POR GERMÁN AYALA OSORIO /
La millonaria sanción en dólares que acaba de imponer la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos al Grupo Aval y su filial Corficolombiana del cuestionado especulador colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, constituye un hecho jurídico-político y mediático que bien puede ser calificado como la noticia del año, por encima del escándalo del primogénito del Presidente de la República, Nicolás Petro.
Los hechos delictivos que sustentan la dura sanción se dan en el marco de un proceso penal y bursátil que las autoridades americanas abrieron contra el especulador Grupo Aval, en cabeza de la familia Sarmiento Angulo. No está claro hasta el momento si con el pago realizado cesa todo proceso penal, es noticia en desarrollo.
En el resumen de la resolución emitida por la SEC se lee lo siguiente: “El presente proceso surge por la participación de Corficolombiana, a través de su expresidente como se describe a continuación, en un esquema de soborno relacionado con el proyecto de construcción de carreteras más grande en la historia de Colombia, conocido como Ruta del Sol II (“RDS 2”), y específicamente la construcción de una prolongación de la carretera a la RDS 2” (la Prolongación Ocaña Gamarra)”.
“El esquema de soborno tuvo lugar en un contexto de falta de mantenimiento de suficientes controles contables internos y libros y registros que ocultaron los sobornos como gastos comerciales legítimos. Como agente de Grupo Aval, Corficolombiana violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA») y fue causa de las violaciones de Grupo Aval de las disposiciones sobre libros y registros y controles contables internos de la FCPA” (Tomado de Cuestión Pública).
La decisión de la SEC deja muy mal parada a la Fiscalía colombiana pues ha sido incapaz de procesar a quienes desde ese impresentable conglomerado económico tuvieron responsabilidades en los actos de corrupción ocurridos con ocasión de la construcción del señalado carreteable en manos de la multinacional Odebrecht. En particular las Fiscalías de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa que poco o nada hicieron para esclarecer lo sucedido no solo en torno a los sobornos -Martínez Neira diría, “eso es una coima, marica, jijiji…-, sino a la entrada de dineros de la multinacional brasilera a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga (vinculado ya a un proceso penal con su hijo) y la de Iván Duque Márquez.
Estamos hablando de corrupción de cuello blanco, al más alto nivel político, social y económico, lo que consolida la negativa representación social que indica que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Las circunstancias que confluyen en el lamentable hecho noticioso ameritarían una reflexión en una sociedad como la colombiana que deviene confundida moralmente. Pero ello no sucederá, porque al estar todos metidos en el sistema capitalista, somos proclives a pasar estas conductas delictivas porque el régimen de poder debe perpetuarse en el tiempo, junto con todas las inmundicias que produce y reproduce.
Además, la delictiva organización financiera de Sarmiento Angulo tiene partidos políticos a su servicio que financia en cada campaña electoral.
Hay que insistir en que la sanción de las autoridades estadounidenses compromete a varias instituciones estatales y a las institucionalidades de allí derivadas. Es tan grave el asunto, que la ya manida narrativa “dejemos que las instituciones funcionen, que hagan su trabajo” se torna insulsa, esto es, un lugar común al que apelan políticos profesionales, en particular aquellos que, al pronunciarlas, saben que no va a pasar nada porque se trata de gente muy poderosa. En este caso, del inescrupuloso banquero Sarmiento Angulo. Lo mismo ocurrió con un informe de la Contraloría General de la República durante la administración de Sandra Morelli Rico, en el que se exponen casos de apropiación irregular de baldíos en la altillanura. En estos aparece el hijo de Sarmiento Angulo y otras poderosas familias.
Resulta a todas luces vergonzoso que sean las autoridades de Estados Unidos las que hagan la tarea que sus similares en Colombia jamás hicieron: investigar, procesar y sancionar al insaciable Grupo Aval y a los corruptos directivos de Corficolombiana comprometidos en los hechos sobre los que la SEC tomó la decisión de sancionar al conglomerado económico y financiero.
En cuanto al carácter mediático de la millonaria sanción, se confirma que los criterios de noticiabilidad y el tratamiento esperado de los hechos noticiables son acomodaticios, lo que de inmediato afecta la construcción de la verdad de lo acontecido.
El periódico ultraconservador El Tiempo, propiedad del indecente banquero, manipula la información y expone a sus lectores medias verdades. Miremos este titular: “Justicia de EE.UU. deja libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht”. Aquí se encubre el hecho noticioso principal: la sanción millonaria. Al obviar esta circunstancia, El Tiempo les miente a sus lectores y por esa vía, trata de cuidar la ya negativa imagen que arrastra el usurero Grupo Aval.
En ese mismo sentido se dio el titular de Caracol radio: “Por caso Odebrecht, Grupo Aval libre de investigaciones en Estados Unidos”.
Entre tanto, el portal Semana.com de la ultarderecha colombianatitula: “Atención: Estados Unidos cierra capítulo de Odebrecht para Grupo Aval y Corficolombiana y les impone multa por 80 millones de dólares”. El titular de Semana cumple a cabalidad con los criterios de noticiabilidad al valorar el hecho noticiable en las dos perspectivas más importantes que se derivan del mismo: el cierre del proceso- aunque hay dudas al respecto- y la millonaria multa. Llama la atención el cuidado que tuvo la directora del portal al titular de esa manera, pues es muy dada a publicar titulares amarillistas.
Es preciso destacar el titular del medio alternativo Cuestión Pública: “Grupo aval es sancionado por violar la ley de prácticas corruptas en EE.UU”. Se trata de un titular preciso que, sin ambages, recoge el carácter jurídico con el que se examina las conductas delictivas cometidas por agentes del Grupo Aval y su filial. En la bajada de su página web se lee: “El conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo llegó a un acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC), agencia que regula e investiga a las compañías que cotizan en la bolsa de valores ese país, y Corficolombiana deberá pagar 80 millones de dólares”.
El periodismo es uno solo. Lo demás son intereses de los propietarios de los medios, la obediencia de los editores y sus titulares amañados y el real compromiso con la verdad. Y la verdad, en este y otros casos, tiene precio, así no sea en la misma cuantía de la sanción de la que aquí hablamos.
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