OJO PÚBLICO /
Parado en una tarima, en un salón de un hotel de Lima, el político peruano Fernán Altuve dijo una mentira: “Lo que hubo en el sur del Perú fue un mega fraude electoral”. Ese 29 de marzo de 2023, el alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, empresario y político ultraconservador, oficiaba como anfitrión del segundo encuentro del Foro Madrid, una alianza de políticos de ultraderecha de toda Iberoamérica organizada por la Fundación Disenso.
La fundación fue creada por el partido político español Vox y se financia con los fondos de esa colectividad en España, que en su mayoría son públicos. Dedica buena parte de su trabajo a la difusión internacional de sus ideas y a la construcción de alianzas en los países de Iberoamérica.
Durante la pandemia –como detalla una investigación sobre el avance de la extrema derecha en Latinoamérica– varios de estos colectivos ultraconservadores, que ya expresaban afinidad hacia los discursos fundamentalistas de los entonces presidentes Donald Trump, en Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, en Brasil, afianzaron sus alianzas con organizaciones de ultraderecha como el partido fascista español Vox. Desde entonces, se han sumado a campañas que atacan y desinforman sobre el enfoque de género, derechos ciudadanos y resultados electorales.
En Perú, esa retórica de ataque y defensa, de conflicto permanente, también ha sido la de López Aliaga. Desde su fallida aspiración presidencial en 2021, cuando no llegó a segunda vuelta, el político peruano ha estado diciendo falsamente que sus fracasos se deben a un fraude, a pesar de que no haya evidencias y de que los organismos internacionales calificaron las elecciones de limpias y transparentes.
En marzo de 2021, un mes antes de esos comicios generales en su país, sostuvo que no iban a ser pulcros y empezó una campaña para exigir el respeto al voto. En sus redes sociales fue más explícito: comenzó a compartir la etiqueta #SinRafaEsFraude.
Incluso reclamó, sin evidencias, supuestas irregularidades cuando ganó la Alcaldía de Lima en las elecciones locales de 2022. “Yo he ganado a pesar de Salas Arenas (presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que organiza las elecciones del Perú)”, dijo en una entrevista en la que afirmó falsamente que debió haber tenido más votos de los que le contaron.
Esta narrativa falsa es difundida en Latinoamérica por políticos que son firmantes de la Carta de Madrid y tienen conexiones claras con Vox y con la Fundación Disenso. Es común que políticos de diversas naciones con ideologías afines se unan para impulsar sus ideas, asistan a encuentros y propaguen sus tesis más allá de las fronteras.
Sin embargo, más allá de estas acciones, que constituyen una actividad legítima, algunos de sus integrantes juntan fuerzas para instalar mentiras en detrimento del sistema democrático. Por ejemplo, al decir que el sistema electoral no funciona o que la justicia favorece a sus opositores.
En paralelo a sus declaraciones falsas, este equipo periodístico encontró indicios de operaciones coordinadas para impulsar en redes sociales los mismos relatos de fraude electoral. Estas estrategias son distribuidas por medios y cuentas de redes sociales que se dedican a hacer propaganda a estos políticos, pero sin dejar huella de una relación directa con ellos.
Así, los feligreses de Disenso llenan las plazas digitales, dando la apariencia de que sus posturas radicales son más originales y populares de lo que en realidad son. No hay evidencias de que Vox o Disenso estén involucrados directamente en dichas operaciones.
Contactados los políticos peruanos involucrados decidieron abstenerse de responder públicamente por qué hicieron esas afirmaciones sobre las elecciones en Perú y otros países.
La Fundación Disenso, por su parte, afirmó haberse referido a un concepto amplio de la palabra “fraude”, que involucra “todas las acciones que tergiversan la voluntad de los electores y que sirven para acceder al poder o para perpetuarse en él”. Citó como ejemplos “el uso de medios violentos para chantajear a electores, como en Chile en 2019 y en Colombia en 2021” y las más recientes elecciones en Nicaragua, en 2021, ampliamente condenadas por organismos internacionales.
