosas bien distintas, a mi modo de ver…
La libertad de expresión, de información y libertad de prensa, basamento funcional de los medios de comunicación, son derechos diferentes. El primero es inherente a todas las personas; el segundo, referido a los periodistas, les condiciona a suministrar a la sociedad información veraz e imparcial; el tercero otorga, sin límites, la libertad de fundar empresas periodísticas, condicionadas a la responsabilidad social. El primer derecho defiende la opinión individual y propicia la tolerancia social; el segundo, busca garantizar la ética y la moral en el oficio periodístico; el tercero, persigue la proliferación de medios, evitar la cartelización y desinformación. Sin embargo, los tres parecen derechos solamente nominales: la polarización política, niega la tolerancia y, por tanto, la libertad de expresión; la manipulación informativa, niega la veracidad y la imparcialidad y, por tanto, la ética y la moral periodística; y la concentración de los medios de comunicación en manos de poderosos grupos económicos, viene negando su proliferación. Afortunadamente la tecnología rompió la tendencia: hoy, con base en los mismos derechos, cualquier persona puede operar un medio digital, o expresar su opinión a través de las redes sociales, desafortunadamente, no apegada a los derechos. El vacío sigue latente.
Finalmente, como empresa periodística, el medio se apropia de la libertad de expresión atinente a todas las personas, y aunque no hay censura, puede potenciar y masificar la información y la opinión que más convenga a sus intereses, en cuyo caso, los periodistas, colaboradores, columnistas y editores, y hasta los lectores, conscientes o inconscientemente, convalidan su ideología.
En síntesis:
- La función principal de la empresa periodística es ideologizar y difundir, entre sus lectores, temas de cualquier orden. Para eso se funda.
- La función primordial de un periodista es, precisamente, desideologizar la información, rodeándola de la mayor objetividad posible… Pero, las circunstancias de subordinación laboral y dependencia económica de su salario, lo condicionan a los fines de la empresa. Elegir entre la objetividad y la lealtad a la empresa, provoca en el comunicador un conflicto interno entre el ser y el deber ser. La psicología denomina este fenómeno como disonancia cognitiva, que el periodista masifica en su función de comunicación social.
- Como resulta obvio, los principios y fines de unos y otros no caben en la misma canasta.
Eso es la FLIP, una fundación colombiana dominada por las empresas periodísticas, puesta al servicio de una oligarquía que ve en el presidente Petro al enemigo natural, ideológicamente hablando, que amenaza la continuación de sus privilegios con sus propuestas de cambio en busca de la justicia social y la “Paz total”. Así de sencillo.
Conclusión.- La desinformación, manera de manipular intencionalmente los hechos alrededor de un caso dado o prefabricado, puesta en evidencia, creo yo, en los ejemplos anteriores, es una de las cuatro armas para fabricar un ambiente social propicio al golpe de Estado, siglo XXI. Las otras tres son: el sistema financiero, el crimen organizado y la politización de la justicia. Derivan de la aplicación de estas estrategias, la neofobia (miedo al cambio), la calumnia, deslegitimación de gobiernos y líderes progresistas y creación de aparente estado de zozobra permanente, entre muchos otros artilugios.
¿Les suena que en Colombia, por estos síntomas, se cuece un golpe de Estado? Parece que sí… De momento ha llevado al propio presidente Petro a espetar, visiblemente ofuscado y retador: “nos creen bobos o pendejos”.
Lamentablemente la FLIP se está prestando a este juego sucio. Estoy seguro de que esto no era lo que buscaba Gabo al constituir la Fundación.
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