POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
La promesa de reforma al sistema de pensiones planteada por el presidente Gustavo Petro Urrego durante su campaña, se basaba en el sistema de pilares, que contemplaba un pilar básico en el que se clasificarían las personas que devengaran salarios hasta cuatro (4) salarios mínimos, es decir, desde $1.160.000 hasta $4.640.000, a precios de hoy, quienes pasarían a ser afiliadas a Colpensiones y cobijadas por el régimen de prima media; o sea, que deberían cotizar 1.300 semanas y tener 57 años de edad las mujeres y 62 los hombres. Cumplidos estos requisitos, quienes devenga salario mínimo obtendrían su pensión con una mesada equivalente al 65 % del mismo; en tanto que, las personas afiliadas a Colpensiones, así como las a los fondos privados, que devengan hasta cuatro (4) salarios mínimos, pasarían a ser afiliados obligatorios a esta entidad estatal, con lo cual podrían obtener pensión con una mesada mensual de $3.016.000 o un poco menos, equivalente al 65 % del promedio de salarios devengados en los últimos 10 años de servicio; incluso, si el afiliado cotiza hasta 500 semanas adicionales la tasa de remplazo llegaría hasta el 80 % del promedio salarial, es decir, $3.712.000, como está regulado actualmente.
Quienes saldrían beneficiados con esta propuesta serían las personas afiliadas a los fondos privados, que se rigen por el sistema de “ahorro individual con solidaridad”, porque de continuar las cosas como estaban, una persona afiliada este sistema, si cotiza 1.150 semanas y devenga cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes (SMLV), su mesada pensional se liquidará con el 38 % de su salario, es decir, quedaría en $1.763.000,en el mejor de los casos, porque generalmente no sobrepasan el salario mínimo, según el clamor de los afiliados a los fondos privados ya pensionados. En honor a la verdad, durante la campaña no quedó claro si las personas con salarios superiores a cuatro salarios mínimos, afiladas a Colpensiones, continuarían cobijados por el régimen de prima media y afiliadas a dicho fondo; pero, se deduce que así debe ser, en tanto que, hasta ahora, la afiliación a un fondo de pensiones es individual y voluntaria.
Obviamente, se sabía que, al no obtener las mayorías en el Congreso, el Gobierno y su bancada del Pacto Histórico, más una parte de la bancada del Partido Verde, se vieron obligados a concertar acuerdos con los liberales, los conservadores y de la U, con lo cual se logró una conciliación tripartita para los tres principales proyectos de política social, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y la reforma laboral. Acuerdos que, con la astucia del Chapulín Colorado, rompieron públicamente, con la deliberada intención de que los medios monopólicos de comunicación masiva informaran a la opinión que el Gobierno y sus ministros y ministras eran intransigentes, porque, supuestamente, se negaban aceptar nuevas propuestas de modificaciones a dichos proyectos.
Ahora bien, el proyecto de reforma pensional redactado en la conciliación tripartita, que ya no cuenta con el respaldo oficial de los partidos Liberal, Conservador y de la U, se mantuvo con las concesiones hechas por parte del Gobierno. La principal concesión consistió en mantener los fondos privados, con una fórmula que desvirtúa la promesa inicial de dejar el sistema de afiliación voluntaria tanto a Colpensiones, como a los fondos privados, que consiste en que todas las personas que devenguen hasta tres salarios mínimos, afiliadas tanto al fondo público, como a los fondos privados, quedarán afiliadas obligatoriamente a Colpensiones y, de tres salarios mínimos en adelante pasarán obligatoriamente a ser afilados al fondo privado que escojan “voluntariamente”.
Con esta fórmula, los fondos privados se fortalecerán y continuarán usufructuando los cientos de billones que atesoran por concepto del recaudo de los aportes de sus afiliados y de las ganancias producto de sus inversiones, en lugar de marchitarse, como era la intención inicial, mientras que los afilados a Colpensiones que devengan de tres salarios mínimos en adelante saldrán enormemente perjudicados; veamos por qué:
En primer lugar, la inmensa mayoría de personas pensionadas podrán obtener una pensión, cuya mesada equivaldrá al 65 % del salario mínimo legal vigente, las que ganan dos salarios mínimos, es decir $2.220.000, a precios de hoy, quedarán con una pensión aproximada de $1.443.000 y los de tres SMLV, obtendrán una pensión aproximada de $2.262.000. Este es el monto máximo que, según el Ministro de Hacienda, garantizará Colpensiones a todas las personas afiliadas al sistema mixto de pensiones; de ahí en adelante las personas de mayores ingresos deberán acudir al ahorro voluntario en un fondo privado para obtener una mesada pensional mayor. Nótese que Colpensiones capitalizará los aportes de todas las personas afiliadas al sistema, solo hasta un monto de tres (3) SMLV.