En setiembre del 2021, el vicepresidente y diputado del partido de extrema derecha Vox, Víctor González y el director de la Fundación Disenso, Martín Frías, trajeron a Lima la Carta de Madrid y lograron la adhesión de líderes de tres partidos políticos peruanos: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, las mismas que impulsaron la campaña del falso fraude.
El coro del Disenso
En Europa es tradición que los partidos políticos tengan fundaciones a su nombre, pero Disenso pronto tomó un perfil combativo y notorio, distinto al de otras instituciones similares. Fundada en 2020, Disenso dedica —según su director, Jorge Martín Frías—buena parte de sus esfuerzos a “comparecer ante la batalla cultural y dar la guerra cultural”.
“Para estos grupos, la guerra cultural es un enfrentamiento contra cosas como las políticas de género o el feminismo. Ellos creen que el marxismo ya no se va a imponer a través de la clásica lucha de clases sino a través de estas posturas, que para ellos son neomarxistas”, explica el politólogo Farid Kahhat, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Lima y autor del libro El eterno retorno sobre la derecha populista global.
Desde su inicio, la fundación ha impulsado el proyecto Iberosfera, que tiene como objetivo la “coordinación entre personalidades de Hispanoamérica y España para el desarrollo de proyectos e ideas”, según consta en su Plan de Actuación 2023.
Una de sus primeras acciones fue coordinar, en 2021, la Carta de Madrid: un documento en el que se denuncia que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista […] bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla [dos grupos de partidos políticos de izquierda de América Latina], que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”.
Esa carta fue firmada por parlamentarios, expresidentes y personalidades de 19 países, entre quienes se cuentan López Aliaga y otras figuras de la derecha populista latinoamericana, como el candidato presidencial argentino Javier Milei, el diputado chileno Johannes Kaiser, el excandidato presidencial del Partido Republicano de Chile José Antonio Kast, y la senadora colombiana María Fernanda Cabal.
Muchos de estos políticos también tienen relaciones cercanas con Vox y con su presidente, Santiago Abascal. Cabal acompañó a Abascal a sus discursos de cierre de campaña a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y, en uno de esos mítines, dijo que “los comunistas son un cáncer”. Por la misma época, los republicanos chilenos enviaron a España a su vicepresidente Martín Arrau, quien buscaba aprender estrategias de campaña para replicar en Chile. Arrau se reunió con Abascal, Frías, el estratega político de Vox, Kiko Méndez Monasterio, y los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch.
Tal como sucedió con Cabal, Arrau estuvo sentado en primera fila durante el acto de cierre de campaña y recibió un “eufórico” saludo de parte de Abascal: “aprovecho para dar las gracias por su presencia a Carlos Martín (Arrau), vicepresidente del Partido Republicano de Chile, donde están mostrándonos el camino de qué es lo que hay que hacer, en la derrota del comunismo, en una reacción gigantesca y maravillosa que ha dado al Partido Republicano en Chile, la victoria que nadie esperaba”.
Alrededor de esta red se constituyó el llamado Foro de Madrid, que se autodefine como “una alianza internacional de líderes, entidades y partidos que defienden la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho ante el avance de la extrema izquierda en países de ambos lados del Atlántico”.
Antes de reunirse en Lima ya lo habían hecho en Bogotá, en febrero de 2022. En esa ocasión, la senadora Cabal fue ponente, junto al cuestionado expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y a Ernesto Araujo, excanciller del gobierno Bolsonaro en Brasil. El fascista Javier Milei, candidato presidencial argentino, estaba invitado, pero no pudo ir.
El otro gran altavoz de Disenso es La Gaceta de la Iberosfera, un sitio web de noticias que compró en 2020. El diario publica información y opinión de España y América Latina con una línea editorial de derecha y, en ocasiones, sirve de altavoz para las mentiras de los amigos de Vox en América Latina.
Los falsos fraudes
“La izquierda es vista por ellos como una amenaza existencial”, dice el profesor Kahhat de Lima. “Creo que eso ayuda a entender por qué esos esfuerzos de coordinación fructifican: porque creen enfrentar a un enemigo común encarnado en el Foro de Sao Paulo”.
