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Tras las elecciones generales realizadas el pasado 25 de junio en Guatemala se suspendió repentinamente el proceso de escrutinio basándose en falsas denuncias de “fraude” que ahora amenazan con extinguir la frágil y “secuestrada” democracia de este país centroamericano por los corruptos sectores tradicionales.
La jornada electoral que se llevó a cabo recientemente se desarrolló de manera pacífica y contó con la participación de observadores internacionales de diversas partes del mundo. El resultado de los comicios dejó atónitos a los partidos tradicionales de la derecha guatemalteca, que no consiguieron pasar a la segunda vuelta electoral.
Una semana más tarde, estos partidos que hacen parte de un clan mafioso que domina buena parte de la institucionalidad del país, presentaron un recurso desesperado ante el más alto Tribunal Constitucional de Guatemala para que detuviera la certificación de la primera vuelta, suspendiera la publicación de los resultados oficiales e iniciara un recuento debido a “anomalías” no especificadas en los resultados. Sin embargo, no se han presentado pruebas de tales “anomalías” a la opinión pública guatemalteca ni a los observadores internacionales.
No obstante, la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y el inicio de un periodo de 15 días para recontar, impugnar e incluso anular los votos de toda Guatemala.
La medida descarrila todo el proceso electoral, suspendiendo la certificación electoral de alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios de todo el país. Y al hacerlo, amenaza con romper por completo el débil sistema democrático.
Los próximos días son ahora críticos: determinarán no sólo la dirección del proceso electoral, sino si Guatemala tendrá un proceso electoral transparente o seguirá en manos de la corrupción que logró consolidarse desde hace décadas.
La suspensión de las elecciones crea el riesgo de una prolongación indefinida del poder institucional por parte de una oligarquía aterrorizada ante cualquier desafío a su control del país, democrático o no.
Sólo una poderosa mezcla de movilización popular y apoyo internacional puede proteger la integridad del proceso democrático —para garantizar que las elecciones pasen a una segunda vuelta el 20 de agosto— y asegurarse de que este proceso comicial no abra otro oscuro capítulo en la historia moderna de Guatemala.
Organizaciones sociales y partidos políticos piden el respeto al proceso en ley y que se avance a la segunda vuelta.
Gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza, así como la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante una declaración conjunta se pronunciaron respaldo a garantizar en esta nación centroamericana una democracia libre y transparente.
En su declaración dichos gobiernos expresan que las organizaciones internacionales de observación verificaron el desarrollo del proceso electoral, que en general persistió la libre manifestación de la ciudadanía en la primera vuelta electoral.
Durante las dos últimas décadas, en toda América Latina se han desplegado tácticas similares de guerra legal para excluir a candidatos, debilitar las elecciones o expulsar del poder a líderes y lideresas populares.
Según los resultados oficiales preliminares, ningún candidato presidencial alcanzó el 50 por ciento más uno de los votos, por lo que se convocó a una segunda vuelta electoral el 20 de agosto siguiente entre Sandra Torres (UNE), quien obtuvo primer lugar, y Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, que quedó en el segundo sitio, pese a que las encuestas lo ubican en el octavo escalón.
En el tercer peldaño se ubicó el aspirante presidencial por la agrupación oficialista Vamos, Manuel Conde, a más de 200.000 votos de distancia de Arévalo de León.
En el Congreso, el colectivo Vamos consiguió la mayoría con 39 diputados, seguido de la UNE, con 28 escaños, y Semilla con 23 bancas, de acuerdo con los resultados preliminares entregados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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