En segundo lugar, a los empleados que devenguen de tres (3) SMLV en adelante, les liquidarán el monto de su mesada pensional básica con el régimen de prima media hasta el tope de tres salarios mínimos. De ahí en adelante, les saldarán el resto de su mesada con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), lo cual será enormemente desventajoso. Lo demuestra claramente el ejemplo presentado en el comunicado de los profesores de la Universidad Nacional así: un profesor que devengue actualmente $10.440.000 (9SMLV) mensuales, afilado a Colpensiones, se pensionará, sumando todos los factores salariales, con $7.000.000 de mesada aproximadamente. Pero, si se pensiona con el nuevo régimen, recibirá su mesada pensional compuesta por $2.262.000 equivalente a sus tres SMLV cotizados en Colpensiones, más el 38% de los siete (7) SMLV restantes, es decir $8.120.000, que cotizará a una AFP, que es la tasa de reemplazo que esta garantiza al afiliado; es decir, $3.085.000, que sumados a los $2.262.000, arrojan un total de $5.345.000, causándole una pérdida de $1.655.000 mensuales por el resto de su vida. Suma que se incrementará si el funcionario cotiza adicionalmente 500 semanas más, como está previsto en la ley vigente.
En tercer lugar, porque las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se quedarán con los aportes de mayor cuantía; por ejemplo: un parlamentario gana, digamos $40.000.000, es decir, 34.5 SMLV, cotiza por tres SMLV a Colpensiones y por 31. 5 SMLV al fondo privado. Esto nos dice que las AFP saldrán gananciosas y fortalecidas porque recibirán mayores ingresos y pagarán menores montos para cada mesada pensional superior a tres (3) salarios mínimos. Con el pueblo en las calles, el Gobierno y el Congreso deben evitar este atropello; para ello, bastaría con reglamentar que se mantenga la garantía de que, a partir de los tres SMLV, la afiliación tanto a Colpensiones, como a las AFP, sea libre y voluntaria. Reglamentar la afiliación obligatoria a los fondos privados atenta contra los derechos a obtener una pensión digna y a decidir libremente a qué fondo afiliarse.
De otra parte, al sector de los más de 2.200.000 pensionados actuales y los que en adelante se pensionen, no salen beneficiados con esta reforma, porque, salvo la nimia disminución del 12 % al 10 % de cotización para salud de los pensionados que ganen hasta dos salarios mínimos, el gobierno, igual que los gobiernos anteriores, con el argumento de que “no lo permite la regla fiscal”, negó la posibilidad de que se reduzca el aporte para salud de los pensionados del 12 % al 4 %, que la mesada pensional se aumente anualmente con el porcentaje en que sea incrementado el salario mínimo cada año o con la opción más favorable y que la mesada 14 que les fue despojada por el gobierno de Uribe a quienes se pensionaron a partir de 2006, les sea restituida. Las mesadas pensionales continuarán congeladas y depreciándose cada año, seguiremos aportando el 12 % para salud y la mesada 14 quedará en veremos. Seguiremos siendo empujados, junto con nuestras familias al empobrecimiento progresivo. Preguntamos al Gobierno que ayudamos a elegir: ¿por qué los pensionados/as seguimos condenados a continuar subsidiando la salud de los trabajadores activos y de las poblaciones excluidas? Todo indica que el sector de pensionados/s somos víctimas de la política fiscal impuesta por la banca financiera internacional. Lo cierto es que ninguna de las aspiraciones planteadas ha sido concedida.
Es claro que, con el sometimiento del Gobierno a la férula fiscal, ha logrado el apoyo del FMI, el Banco Mundial (BM) y la OCDE, así como del gobierno de los Estados Unidos, para los proyectos de reformas sociales que cursan en el Congreso de la República, pero el costo que paga es alto, porque el presupuesto para inversión en políticas sociales, está sometido a esta draconiana regla impuesta por la banca multilateral, con el pretexto de controlar que los gastos de los gobiernos no superen los ingresos, pero con la soterrada intención de asegurarse el pago oportuno de los altos costos de la deuda externa, so pena de endurecer las altas tasas de interés en futuros créditos externos.
En estas condiciones, los proyectos de reformas sociales que se tramitan en el Congreso, deben pasar por las horcas caudinas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) que es el “encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal de la regla fiscal” (Ley 1473 de 2011), con el grave riesgo de que sean rechazadas o convertidas en remedo de reformas, para que los cambios democráticos no se hagan.
El pueblo colombiano debe exigir, con la movilización, que el Gobierno suspenda temporalmente la aplicación de la regla fiscal, previo concepto del tal Confis, para hacer realidad las reformas sociales y democráticas prometidas en campaña.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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