Esta coordinación se ve claramente cuando se analiza cómo Disenso y sus aliados ayudaron a impulsar la versión de que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales peruanos, que ganó Pedro Castillo, buscando movilizar a los ciudadanos para presionar a las autoridades electorales.
A las denuncias que venía haciendo López Aliaga se sumó la candidata derrotada en segunda vuelta el 6 de junio de 2021, Keiko Fujimori, que alegó que habría habido un “fraude en mesa” por parte de delegados electorales de Perú Libre, el partido de Castillo.
El 7 de junio, tan pronto vio que los resultados no la favorecían, Fujimori difundió en medios y redes sociales lo que calificó como indicios de fraude: supuestas imágenes de tarjetones ya marcados y actas que no tenían votos por su partido, Fuerza Popular. Al final, la candidata impulsó el hashtag #FraudeEnMesa, que concentró las supuestas denuncias de irregularidades en contra de la candidata derechista.
Vox y Disenso pronto se unieron al coro. En España, el grupo parlamentario del partido radicó una proposición para que la Unión Europea gestionara ante la OEA una auditoría a los resultados de las elecciones “ante la evidente existencia de irregularidades en dichas elecciones”.
La Gaceta reprodujo los reclamos de Fujimori y de otros políticos peruanos que decían que hubo fraude, y publicó una columna de opinión titulada “El Foro de Sao Paulo intenta conquistar Perú mediante el fraude electoral”.
También se sumaron varios firmantes de la Carta de Madrid, que plantearon —basados en evidencias engañosas— que se trataba de una conspiración del Foro de Sao Paulo. López Aliaga pidió la repetición de la segunda vuelta y llamó a sus seguidores a una “marcha por la libertad y la democracia” para exigir “unas elecciones transparentes”.
Cabal, la senadora colombiana, también publicó dos columnas y varios tuits haciendo eco de esta narrativa, e incluso fue entrevistada por un canal de televisión peruano. Allí dijo que “el Foro de Sao Paulo cuenta con un equipo itinerante experto en cometer fraude” que “pretende salirse con la suya en Perú”.
Contactados por esta alianza periodística, ni Fujimori, ni López Aliaga, ni Altuve, decidieron responder públicamente por su rol en difundir la narrativa del falso fraude. El asesor de prensa de Fujimori dijo que ella no estaba dando entrevistas, Altuve no nos autorizó a que citáramos su respuesta. López Aliaga vio los mensajes enviados por mensajería instantánea pero no los respondió.
La senadora colombiana Cabal dijo que sus afirmaciones se basaron en “varias publicaciones y denuncias que se hicieron sobre el papel del Foro de Sao Paulo para ese proceso electoral”, y compartió un texto publicado por La Gaceta de la Iberosfera que repite la tesis de que “el Foro de Sao Paulo intenta conquistar Perú mediante el fraude electoral”.
Mientras tanto, los simpatizantes de Fujimori, aupados por la virulencia de los contenidos en redes sociales, hacían manifestaciones —algunas de ellas, violentas— y elevaban la tensión en Lima. Algunos ‘influenciadores’ de la derecha peruana cosecharon cientos de interacciones, luego de publicar supuestas evidencias del fraude.
Le pidieron a las autoridades que suspendieran la proclamación de Castillo, en Facebook, y grupos y páginas fujimoristas llamaban a marchas frente a las cortes y al Congreso.
La conversación sobre el supuesto fraude electoral en el Perú tuvo más de 67.000 tuits y 17.000 publicaciones en Facebook, la mayoría defendiendo la acusación lanzada por Fujimori, pero algunos también contrarrestándola. Específicamente la etiqueta #FraudeEnMesa tuvo miles de menciones ese mismo día, y Julián Macías Tovar, un investigador digital vinculado con la izquierda española, aseguró el 9 de junio que encontró “cientos de cuentas creadas en las últimas 24 horas desde que se lanzó la campaña diseñada y lanzada por el equipo de Fujimori”.
Algunos usuarios cometieron un error que los delató: publicaron la etiqueta #FraundeEnMesa, con la ‘n’ mal puesta. Con esa etiqueta errada se publicaron 33.180 tuits; y un análisis de las cuentas más activas de ese listado, hecho por esta alianza, revela indicios de actividad inauténtica.
Esto quiere decir que muchas de ellas se dedican principalmente a publicar retuits o a difundir etiquetas específicas, pocas tienen indicios de la identidad de la persona que las maneja, como nombres o fotos, y la mayoría se dedica exclusivamente a publicar mensajes sobre política peruana, siempre desde una perspectiva de derecha.
Aunque estos indicios no confirman que se trate necesariamente de cuentas automatizadas, falsas o contratadas, según los socios expertos de esta alianza periodística, sí indica que su objetivo es buscar distorsionar la conversación e ‘inflar’ la distribución de una narrativa específica.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales pronto desmintió la mayoría de las afirmaciones que la ultraderecha puso a circular: no era cierto que hubieran votado los muertos, ni que el sistema de reportes de resultados estuviera controlado desde Venezuela —como dijo el impresentable expresidente colombiano Andrés Pastrana, autoproclamado “amigo” de Vox.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dijo en su informe que las votaciones “fueron en general creíbles e íntegras” y que las autoridades electorales peruanas “gestionaron unas elecciones bien organizadas, a pesar de enfrentar acusaciones no probadas de falta de independencia, unas campañas de desprestigio sin precedentes y ataques —incluido acoso a sus presidentes— que perturbaron el proceso”.
La Fiscalía peruana informó, en julio de 2022, que tampoco encontró mérito en las supuestas evidencias presentadas por Fujimori, pues no hubo testigos electorales suplantados, ni firmas falsificadas en las actas.
Aunque el discurso del fraude tuviera tanta prevalencia en redes sociales, no parece haber calado en la mayoría de los ciudadanos. Según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos luego de la elección, el 53% de encuestados afirmó que Fuerza Popular no tenía razón en sus reclamos con relación a la votación y que fue una estrategia para no reconocer los resultados electorales, 12 % creyó que tuvo algo de razón, pero que ello no afectaría los resultados.
“La vocación por la mentira de estos grupos creo que es deliberada”, dice el profesor Kahhat, pues ‘cantar’ fraude tiene sentido político. “Una vez que pierdes, la única forma de explicar la derrota sin decir que cometiste algún error es alegando que en realidad te ganaron con malas artes”.
Y, a medida que la izquierda ganaba elecciones en Latinoamérica, la estrategia se repitió. En enero de 2022, La Gaceta de la Iberosfera publicó un contenido lleno de falsedades relacionado con una supuesta alianza entre la empresa española Indra, que provee software electoral, y Gustavo Petro, para —dijeron— cometer un fraude en las elecciones presidenciales de Colombia.
La publicación se basó en fuentes de derecha como el bloguero fascista Eduardo Mackenzie, firmante de la Carta de Madrid. El comentarista dijo que Indra “dirá qué cifras arrojaron esas votaciones” en las presidenciales y, falsamente, que estaba acusada de participar en el supuesto robo a las elecciones a Donald Trump en Estados Unidos. La Gaceta también difundió una declaración del expresidente colombiano Pastrana, que dijo que Petro se reunió con el presidente de Indra. Tal reunión no ocurrió: se trató de una reunión con 30 ejecutivos de empresas españolas, a la que asistió un ejecutivo de Indra, pero no el presidente.
Indra sí consiguió un contrato para el escrutinio de las elecciones colombianas que fue cuestionado por medios de comunicación, pero no ha estado involucrada en casos de fraude.
A pesar de eso, la narrativa de que Gustavo Petro preparaba un fraude fue difundida ampliamente por líderes cercanos a Disenso, como Cabal. Y aún hoy, un año después de que Petro fue electo en unos comicios cuyos resultados fueron reconocidos por los perdedores y las misiones internacionales de observación electoral, la mentira de que hubo fraude en esas elecciones sigue siendo difundida por voces influyentes de Disenso y de Vox, como el eurodiputado Hermann Tertsch, el Foro Madrid o La Gaceta, que pidió en un editorial “anular de manera inmediata la elección de Gustavo Petro por la suma de irregularidades que impidió a los colombianos participar en unos comicios limpios, libres y transparentes”.
Cabal, con su malintencionalidad característica dijo que, por fraude, se refería a “la violación a los topes electorales con dineros de dudosa procedencia” que son investigados actualmente por la justicia colombiana tras una declaración de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ante la Fiscalía. Estos hechos que ella menciona han sido conocidos recién en la coyuntura de las últimas semanas y son muy posteriores a cuando ella ayudó a distribuir la acusación.
En redes sociales el bulo también caló, y ha tenido una larga vida. El monitoreo arrojó 68.927 tuits que mencionan las palabras “Petro” e “Indra” desde enero de 2022 hasta julio de 2023, y que Pastrana, Disenso y el eurodiputado Hermann Tertsch estuvieron entre los usuarios más amplificados en esa conversación.
Contactado al eurodiputado Tertsch por correo electrónico para preguntarle por qué hizo esa afirmación, no respondió.
Tal como en el caso de Perú, la conversación fue dominada por cuentas anónimas e hiperactivas de cuentas con máscara de activistas de derecha, cuya labor se centró en impulsar las narrativas de ese sector político.
Sin embargo, esta vez la conversación ha perdurado en redes, y no se extinguió tras las elecciones. Luego de la campaña presidencial, tuvo un pico en junio de 2023.
El caso chileno
En Chile, José Antonio Kast insinuó que había posibilidad de fraude en las elecciones del plebiscito constitucional en 2020; y sus adherentes en redes sociales y aliados políticos han impulsado embustes en los que se afirma, falsamente, que las autoridades electorales están en su contra.
La conversación sobre fraude electoral en Chile tuvo dos picos. El primero coincidió con la segunda vuelta presidencial, en diciembre de 2021. El segundo, con la difusión de un informe del legislador argentino Gerardo Milman, en junio de 2022, que afirmaba que los pasajeros de un avión iraní detenido en Argentina buscaban instalar un “comando de ciberinteligencia” para apoyar al presidente Gabriel Boric en el referendo constitucional que estaba por celebrarse. Tuiteros y diputados chilenos de derecha retomaron la información diciendo, sin evidencia, que en realidad se trataba de la preparación de un fraude de la izquierda en el referendo constitucional que se hizo en setiembre de ese año —en el cual ganó la opción de Rechazo, que impulsaba la derecha—. En este caso, Disenso guardó silencio.
Conexiones estadounidenses
Muchos de los políticos conectados con Disenso en Latinoamérica y España tienen otro aliado en común, que también ha estado involucrado en falsos reclamos de fraude electoral: el estadounidense Steve Bannon, el asesor político de Donald Trump, presuntamente involucrado en la estrategia para impedir la posesión de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos.
Bannon también fue la conexión estadounidense de Vox con Rafael Bardají, un asesor político español domiciliado en Estados Unidos. Conocido en medios como “el gurú de Vox”, conectó a la cúpula del partido español con Bannon y la Casa Blanca de Trump, con quienes dice tener una relación fluida. Hay evidencia de que se ha reunido varias veces con personas cercanas a Bannon y Trump, y el mismo Bardají dijo que Bannon “ofreció [a VOX] su aparato tecnológico para movernos en las redes sociales con los mensajes adecuados, probar ideas y hacer una campaña electoral al estilo americano”. En 2019, Bannon confirmó en una entrevista que estaba asesorando a Vox, pero dijo que no cobró.
Otro amigo en común que tienen los aliados de Disenso y Bannon es Jason Miller, un asesor de Donald Trump conectado con la derecha latinoamericana. En su rol en Gettr, una red social que surgió en 2021 en respuesta a la expulsión de Trump de Twitter, Miller tejió relaciones con varias figuras como los Bolsonaro —a quienes ha visitado y patrocinado, como reveló Agencia Publica, medio socio de esta alianza. También es cercano de la senadora colombiana Cabal.
En enero de 2022, el asesor estuvo en el lanzamiento de la aplicación para celulares oficial de Cabal. “Jason ha reforzado nuestras convicciones en la libertad de expresión, no solamente con @GETTRofficial sino con todo lo que hace por la libertad”, tuiteó la senadora uribista.
En febrero, Miller compartió un video de Cabal en Gettr invitando a los latinoamericanos a usar la aplicación. En marzo, publicó una transmisión del cierre de campaña de Cabal en su cuenta en Gettr. Y, en junio, tuvieron una charla juntos con ocasión de las elecciones presidenciales en Colombia, también transmitida a través de Gettr.
En esa charla, Cabal insistió en la receta repetida por sus colegas aliados de Vox: “En las regiones violentas la gente obedece y vota por Petro”. Aunque hubo denuncias, venidas de fuentes militares, de que grupos armados estaban presionando a las personas a votar por Petro en algunas regiones de Colombia, las afirmaciones específicas sobre este tema que Cabal publicó en su Twitter fueron desmentidas por Colombiacheck.
Negacionismo a la medida
En otros casos, no hace falta que la estructura de la Fundación Disenso se ponga en acción para que aparezcan similitudes entre la retórica de Vox, en España, y la de sus aliados, en América Latina. Las posturas del partido ‘ultra’ español sobre la dictadura de Franco son ambiguas.
Sus dirigentes atacan siempre que pueden la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, que buscan “dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura” y apoyar a los descendientes de las víctimas de ese régimen a recuperar los restos de sus seres queridos.
Abascal, el presidente de Vox, dice que estas leyes “atentan contra la convivencia democrática, contra la concordia nacional” y que buscan “deslegitimar el abrazo fraternal de los españoles tras décadas de enfrentamiento”.
Los socios de Disenso también adelantan esta pelea por la memoria histórica a Latinoamérica, donde impulsan el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares. El uruguayo Pablo Viana es diputado por sector Avanza Uruguay del Partido Nacional, firmante de la Carta de Madrid e integrante del Foro de Montevideo, facsímil uruguayo del madrileño. Además, participó de diversos programas organizados por la Fundación Disenso.
Viana integra la Fundación Rioplatense de Estudios (Fundación FREE), cuya operación comenzó en abril de 2020, que defiende los postulados libertarios a ambos márgenes del Plata, y que cuenta además con asiento en Venezuela. FREE no solo creó el Foro de Montevideo, sino también impulsó una petición al ultraconservador presidente Luis Lacalle Pou para solicitarle la liberación de los presos de la Cárcel de Domingo Arena, en donde se encuentran recluidos los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Este grupo considera a estos militares como “presos políticos”, pues estos militares habrían sido juzgados por “convicciones personales” de jueces y fiscales y que “no hay pruebas de que los que están en Domingo Arena hayan violado ni asesinado”, de acuerdo a palabras de una de las principales referentes de la carta, la escritora Mercedes Vigil.
Además, cuestiona la búsqueda de detenidos desaparecidos en la dictadura, a la que acusan de ser negocio, y promueve información, en muchos casos errónea, sobre los familiares de las víctimas.
Desde la reapertura democrática en 1985, diversos organismos de derechos humanos reclaman que el estado uruguayo se haga cargo de la búsqueda y hallazgo de los 197 detenidos desaparecidos en la dictadura, de los cuales se sabe que, al menos, 36 desaparecieron en territorio uruguayo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos ha condenado al Estado uruguayo como responsable de torturas y desaparición forzada de ciudadanos durante ese periodo.
Recién a finales de noviembre de 2005, pocos meses después de que el presidente Tabaré Vázquez ordenara la búsqueda de restos en los batallones militares, se encontraron los restos del primer detenido-desaparecido en una dependencia del Ejército. Desde entonces, son seis los restos hallados en estas excavaciones. El último hallazgo se anunció el pasado 6 de junio.
En Colombia, la senadora Cabal ha sido crítica de las medidas tomadas luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, en 2016, especialmente de las que buscan aclarar el rol de las fuerzas militares en delitos de lesa humanidad en el conflicto. Cabal ha dicho que la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, dos instituciones derivadas de ese acuerdo, han sido demasiado laxas con la guerrilla, basándose en argumentos falsos como que la Comisión no tuvo miembros que hubieran sido víctimas de las FARC, o que “en ninguna parte del informe [final de la Comisión de la Verdad] dice que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra”.
Cabal también ha dicho varias veces, en contra de los hallazgos de años de investigación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que ésta “inventó” una cifra que publicó en 2021 de 6.402 víctimas de una práctica denominada ‘falsos positivos’, en la que los miembros del Ejército asesinaban sistemáticamente a civiles para mostrarlos como guerrilleros muertos en combate y así obtener permisos y ascensos.
En su respuesta, Cabal dijo que, según datos que maneja, solo en 2.428 de esos casos hay información que “puedan permitir corroborar que este dato sea el real”.
El político Kast ha sido inconsistente en sus declaraciones sobre la dictadura chilena: por un lado, ha defendido el golpe diciendo, por ejemplo, que “el 11 de setiembre [de 1973] Chile escogió la libertad”, pero también ha reconocido las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
En el Consejo Constitucional, su partido Republicano propuso una enmienda que permitiría liberar a los violadores de derechos que tienen más de 75 años, una medida que favorecería a los militares condenados por esa razón. Su hermano, Miguel Kast, fue ministro de Pinochet en varias carteras.
Johannes Kaiser, por su parte, fue sancionado por discurso de odio por la Corte Suprema de Chile, al decir que víctimas de la dictadura habían sido “bien fusilados”.
Más allá de las posturas que tenga este sector político, hay razones pragmáticas para defender una versión particular de la historia. “Los sectores de la derecha radical y los militares, que suelen ser de derecha radical, tienen incentivos para negarlo todo, porque si admiten algo podía ser usado en su contra en un tribunal. Entonces, cómo se maneje estos temas de memoria histórica también es importante para el desenlace de estos”, dice Kahhat, el profesor peruano que ha investigado la derecha populista.
En el caso de los fraudes electorales, la mentira perdura aún en contra de la evidencia. Incluso después de que la Fiscalía peruana desmintiera el supuesto fraude, y de que hubieran pasado meses sin que apareciera evidencia de que hubo alguna irregularidad en Colombia, la declaración leída al final del encuentro del Foro Madrid de Lima se afirmaba que toda Latinoamérica estaba siendo víctima de “nuevos métodos de fraude electoral auspiciados desde el Foro de Sao Paulo, los cuales incluyen el uso de tecnología de última generación para alterar los resultados”.
Previo a las elecciones del 23 de julio de 2023, en las que Vox esperaba lograr, por primera vez, formar gobierno en España, el coro de Disenso comenzó a cantar de nuevo. Kast, el candidato presidencial chileno, dijo en un video que los españoles debían elegir entre la derecha o una izquierda que sigue “las directrices del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla”.
Cabal, la senadora colombiana, se grabó diciendo que gracias a Abascal “hoy España es más libre”; López Aliaga, el alcalde de Lima, dijo que Vox “fue un aliado fundamental” en “recuperar la democracia en Perú”; y Viana, el diputado uruguayo, hizo lo propio, deseando que España lograra “desterrar el modelo de destrucción”. Y añadió: “para nosotros, es una gran oportunidad para poder imitar y trabajar en conjunto”.
Tras lo que fue un mal resultado para Vox, el partido pidió un reconteo, y otras voces en redes sociales directamente dijeron que “se robaron las elecciones”. Los feligreses de Disenso fueron menos estridentes: no hablaron de fraude, pero siguieron mostrando su apoyo al partido fascista y deslizando trinos que relacionaban al PSOE, el partido moderado español, con las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Para ellos, en España el enemigo es el mismo, pero usa otras tácticas.
Ojo Público, Perú.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
